La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha condenado la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Jumilla para prohibir los actos religiosos en instalaciones deportivas municipales y ha considerado “incomprensible” que el PP no dé “un paso atrás”.
En declaraciones a los periodistas en Pamplona, Saiz ha enviado “un mensaje de solidaridad” a la población de Jumilla, a quienes también ha pedido “tranquilidad” porque su Gobierno “va a estar muy vigilante” y “monitorizar” los discursos, de posible tendencia xenófoba y racista, que se produzcan alrededor de estos hechos, para que “se cumpla la Constitución española”.
La carta Magna, ha advertido, garantiza la libertad de culto y “prohíbe cualquier tipo de discriminación por cualquier origen o causa”, y por ello ha considerado que “la respuesta de los portavoces del Partido Popular es incomprensible ante este bochorno internacional”.
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Ha considerado “incomprensible” que en el PP, cuyos concejales aprobaron la moción, “no hagan algo tan sencillo como dar un paso atrás, pedir perdón a los vecinos y vecinas de esta localidad”.
La ministra ha afeado además la “ignorancia supina” que supone “intentar obviar la influencia musulmana en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestros elementos de patrimonio histórico, en nuestras obras de arte, en nuestra lengua, en cualquier avance en materia de ingeniería civil o en materia arquitectónica”.
No obstante, ha incidido en las redes sociales como foro de “ese odio que algunos intentan propagar y que luego puede trasladarse a nuestras calles”, una tendencia que ha abogado por evitar para que no ocurra la reciente violencia que hubo en fechas recientes en la localidad de Torre Pacheco, “donde a través de actos que puedan parecer inofensivos y sibilinos” se “inocula miedo” a la ciudadanía.
Y esto “produce intentar destierros, que estas personas tengan miedo y que quieran marcharse de un país en el que llevan viviendo sus hijos, sus nietos, y aportando” a España.
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Saiz ha añadido que defender en estas localidades la presencia de personas de otras procedencias y religiones, se trata ya no solo de “una cuestión de respeto a los derechos humanos”, sino que sin ellas “estas localidades colapsarían”.
Así, ha asegurado que el 20 % de los afiliados a la Seguridad Social en Jumilla “son trabajadores y trabajadoras extranjeras que llevan aportando, viviendo, integrados en nuestra sociedad”.
Por todo ello, se ha preguntado: ”¿Dónde está el señor Feijóo? Su silencio es atronador en esto que está ocurriendo”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo ha abierto una actuación de oficio para solicitar a la alcaldesa de Jumilla (Murcia), Seve González, información sobre la decisión de vetar celebraciones religiosas en las instalaciones públicas del municipio.
Se trata de una actuación de oficio para conocer el contenido del acuerdo adoptado por el pleno municipal “con la indicación de las medidas previstas a fin de facilitar el ejercicio de los actos de culto a las confesiones religiosas que, por sus singulares características, hayan de ser celebrados en lugares públicos tales como pabellones o polideportivos”, explica el defensor en un comunicado.