España se rompe tantas veces a la semana que el estado de excepción político es crónico. El discurso recurrente del PP desde que Pedro Sánchez es presidente ha tenido los pactos del PSOE con el independentismo como diana, pero las descalificaciones, la deslegitimación y los insultos no esconden la incapacidad de las instituciones –partidos incluidos– para dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos ni su responsabilidad en la quiebra de la confianza en el sistema.
España se rompe esta semana por el primer intento formal de actualizar un modelo de financiación que lleva doce años caducado. España se rompe por la supuesta invasión de inmigrantes ilegales que, según Vox, desnaturaliza la esencia patria. Y España se rompe por el cúmulo de casos de corrupción. La escapatoria del y tú más no es la solución a un problema que se revela como endémico, sino un fácil mal de muchos, consuelo de tontos.
Isabel Díaz Ayuso
La imputación del exministro Cristóbal Montoro y la cúpula de Hacienda durante sus mandatos en el Gobierno desmonta la línea de ataque del PP a Sánchez. “Se tiene que marchar”, exigió Alberto Núñez Feijóo al presidente tras conocerse el encarcelamiento de Santos Cerdán, y hoy el milagro económico del PP resultó ser un fraude. La investigación de un juez de Tarragona –¿sería posible en la olla de Madrid?– actúa a modo de respiración asistida a los socialistas y el Gobierno la aprovecha: “Había una policía patriótica y ahora descubrimos una hacienda patriótica”.
Hacienda éramos todos pero unos se beneficiaban y otros no. Los agravios económicos son la base de muchas desafecciones populistas que prenden las calles. También lo fue para el auge del independentismo en Catalunya que hizo del “España nos roba” una bandera más eficaz que la estelada. “Esto se arregla con dinero”, se oía en los pasillos del poder en Madrid en el albur del procés mientras Montoro descartaba abrir el melón de la financiación. El ministro de los recortes alegaba que no tenía sentido enredarse cuando no había dinero para repartir.
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Afrontar la reforma de la financiación es hoy una obligación ética pero las circunstancias políticas lo convierten en una quimera. El acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat se rechaza sin atisbo de propuesta alternativa por parte del PP y con discursos ofensivos. Isabel Díaz Ayuso sostiene que se negocia “la impunidad para delinquir, y la opresión de la mayoría por una minoría”; y se critica una bilateralidad que no se emplea porque no se quiere. La comisión Bilateral Estado-Generalitat se ha reunido 12 veces desde su creación, la de Andalucía, 6 y la de Madrid… ninguna. Las normas de funcionamiento las firmaron hace veinticinco años Jesús Posada como ministro y Alberto Ruiz Gallardón como presidente autonómico. Tampoco se ha reunido nunca la bilateral gallega. Feijóo presidió la Xunta 13 años.
Hay unanimidad en que el actual sistema es opaco, injusto e insuficiente y la lista de agravios es más singular que la aspiración de Catalunya. Cada reunión técnica para fijar una base compartida sobre la base del modelo de financiación pone en evidencia la inexistencia de una posición común de las once comunidades gobernadas por el PP, pero los malabares de la vicepresidenta María Jesús Montero como candidata en Andalucía actúan de pegamento.
Cada concesión a Catalunya aleja un pacto multilateral en financiación
Cada concesión bilateral de Sánchez a Catalunya pervierte la aspiración de un acuerdo multilateral, aunque lo que se firme sea la versión descafeinada del pacto con ERC que permitió la investidura de Salvador Illa. El Gobierno ni siquiera asume como propio un principio de ordinalidad que el PSOE reconoció en la declaración de Granada del 2013, que incluyó en su propuesta de reforma de la Constitución y que hasta el Tribunal Constitucional aceptó en la sentencia del Estatut en 2010, no como obligación del Estado, sino como deber con condiciones.
Ayuso grita que España se rompe y señala a Catalunya como insolidaria. El president Illa replica que lo que rompe la cohesión es bajar impuestos beneficiándote del efecto capitalidad, y, mientras tanto, el acuerdo necesario se convierte en inviable. Y España se rompe igual, por el racismo de la ultraderecha, la corrupción…
