Aragón ha sufrido su primer revés judicial en su pugna en los tribunales contra el Ejecutivo central por la gestión de la crisis migratoria. Este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno del popular Jorge Azcón para no comunicar los datos sobre menores migrantes que tiene bajo su tutela y el número de plazas disponible en la comunidad, datos que le ha ordenado que remita a la mayor brevedad.
La reacción del Ejecutivo aragonés no se ha hecho esperar. Desde el departamento de Bienestar Social y Familia aragonés han asegurado que responderán al requerimiento de información estatal “en las próximas horas”.
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De esta forma, el Gobierno central logra salvar uno de los escollos a los que se enfrentaba para ejecutar el reparto extraordinario de 4.400 menores migrantes que saturan los centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla.
El Gobierno de Aragón ha sido uno de los más belicosos a la hora de batallar contra el sistema de reparto fijado por el Ministerio de Juventud e Infancia, que establece que cada comunidad autónoma debería acoger a 32 menores migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes. Este criterio obligaría a Aragón a duplicar sus servicios de atención, que según los últimos datos rondaban las 200 plazas.
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Los criterios de reparto fijados por el Ministerio obligarían a Aragón a duplicar sus alrededor de 200 plazas disponibles
El pasado mes de marzo, Aragón interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el requerimiento de información del Ministerio bajo el argumento de que el decreto que fijaba el reparto, pactado entre el Gobierno central y Junts, era “desigual” y “xenófobo”. El TSJM ha confirmado hoy la admisión a trámite de este recurso, pero ha rechazado las medidas cautelares solicitadas, por lo que el Gobierno autonómico debe facilitar los datos.
Tras conocerse la resolución el PSOE aragonés ha instado a Azcón a acabar con esta “situación lamentable” y “coopere con las instituciones” “Le pedimos que deje de ser un antisistema y un insumiso, y que cumpla con la ley”, ha indicado la portavoz adjunta socialista en las Cortes, Leticia Soria.
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Aún así, el frente judicial está lejos de cerrarse. La pasada semana, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso que presentó el Gobierno de Aragón contra el reparto de menores propuesto por Moncloa. En la misma línea se presentaron otros dos recursos de inconstitucionalidad, por las comunidades de Cantabria y Extremadura, que también han sido atendidos por el TC.
Por su parte, el Gobierno de España contraatacó con la amenaza de llevar a Aragón ante el Tribunal Constitucional por negativa a proporcionar datos sobre el número de menores que acoge en estos momentos la Comunidad.
