Gracias a los votos de su propia formación y los del Partido Socialista de Navarra (PSN), la parlamentaria de EH Bildu, Irati Jiménez, presidirá la comisión de investigación del Parlamento navarro que revisará las adjudicaciones de obras públicas llevadas a cabo por el Gobierno foral durante las últimas cuatro legislaturas.
En particular, se pondrá el foco en aquellas vinculadas a Acciona y Servinabar, empresas implicadas en la supuesta trama corrupta liderada por el exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, que ha puesto en jaque al Gobierno central.
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La comisión, integrada por 11 parlamentarios de las diferentes fuerzas parlamentarias, examinará durante los próximos cinco meses los contratos adjudicados desde el año 2012, un periodo en el que ha habido gobiernos liderados por tres partidos diferentes: UPN (con Yolanda Barcina, 2011-2015), Geroa Bai (con Uxue Barcos, 2015-2019) y PNS (con María Chivite, 2019-actualidad).
Además, esta comisión se suma a la triple auditoría anunciada por la presidenta Chivite nada más estallar el escándalo a lo siete contratos que se adjudicaron mediante concurso a la UTE (unión temporal de empresas) formada por Acciona y Servinabar. Esta empresa fue fundada por el empresario guipuzcoano Antxón Alonso, pero un documento hallado durante un registro por la Guardia Civil establece que Cerdán adquirió un 45% de sus participaciones en 2016.
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Esta comisión se suma a la triple auditoría anunciada por la presidenta Chivite
En total, estas concesiones suman unos 86 millones de euros (más IVA), incluida la polémica adjudicación del desdoblamiento de los túneles de Belate. La oposición critica que la concesión de esta obra pública, la más cara de los últimos años en la comunidad, está plagada de irregularidades y es objeto de sospecha. Sin embargo, Chivite defendió el pasado lunes que su adjudicación ha sido la “más trasparente” de su Gobierno y que, “en ningún caso”, la Administración podía conocer el “supuesto acuerdo privado” por el que Servinabar pertenecía en parte a Cerdán.
En la constitución de la comisión, UPN presentó como candidato a su parlamentario Pedro González, que recabó los apoyos de su formación, del PP y del Grupo Mixto (Vox), respaldo con el que alcanzó la vicepresidencia. Por su parte, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) presentó a Blanca Regúlez, que obtuvo el apoyo de su partido y el de Contigo-Zurekin (IU, Podemos y otros), por lo que asume la secretaría de la mesa.
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Las sesiones ordinarias de la comisión se celebrarán durante los meses de julio y agosto –con la excepción de las fiestas de San Fermín, que empiezan este domingo- tras la habilitación acordada por la Mesa del Parlamento, y recoge un mandato inicial de cinco meses que podría prorrogarse. Durante ese tiempo, la comisión podrá requerir la comparecencia de cualquier persona, ya sea experta o implicada, y solicitar cuanta información o documentación considere necesaria.
Por su parte, Chivite ha declarado este jueves desde Bruselas que recibió con “sorpresa máxima” la noticia sobre la entrada en prisión de Cerdán, y mostró “respeto” a las decisiones judiciales. “Desde luego, la sorpresa mía fue máxima y yo así lo he trasladado también al presidente del Gobierno (Pedro Sánchez)”, dijo en declaraciones a Efe.
