“No se puede pedir la luna, el Gobierno puede hacer lo que puede hacer”, advierten en altas instancias del Ejecutivo y del PSOE. Un mensaje con el que trasladan la dificultad cada vez mayor de avanzar en las negociaciones a múltiples bandas para articular mayorías parlamentarias que desbloqueen un sinfín de iniciativas pendientes que amenazan con descarrilar, si no lo han hecho ya. “Preocupan tanto Junts como Podemos”, admiten. “Están en el no a todo”, lamentan dirigentes socialistas. Unos nubarrones muy negros asoman por el horizonte, y amenazan con fuertes tormentas.
La reunión mensual que el pasado jueves celebraron en Suiza el PSOE y Junts, con sus respectivas delegaciones encabezadas por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Carles Puigdemont, no ayudó a aclarar el negro panorama. Al contrario: la cita no logró registrar ningún avance sustancial y evidenció que el Gobierno y el PSOE se han topado con un muro de Junts que, hoy por hoy, parece infranqueable para los socialistas. “Veremos”, alegan no obstante en el Ejecutivo. “Mucha paciencia”, siguen recetando algunos dirigentes para tratar de desencallar la situación. Y se aferran a un pronóstico: “Junts no va a romper, al menos todavía”.
Dirigentes socialistas apuestan por tener paciencia con JxCat para que no rompa del todo la legislatura
Mientras hay vida hay esperanza, en todo caso, ya que mientras siga abierto el diálogo no hay ruptura: el PSOE y Junts se emplazaron a una próxima reunión en Suiza, aún sin fecha pero sin pérdida de tiempo. “En días o semanas”, precisan fuentes de la negociación. “Las negociaciones no están rotas”, corroboran los posconvergentes. Su intención no es dejar caer al Gobierno, al menos por ahora. Pero, si no cambian las cosas, le dirá a todo que no.
Las reiteradas advertencias que viene emitiendo Puigdemont en los últimos meses se transformaron, el pasado miércoles, en la pregunta que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, planteó directamente a Pedro Sánchez en la sesión de control ante los incumplimientos que le echó en cara: “¿Cree que podrá seguir gobernando?”. El jefe del Ejecutivo replicó que está haciendo lo posible por cumplir los compromisos. El problema es que muchos no están en sus manos.
Sobre la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, Sánchez confió el pasado jueves en poder lograrlo “en un futuro no muy lejano”. Pero reconoció que requiere para ello de la unanimidad de los Veintisiete. Y, a su vera, el canciller alemán, Friedrich Merz, evidenció que no está dispuesto a dar su brazo a torcer, pese a que propuso como solución imaginativa que algún día se resuelva esta demanda lingüística mediante el uso de la inteligencia artificial (IA).
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La ley de Amnistía, por su parte, sigue sin alcanzar al propio Puigdemont casi año y medio después de su aprobación en el Congreso, pese a que ya cuenta con el primer aval del Tribunal Constitucional (TC). El órgano de garantías tiene todavía pendiente resolver los recursos de amparo contra la decisión de Tribunal Supremo de no incluir la malversación como delito amnistiable. De hecho, a partir de la semana que viene el Constitucional retoma estos recursos en su pleno una vez que resuelva las recusaciones a varios magistrados planteadas por el propio Puigdemont.
Críticas a los posconvergentes por su no a la ‘ley Bolaños’ al favorecer a los jueces conservadores
Y el martes se debatirá en el Congreso la toma en consideración de la proposición de ley orgánica acordada por el PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat. Pero aquí es Podemos el que no está dispuesto a dar su brazo a torcer, y amenaza con tumbar la iniciativa.
Las promesas que se hacen en Suiza luego no se materializan en Madrid, advierten en Junts. Pero los posconvergentes también quieren incluir ahora en esta compleja ecuación negociadora a Salvador Illa. Para ello, preparan un amplio paquete de propuestas que plantearán en el próximo debate de política general en el Parlament. De los compromisos que asuma el PSC dependerá también así la estabilidad de Sánchez, y la negociación de unos próximos presupuestos generales del Estado, sobre la que Zapatero y Puigdemont aún no hablaron el pasado jueves.
El no de Junts también salpica a una de las leyes estrella del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. A pesar del choque frontal, con huelga incluida, que le ha supuesto el proyecto para reformar el acceso a la carrera judicial y fiscal, el Ejecutivo estaba dispuesto a meter el acelerador y aprobar una ley que considera necesaria para evitar lo que llaman la “casta” judicial, o en otras palabras, para “democratizar” la puerta de entrada para ser juez.
Fuentes parlamentarias aseguran que antes del parón veraniego se había alcanzado un 75% de consenso de la ley. Tras las primeras rondas de contactos había buenas sensaciones para que pudiera ser aprobada. Incluso Podemos no va a suponer un obstáculo en esta ley que fija un considerable incremento de becas para los estudiantes de la oposición.
Uno de los principales escollos es el tema de la obligatoriedad de la lengua del lugar donde se ejerce, lo que obligaría a jueces y fiscales a hablar catalán, gallego o euskera si pretenden obtener plaza en estas comunidades. A priori, el PSOE ve constitucionalmente complicado que se pueda aprobar tal exigencia.
Diversas fuentes parlamentarias critican la posición de Junts del no por el no sin atender a la ley concreta y llegan a decir que al negarse a aprobar esta reforma está paradójicamente ayudando a la parte de la judicatura más conservadora, que se niega al cambio.
Proyecto para reformar la carrera judicial y fiscal
1Una polémica ley. La llamada ley Bolaños pretende “democratizar” el acceso a la carrera judicial y fiscal.
2Tramitación. El proyecto de ley ha sido admitido a trámite en el Parlamento y está pendiente de que se convoque la ponencia.
3Quién la apoya. PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos estarían dispuestos a apoyarla si se llegan a acuerdos en varias enmiendas.
4Qué opinan los jueces y fiscales. Todas las asociaciones, excepto las de minoría progresista, convocaron una huelga en contra del proyecto por atacar la separación de poderes y su independencia.
5El punto más polémico. La ley pretende regularizar a un millar de jueces y fiscales sustitutos, licenciados en derecho que no han opositado para juez pero que cubren sus bajas.
6Reforma del modelo de oposiciones. El texto planea reducir las pruebas memorísticas e introducir un caso práctico.
7Control de los preparadores. El proyecto busca mayor transparencia en las remuneraciones a los jueces y fiscales que preparan a los opositores así como crear un centro público de preparación.
