Un “caso político”, denunciaron. Pedro Sánchez y todo su núcleo duro en el Gobierno y el PSOE cerraron muy prietas las filas para defender al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuando el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado le imputó, en octubre del 2024, por un presunto delito de revelación de secretos. “No hay caso”, insistieron. Y cuestionaron en público al juez Hurtado por decisiones “difíciles de entender”, aunque en privado le acusaron de “prevaricación”.
La Moncloa enmarcó la causa no solo en la estrategia que atribuye a la “derecha política, judicial y mediática” para tratar de tumbar al jefe del Ejecutivo a cualquier precio –“el que pueda hacer, que haga”, reclamó José María Aznar–, sino en un escenario aún peor: en la batalla aún más encarnizada contra Sánchez que achacan a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, junto a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. No en vano, la acusación contra el fiscal general es la supuesta filtración de datos privados del empresario Alberto González Amador –novio de Ayuso–, que a su vez está siendo investigado por un presunto fraude fiscal.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se manifestó ayer sobre el procesamiento del fiscal general
El Gobierno reitera su respaldo a “quien persigue el delito” frente a “un presunto defraudador fiscal”
El Gobierno reafirmó su “absoluto respaldo” a García Ortiz el martes, cuando la sala de apelaciones del Supremo confirmó su procesamiento, lo que le aboca a sentarse en el banquillo de los acusados. “Siempre hemos confiado en su inocencia”, recalcaron. Y el propio Sánchez –tras su audiencia con el Rey en Palma– lo certificó: “Respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno”.
Al igual que en ocasiones previas hicieron también María Jesús Montero, Félix Bolaños o Pilar Alegría, ayer la ministra de Inclusión, Elma Saiz, arropó a García Ortiz: “No podemos poner al mismo nivel a quien persigue el delito que a un presunto defraudador fiscal”, alegó.
Sánchez cree en la inocencia del fiscal general del Estado
Una acusación sin pruebas
Pero otra ministra que no siempre coincide con el guion oficial del Gobierno y del PSOE –la independiente Margarita Robles, titular de Defensa– matizó este apoyo a la continuidad de García Ortiz. Y advirtió que aunque no está obligado por ley a renunciar al cargo ante su procesamiento, su dimisión “es una decisión personal que tiene que tomar el fiscal general”.
“Las dimisiones son siempre una cuestión personal, cada uno tiene que saber en función de su responsabilidad lo que tiene que hacer en cada momento”, señaló Robles, quien precisamente fue magistrada del Tribunal Supremo.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
La ministra defendió, como jurista, la “presunción de inocencia” de García Ortiz. “Todos somos inocentes, incluido el fiscal general del Estado, hasta que no haya una sentencia condenatoria que sea firme”, advirtió. “La ley no prevé expresamente un supuesto de dimisión en este caso concreto”, señaló Robles. Y ni siquiera el juez dictó aún el auto de apertura de juicio oral, apuntó. Pero insistió en que debe ser el fiscal general “el que tome la decisión que él considere que es más oportuna de cara a velar por la institución”.
Y este es justo el debate abierto en algunos sectores socialistas: aunque nadie ponga en cuestión la actuación de García Ortiz, hay quien defiende su dimisión para preservar la institución que dirige. Tampoco el exministro Josep Borrell puso en duda su inocencia. Pero admitió: “Estéticamente, como algún comentarista ha dicho, un fiscal general imputado no es la mejor de las cosas”.
Page se posiciona contra la continuidad del fiscal general: “Por su propio bien, se podría defender mejor”
El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, abundó en este argumento. García Ortiz tiene, a su juicio, “argumentos para defenderse”. Pero advirtió que “se podría defender bastante mejor sin la responsabilidad, al mismo tiempo, de tener que tener apariencia de equidad en el resto de los casos”. “Por su propio bien, se podría defender mejor”, señaló Page.
Y recalcó que si un subordinado de García Ortiz se viera en su situación, “automáticamente el fiscal general está obligado a cesarlo para sobreguardar la institución”. Así que concluyó que el fiscal general se debería “aplicar la misma doctrina”, por “puro sentido común”.
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Más expeditivo se manifestó otro crítico del PSOE, el expresidente aragonés Javier Lambán: “Por el bien de la justicia, del Estado de derecho y su propia dignidad, debe dimitir ya”.
