El juez Juan Carlos Peinado no va a dar tregua a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, hasta que la siente en el banquillo de los acusados, ante un jurado popular para que sea un grupo de ciudadanos madrileños quienes decidan si es culpable o inocente de usar el cargo de su marido, Pedro Sánchez, para que la Universidad Complutense de Madrid le dejara impartir una cátedra extraordinaria, buscar patrocinadores para crear un software o para usar una asesora de Moncloa para sus negocios particulares.
Desde que a Peinado le llegó una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias en abril del 2024, este asunto ha sido prioritario en su juzgado, a la luz de la “ingente” cantidad de documentación que ha acumulado. Sin embargo, desde hace dos semanas, el instructor ha iniciado una ofensiva judicial para materializar cuanto antes su intención de que Gómez y varios de sus colaboradores acaben en el banquillo, y no uno profesional con tres magistrados que analicen los detalles de la causa, sino uno popular, en una comunidad autónoma con mayoría absoluta del PP y una presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que carga a diario contra el presidente Sánchez y toda su familia.
Peinado actúa con el conocimiento de que en un año se jubila y el CGPJ no podrá actuar contra él
Peinado actúa en su último año de profesión y precisamente por eso sabe que tiene más manga ancha. Tiene pendiente varias quejas ante el (CGPJ), una de ellas del ministro Félix Bolaños, por cómo está llevando el asunto de Gómez. Pero sabe que en el hipotético caso de que se le abriera un expediente disciplinario para cuando quiera finalizar él ya está fuera de la carrera judicial.
Esta semana la Audiencia Provincial de Madrid corrigió a Peinado aunque en ningún caso le ha enmendado el fondo de la investigación sino que le ha advertido que sus resoluciones tienen que estar más motivadas.
Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, ante la comisión de investigación sobre su cátedra en la Asamblea de Madrid
En esta carrera, Peinado en dos semanas acordó llevar a procedimiento de jurado popular una pieza separada únicamente por el delito de malversación de caudales públicos. Aquello fue una estrategia procesal para garantizarse un primer juicio por jurado. Este tipo de tribunales solo enjuician casos que impliquen a doce tipos delictivos concretos, entre ellos el de la malversación.
Peinado había abierto una pieza separada, con el propósito de poder cerrarlo y enviarlo a jurado popular por la extralimitación de las funciones de la asesora contratada para ella desde Presidencia del Gobierno. El día 24 de septiembre acordó convertir la pieza en procedimiento de jurado; dos días después cita a Begoña Gómez, junto a su asesora, Cristina Álvarez, y un tercer imputado, el actual delegado del Gobierno en Madrid y ex secretario general de Presidencia, Francisco Martín, para darse por informados. Ninguno de los tres acude ese sábado. Con la ley en la mano, no estaban obligados. Ese mismo sábado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil envía un nuevo informe al juez, que había exigido urgencia, sobre el cruce de correos electrónicos entre la asesora y la UCM. Aparecen 121 mails con gestiones. La Fiscalía pide inmediatamente el archivo de la causa, porque no considera que haya nada irregular. La clave para la Fiscalía es que Begoña Gómez no se ha enriquecido con la ayuda de la asesora de la esposa del presidente, figura que existe desde que se instauró la democracia en España. Es el mismo argumento por el que hace diez años el Supremo rechazó investigar si el entonces presidente Mariano Rajoy pagó con dinero público el cuidado de su padre enfermo.
El Supremo ya rechazó hace diez años investigar a Rajoy por pagar los cuidados de los padre
Peinado sigue. Reclama todos los mails de la cuenta oficial de Gómez y de Álvarez. Mientras tanto, pide más correos, esta vez los cruzados con el Instituto de Empresa. Éste contesta, que no existen. Y en ese ínterin, la Fiscalía Europea remite a Peinado, por orden suya, un informe elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los procesos de adjudicación de la pública Red.es a una empresa de Carlos Barrabés, relacionado con Gómez. En el informe ser recoge que pudo haber irregularidades en el sistema de valoración para la puntuación de la empresa, para el que se contaron con cartas de apoyo de empresas e instituciones. Una de éstas provenía del máster de Gómez en la Complutense. Tres días después de conocer este informe, Peinado da otra vuelta de tuerca y envía el resto de la causa al procedimiento de jurado.
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Aunque la mujer de Sánchez está imputada por cinco delitos, y no todos ellos son competencia del jurado, lo que hace el magistrado es argumentar que hay un delito principal que es el de tráfico de influencias y el resto están conectados a éste, por lo que arrastra la competencia.
La Audiencia de Madrid ha ordenado a Peinado que haga una única causa contra la mujer de Sánchez
Su tesis es que el tráfico de influencias por la figura de su marido es lo que permite cometer el resto de delitos. Vuelve a citar a Gómez, a su asesora y en este segundo caso al empresario Barrabés. Y ocurre lo mismo: no acuden. En la resolución de esta semana de la Audiencia de Madrid, de hecho explica a Peinado que la malversación está íntimamente ligada por el tráfico de influencias y, por tanto, tiene que investigarse todo junto, lo que significa que en todo caso Gómez iría a juicio por una única causa, en vez de dos.
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Las acusaciones populares., tales como Vox o Hazte Oir, han pedido multitud de diligencias, las más relevantes las citaciones de Pedro Sánchez y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. El fiscal, la Abogacía del Estado y las defensas vuelven a recurrir cada movimiento de Peinado: “Ni apropiación, ni indebida, ni ánimo de lucro alguno”, dice el fiscal, que añade que la mera relación conyugal” con el presidente del Gobierno “no puede operar como una suerte de presunción” de que pudo incurrir en tráfico de influencias.
