El nuevo curso político arranca con una nueva cita judicial en la que el Gobierno, tras largos meses de desgaste por la ofensiva de la derecha, quiere poner el foco: la comparecencia este miércoles ante el Tribunal Supremo del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como testigo en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta filtración sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. La cita, a juicio del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, servirá para que Miguel Ángel Rodríguez “haga una cosa a la que no sé muy bien si está acostumbrado, que es decir la verdad”. En este caso, sobre el origen de la supuesta filtración.
Bolaños ha puesto el acento en “lo esencial” de esta causa, que en su opinión no es la presunta filtración por la que se investiga al fiscal general del Estado –y que ya provocó la renuncia al cargo del ex líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato-, sino el “delito reconocido” de fraude fiscal por parte del novio de Ayuso. Y el ministro ha cuestionado, este martes en una entrevista en TVE, “si del beneficio que obtuvo como consecuencia de desfalcar a Hacienda está viéndose beneficiada su pareja, viviendo en un ático de lujo o teniendo un tren de vida como una reina”.
El ministro ha felicitado irónicamente a Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez por llevar a cabo una estrategia ante este caso que ha permitido, a su juicio, que “la gente está mirando al dedo y no está mirando a la luna”. Es decir, que quien ahora está en el ojo del huracán es el fiscal general, eclipsando un supuesto delito contra la Hacienda Pública que Bolaños ha insistido en que reconoció el propio novio de Ayuso. El titular de Justicia ha defendido a Álvaro García Ortiz, ya que ha asegurado que entre las funciones del fiscal general del Estado están “perseguir el delito y contar la verdad”.
Bolaños, no obstante, ha denunciado los intentos de “amedrentar” al fiscal general. “En este caso, la clave es que hay una persona, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que reconoce que cometió dos delitos fiscales, y que ha desfalcado a la Hacienda Pública 350.000 euros”. Y el ministro ha insistido en que “la pregunta es si con ese dinero desfalcado a la Hacienda Pública hay gente que se está dando la vida padre”, ha señalado, en referencia a Ayuso. “Lo demás me parece secundario”, ha zanjado.
El titular de Justicia también se ha referido a la polémica de fin de año en la que se ha visto inmersa la cómica Lalachús, por mostrar durante las campanadas en TVE una estampita de una vaquilla del programa Gran Prix que simulaba una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, lo que ha sido denunciado por organizaciones cristianas y ultras. Bolaños ha resaltado, en este sentido, su determinación para acometer durante este año 2025 una reforma legislativa del delito de ofensas a los sentimientos religiosos, ya incluida en el plan de acción por la democracia que el Gobierno anunció el pasado mes de septiembre. La polémica que ha afectado ahora a Lalachús, ha asegurado el ministro, evidencia “la necesidad” de abordar esta reforma. “Tenemos que garantizar la libertad de expresión, la libertad de creación, no puede ser que hacer humor sea delito”, ha defendido. Y ha criticado que organizaciones de ultraderecha traten ahora de “amedrentar” a la cómica, o a quien no piense como ellos. “Les acosan, les intimidan, intentan que se autocensuren cuando hagan humor o cuando expresen sus opiniones libremente. Y esa no es la democracia que queremos”, ha asegurado.
“Queremos una democracia donde, por supuesto, con respeto profundo a la libertad religiosa y a las creencias de cada cual, no pueda haber delito en hacer humor”, ha defendido Bolaños. Y ha alertado de que “detrás de esta campaña de odio y de mentiras, hay unos intereses ultras muy potentes para socavar la democracia”.
