La jueza que ha procesado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado al empresario su intento de “dilatar” la instrucción con la práctica de nuevas diligencias “innecesarias” para que así no pudiera dar por concluida la investigación.
Justo antes de dictar el auto de transformación en procedimiento abreviado, lo que significa la conclusión de la fase de instrucción como paso previo al juicio, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid rechazado citar a declarar a unos testigos para intentar desmontar unas facturas falsas de su presunto negocio en Costa de Marfil, y que la Agencia Tributaria ya dijo que era un fraude.
“Se consideran innecesarias dado que se han practicado diligencias suficientes para dictar auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado”, apunta la magistrada.
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Las pruebas que solicitaba iban encaminadas a desvirtuar la factura por importe de 922.585 euros emitida el 16 de junio de 2021 por la sociedad de Costa de Marfil Gayani Ltd, por la intermediación en la venta de vacunas Covid-19 a las autoridades sanitarias de este país que ni se llevó a término ni se pagó.
Según recoge la jueza, lo único que se pagó fueron 27.000 euros pagados en la cuenta titularidad de uno de los socios de Gayani, Maximiliano E. Niederer González -investigado como presunto testaferro de González Amador-, no a cuentas de la propia empresa, aduciendo que se trató del pago por los gastos asumidos por Niederer de viaje y estancia para las gestiones realizadas.
Según las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria la contabilización del gasto se produjo el 1 de octubre de 2021 cuando la empresa de González Amador, Maxwell Cremona, ya era conocedora de que la operación de venta no se iba a producir dado que se había publicitado quienes eran los adjudicatarios del contrato con las autoridades sanitarias del país.
En el informe se indica que durante la inspección al novio de Dñiaz Ayuso, se reclamó explicaciones al respecto. Por un lado, se alega que Maxwell contrata a Gayani para que intermedie en la venta de 2 millones de dosis de vacunas ante el Gobierno de Costa de Marfil. Por otro lado, Maxwell Cremona dice que contrata con DBT la intermediación en la obtención de las vacunas en cuestión. Sin embargo, quien acude a la licitación del concurso para el suministro de las vacunas en Costa de Marfil es la sociedad Tec Pharma que nada tiene acordado con DBT.
“En resumen, concluye la inspectora que después de mucha palabrería sin aportar datos relevantes y pruebas contundentes se reconoce que se abonan tan sólo 27.000 euros supuestamente por los servicios de apertura del mercado de Costa de Marfil. Importe que no consta abonado en ninguna cuenta bancaria de la empresa Gayani LD sino que, como reconoce el contribuyente y verifica la inspección, se abonan en unas cuenta bancaria abierta en España a nombre de uno de los 'socios de Gayani LTD', en concreto, de Niederer”, recoge la resolución.
“Por lo expuesto la práctica de dichas diligencias supondría una evidente dilación en el procedimiento, iniciado el 20 de marzo de 2024. Desde la personación del investigado en este procedimiento hace más de un año ha tenido acceso al informe de la Agencia Tributaria y ha transcurrido más de dos meses desde que las peritos ratificaron sus informes en este Juzgado”, apunta.
