Mañueco defiende su gestión ante el fuego mientras crecen las críticas
España en llamas
El presidente de la Junta trata de atajar los reproches con ayudas directas a los desalojados, 500 euros por familia
La bronca política en Castilla y León no deja de crecer. Y mientras una decena de incendios aún amenazaban ayer varios enclaves de la región, Alfonso Fernández Mañueco tuvo que salir al paso de las críticas a la gestión del operativo de la Junta por no haber utilizado algunos de los recursos facilitados por el Gobierno central al mismo tiempo que exigía más medios al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El foco de la polémica se sitúa en la localidad leonesa de Cistierna, cuyo alcalde, Luis Mariano Santos, ha denunciado —en un testimonio corroborado por efectivos de la UME desplegados en la zona— que la Junta había dejado sin utilizar una base logística con capacidad para 180 personas equipada con camas, mesas y raciones para los equipos de extinción. Un recurso solicitado a Madrid por la Administración castellana, pero que permaneció inutilizada.
Preguntado por la cuestión, Mañueco evitó confirmar de manera explícita la infrautilización y, sin rechazar las acusaciones, se limitó a defender “sin reservas” a sus técnicos. “Un recurso o un alojamiento logístico se usa cuando lo decide el director del operativo, pero todos los medios disponibles se aprovechan al máximo cuando lo aconsejan las circunstancias”, argumentó, insistiendo en que cada movimiento respondió a las “condiciones cambiantes” de los incendios, tratando así de despejar las dudas sobre la coordinación del dispositivo.
Pero la de Cistierna no es la única polémica que rodea al Ejecutivo autonómico. En plena emergencia, la Junta no activó la vuelta “urgente” del personal técnico y medioambiental que se encontraba de vacaciones hasta ocho días después de empezar los incendios. Y, en paralelo, las ofertas de empleo publicadas por empresas adjudicatarias como Orthem y Hozono Global para contratar peones forestales no exigían a los candidatos ni experiencia ni formación previa. Dos condicionantes que han engordado las críticas por la precariedad del operativo regional contra unos incendios que, precisamente, ya se habían cobrado tres vidas en la región —un bombero y dos voluntarios— cuando salieron a la luz esos anuncios.
Empresas que gestionan los servicios de extinción para la Junta urgen ocupar plazas sin formación
Ante la presión, Mañueco aseguró que su equipo “analizará la situación” y defendió que la Junta “exige formación” para todos los integrantes del dispositivo. “Si no la hay, exigimos que exista, y, en otros casos, la impartimos nosotros”, recalcó, obviando que las plazas a cubrir requerían una incorporación inmediata para actuar en los incendios todavía activos.
A las dudas sobre la gestión se suma una presión política cada vez más intensa, con todos los grupos de la oposición en las Cortes reclamando la comparecencia extraordinaria del presidente Mañueco, algo que el PP está intentando demorar.
“El presidente debe dar explicaciones de todo lo que está pasando porque él y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, son los únicos responsables de lo ocurrido. Su responsabilidad y su soberbia son las que nos han traído aquí”, denunció la portavoz del grupo socialista, Patricia Gómez, recordando que el PP votó en contra de su proposición de ley para crear un operativo de incendios “público, permanente y garantizado”, mientras el Ejecutivo regional defiende haber triplicado la inversión en materia de prevención.
En pleno intercambio de reproches entre todas las partes, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, advirtió ayer que no permitirá que nadie reescriba la historia. “La gestión está clara y los datos desmontan ciertos relatos. Los tengo aquí sobre la mesa, disponibles para demostrar que se sustentan en informes y comunicaciones al Centro Nacional de Alertas y Emergencias”, enfatizó al terminar la reunión del comité estatal de coordinación contra los incendios.
El jefe del Ejecutivo castellano-leonés demora la comparecencia en las Cortes que le exige la oposición
Mañueco, en paralelo, aceleró el reparto de un primer paquete dotado con 114 millones de euros para paliar los efectos de la tragedia. El plan incluye ayudas directas de 500 euros para las familias desalojadas con independencia del grado de afectación sufrido, así como indemnizaciones de hasta 185.000 euros para quienes perdieron su vivienda.
“Queremos que los afectados no estén solos en esta situación dramática y que puedan rehacer sus vidas cuanto antes”, subrayó Mañueco para driblar la polémica que está rodeando su gestión.