El PP de Alberto Núñez Feijóo exhibe una gran fortaleza territorial, por cuanto, después del último ciclo electoral, gobierna en doce comunidades –en Canarias, en alianza con Coalición Canaria– y las dos ciudades autónomas –Ceuta y Melilla–. Pero no en todas ellas ha podido aprobar los presupuestos, por lo que al jefe de la oposición se le desbarata una de las principales bazas contra Pedro Sánchez, al que reclama la disolución de las Cortes y que llame a las urnas al tener las cuentas prorrogadas desde la legislatura anterior, sin visos de poder presentar otras.
Hay seis autonomías –más de la mitad de las que preside el PP– que dependen de Vox para tener presupuestos, y la convocatoria del congreso popular a principios de julio, con todo paralizado hasta ver cómo se concreta la nueva ponencia política del partido, que ha de actualizar un ideario que no se renueva desde el 2017, cuando la presencia de la ultraderecha en las instituciones era marginal, puede dificultar aún más las negociaciones presupuestarias.
Pese a no poder disponer de nuevas cuentas, ningún presidente se plantea un adelanto electoral
Aunque en Génova aseguran que todas ellas –Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura, Aragón y Región de Murcia– tienen libertad para llegar a acuerdos, lo cierto es que no hay avances y que en algunas comunidades ya han tirado la toalla al ver que la formación de Santiago Abascal no está por la labor y, tras romper los gobiernos con el pretexto de una “invasión de la inmigración ilegal” a la que el PP no se opone con la contundencia que exige la ultraderecha, endurece la lista de condiciones y requisitos.
Cuando parecía que el sometimiento del valenciano Carlos Mazón, en horas muy bajas por su negligente gestión de las riadas de octubre, a las tesis de Vox en inmigración y agenda verde –verbalizado punto por punto en una comparecencia pública– le reportaba un balón de oxígeno en forma de acuerdo presupuestario, la realidad es que la firma se ha ido demorando sine die, él sigue en estado de asfixia política y el Consell que preside no dispone de unas cuentas enfocadas a la reconstrucción.
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Algo parecido sucede en Aragón, donde el mismo consejero de Hacienda reconoció el viernes en las Cortes que “parece que no va a haber cuentas este año”. Y aunque desde el Gobierno de Jorge Azcón se aferran a que ese parece no descarta del todo un pacto, asumen que la cosa “pinta muy mal”. La intención era aprobarlos, reconocen fuentes del PP aragonés, “pero desgraciadamente se acaban los plazos razonables”.
También con los presupuestos prorrogados está Castilla y León en la recta final de una legislatura que Alfonso Fernández Mañueco empezó como el primer presidente autonómico del PP en pactar un gobierno de coalición con Vox y acaba sin que los representantes de la ultraderecha, ya sin Juan García-Gallardo, el fugaz vicepresidente de la Junta, que ha dejado la política tras su enfrentamiento con Abascal, se quieran sentar a negociar unas nuevas cuentas.
Las circunstancias son distintas en cada comunidad, pero en ninguna se plantea por ahora un adelanto electoral
Aunque lo intentó y presentó una ley presupuestaria que logró superar dos enmiendas a la totalidad, tampoco la extremeña María Guardiola ha alcanzado el objetivo de actualizar las cuentas al ver agotarse los plazos sin llegar a un acuerdo con Vox. Pero, argumentan desde la Junta, haciendo de la necesidad virtud, Extremadura dispone de los presupuestos más altos de su historia y el PP los gestiona “atendiendo en tiempo y forma todas sus obligaciones y prestando todos los servicios”.
El que no lo da todo por perdido es Fernando López Miras, el más optimista de todos en lo que a cuentas públicas se refiere. “La voluntad del Gobierno de la Región es que haya presupuestos y creemos que aún estamos a tiempo”, apuntan fuentes de la presidencia de Murcia, que lamentan que Vox mantenga el “bloqueo” pese a los “gestos” que, como en la Comunidad Valenciana, se han hecho: “Se ha asumido el marco político respecto al rechazo del pacto verde y la política de inmigración de Sánchez”, reconocen. Pero ni por esas.
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En Baleares, Marga Prohens, la única que no formalizó una coalición de gobierno con Vox pero de cuyo apoyo parlamentario depende, tiene motivos para la esperanza: la negociación sigue abierta y, en paralelo, ve prosperar otras iniciativas. “Parece que hay predisposición por las dos partes, pero toca ser prudentes”, dicen en el Govern, que aguarda un acuerdo previo para llevar el proyecto de presupuestos al Parlament balear.
Las circunstancias, como se ha visto, son distintas en cada una de estas comunidades, pero en ninguna de ellas se plantea, al menos por el momento, un adelanto electoral ante la falta de presupuestos. Con ese escenario descartado, a menos que Sánchez decida disolver las Cortes, y para no llamar a los ciudadanos dos veces seguidas a las urnas, el primero en ir a la reválida será el castellano-leonés Mañueco, que tiene previsto hacerlo en marzo del 2026.
