El presidente de la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo, Carles Vallejo, ha interpuesto este martes una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por las torturas que denuncia que sufrió por parte de la policía franquista en la comisaría de Via Laietana de Barcelona.
Según ha informado el colectivo Iridia, que representa al histórico sindicalista, esta demanda es la primera sobre las torturas del franquismo que se interpone ante el TEDH tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, una vez la justicia española ha rechazado investigar la querella de Vallejo.
En la querella rechazada por los tribunales españoles, Vallejo, un sindicalista detenido en dos ocasiones a principios de la década de los setenta que fue víctima de torturas en la Jefatura de Via Laietana por su actividad política y sindical, pedía investigar a seis agentes de la policía franquista.
La titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona rechazó investigar su querella, en contra del criterio de la Fiscalía, al concluir que los hechos estaban “prescritos y amnistiados” y no constituían un delito de lesa humanidad, en una decisión que posteriormente avaló la Audiencia de Barcelona.
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Finalmente, el Tribunal Constitucional rechazó admitir el recurso de amparo que interpuso Vallejo, lo que le abrió la puerta a llevar su caso al TEDH.
En su demanda ante el TEDH, Vallejo denuncia que la negativa de la justicia española a investigar supone un “incumplimiento flagrante” de las obligaciones internacionales del Estado y vulnera los artículos 3 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a una investigación efectiva ante denuncias de tortura.
El caso de Vallejo fue el primero en España en el que la Fiscalía apoyó investigar los crímenes del franquismo invocando la nueva Ley de Memoria Democrática.
Sin embargo, la jueza de instrucción descartó investigar las torturas denunciadas, al concluir que los “principios de legalidad penal, de irretroactividad de disposiciones desfavorables y de vigencia de la ley de amnistía son obstáculos insalvables”, a la vista de la jurisprudencia constitucional.
Según remarcó la magistrada, la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez “no deroga la ley de amnistía de 1977, ni de manera expresa ni de manera tácita”, por lo que confirmó que los hechos denunciados por Vallejo no podían ser investigados por la vía penal.