Sumar se ha propuesto añadir una nueva capa al debate sobre la política exterior española en torno a la ofensiva en Gaza y al embargo de armas a Israel. Y ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley que pretende dar al Gobierno la facultad de inspeccionar buques con origen o destino en países bajo sospecha de genocidio o crímenes de guerra. Con esta iniciativa, el espacio confederal busca no solo reforzar el decreto aprobado por el Ejecutivo esta semana, sino también marcar perfil propio frente a las dudas que rodean la convalidación parlamentaria de ese texto.
Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha explicado que el proyecto desarrolla la parte del decreto relativa a la prohibición de tránsito en puertos. “No se trata solo de complementar lo aprobado, sino de dar desarrollo a normas ya existentes en España vinculadas al tratado sobre el comercio de armas”, en referencia a la ley que regula el comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Según ha precisado, ese texto ya contempla la posibilidad de retener cargamentos de armamento, pero carecía de un procedimiento práctico para hacerlo efectivo.
La proposición de ley obligaría, por tanto, a modificar la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante introduciendo un protocolo que faculta a los cuerpos de inspección del Ministerio de Transportes a revisar buques, retenerlos mientras dure la inspección y, en caso de hallarse material prohibido, dejarlo bajo custodia en España a disposición de las autoridades internacionales competentes. Entre los supuestos que justificarían la inspección figuran la apertura de investigaciones en la Corte Penal Internacional, diligencias en tribunales españoles o indicios de conductas contempladas en el decreto de embargo a Israel.
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Santiago ha instado a las fuerzas parlamentarias a respaldar el texto y ha advertido de que, de lo contrario, el decreto aprobado el martes por el Ejecutivo corre el riesgo de naufragar en el Congreso. Junts per Catalunya ya ha mostrado sus recelos y Podemos se mantiene en una posición de máximos, convencido de que el decreto es “una estafa propagandística” y el embargo “un engaño”.
Por todo ello, el dirigente de IU ha defendido la iniciativa como un mecanismo de alcance general, aplicable a cualquier Estado inmerso en procesos judiciales internacionales por violaciones graves de derechos humanos. No obstante, la presentación se produce en un contexto político condicionado por el conflicto en Gaza, lo que convierte la iniciativa en un gesto que trasciende lo jurídico.
La formación de Yolanda Díaz busca poner el foco en las insuficiencias del decreto gubernamental y reforzar su discurso crítico frente a las posibles excepciones introducidas por el ala socialista del Ejecutivo que Sumar acató en el Consejo de Ministros pero que pretende modificar. Concretamente la cláusula de excepción que permite sortear el embargo de armas a Israel por razones de “interés nacional”.
Según ha denunciado Santiago, si no se establecen plazos y supuestos claros, esa disposición puede convertirse en “un coladero”. “No basta con invocar de forma genérica la seguridad nacional”, ha insistido desde la sala de prensa de la Cámara Baja.
