El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya ha consignado la fianza de 150.000 euros fijada por el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado de cara al juicio al que se tiene que enfrentar por un presunto delito de revelación de secretos, según fuentes jurídicas.
Fuentes fiscales explican que García ha aportado un aval para asegurar la fianza con parte de su patrimonio y ha rechazado ayuda de familiares y amigos para ayudar al ingreso de la cantidad fijada de cara a las posibles responsabilidades pecuniarias que podría tener que asumir en caso de resultar condenado.
El fiscal general está acusado de un delito de revelación de secretos por supuestamente filtrar a un periodista unos correos confidenciales sobre la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En esos correos, el abogado del empresario Alberto González Amador pedía al fiscal que le investigaba por fraude fiscal llegar a un pacto de conformidad que pasaría por reconocer los delitos fiscales por el fraude de 350.000 euros al fisco.
Tras hacerse públicos esos correos, González Amador demandó al fiscal general, a pesar de que su entorno había autorizado previamente a que se publicara uno de ellos. Ahora, pide que García Ortiz le indemnice con 300.000 euros.
De hecho, después de que el juez fijara la fianza, la defensa del empresario ha recurrido la decisión para que se la duplique. El fiscal general también puede recurrir la fianza, aunque eso no le eximía para tener que prestarla en un plazo de cinco días.
El siguiente paso es que la Sala de lo Penal conforme el tribunal que le va a enjuiciar y fije fecha para la vista. Fuentes jurídicas apuntan a que el juicio podría celebrarse este mismo otoño para fijar la sentencia antes de final de año.
Lee tambiénEl Supremo espera dictar sentencia sobre el fiscal general este año
García Ortiz está oficialmente acusado de un delito de revelación de secretos, por lo que se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel, tal y como solicita una de las acusaciones populares que actúan contra él. En este caso, la Fiscalía ya ha pedido el sobreseimiento y por tanto no actúa contra él.
En el auto de apertura de juicio oral, el instructor explica que el correo del abogado de González Amador de 2 de febrero de 2024 contenía “información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía”.
Para Hurtado, García se saltó el deber de discreción al filtrar esos correos. “No es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación”, destaca.
