El Tribunal Supremo ha dado un último revés al fiscal general del Estado, Ávaro García Ortiz, antes de afrontar el juicio que arranca la semana que viene contra el máximo representante de la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos. La Sala de lo Penal acaba de confirmar la fianza impuesta por parte del instructor de 75.000 euros y que había sido recurrida por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García.
El juez Ángel Hurtado fijó esa cantidad para asegurar las eventuales responsabilidades económicas que se le puedan imponer en el juicio que se celebrará contra él a partir del próximo 3 de noviembre.
El abogado del Estado, y a cuyo recurso se adhirió la Fiscalía, sostenía entre otros motivos que el fiscal general estaría exento de la prestación de fianza de acuerdo a la Ley de Asistencia Jurídica del Estado.
Su tesis era que García está exento del pago de la fianza como ocurre de forma habitual por los juzgados de instrucción “para eximir a funcionarios —muy especialmente a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado— defendidos por la Abogacía del Estado, de la obligación de prestar fianza en procedimientos penales en los que se les atribuyen actuaciones desarrolladas en el ejercicio legítimo de sus funciones”. El argumento es que la ley fija que se debe garantizar la protección jurídica “de quienes actúan en nombre del Estado”.
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El Supremo contesta que la norma citada debe interpretarse en relación con los preceptos del Código Penal, que distingue entre la responsabilidad civil del Estado y la responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y agentes.
El auto de la Sala de Apelación destaca que el Ministerio Fiscal forma parte de los órganos del Estado, pero añade que la interpretación del artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica del Estado “no puede conducir a extender la eficacia de la exención a las autoridades o funcionarios públicos que se integran en los distintos órganos del Estado y frente a los que se siga un procedimiento penal por su actuación personal en el ejercicio de sus funciones”.
El tribunal explica que estos últimos tienen una responsabilidad civil directa y deben responder con su propio patrimonio por lo que “es de todo punto coherente que la responsabilidad que pueda declararse en la sentencia sea objeto de medidas cautelares como la prestación de fianza”.
El tribunal también rechaza que la fianza impuesta sea desproporcionada y avala que Hurtado decidiera rebajarla de 150.000 a 75.000 euros.
La lista de testigos
Hoy mismo, el tribunal ha fijado el orden de la declaración de los testigos. El fiscal, como acusado, será el último en declarar, una vez escuchadas todas las testificales y periciales. La vista arrancará con el interrogatorio del fiscal Julián Salto, quien cruzó los correos electrónicos con el abogado Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Este cruce de tres correos acabaron, donde el abogado ofrecía un acuerdo de conformidad por un fraude fiscal de su cliente, acabaron publicándose en la prensa y el instructor mantiene que hay indicios de que el autor de tal filtración fue García Ortiz. Ese mismo día declararán varios miembros de la Fiscalía.
Al día siguiente, el 4 de noviembre, acudirá Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y quien envió a un grupo de periodistas uno de los correos puestos en cuestión antes de que nadie supera nada de tales comunicaciones. En esa misma jornada acudirá Francesc Vallés, el exjefe de oficina de comunicación de Moncloa, quien también tuvo conocimiento de tales correos. Después irán el propio González Amador y el abogado autor de los correos, Carlos Neira.
El miércoles 5, el tribunal podrá escuchar los interrogatorios de Juan Lobato, ex secretario general del PSOE Madrid, y de Pilar Sánchez Acera, directora de gabinete del Secretario de Estado, director del gabinete de Presidencia de Gobierno. El primero acudió a un notario para dejar constancia que su partido le había hecho llegar los correos en cuestión para que interpelara en la Asamblea de Madrid durante la intervención de Díaz Ayuso. Tras aquel suceso, abandonó sus cargos en el partido. Ese mismo día acudieran varios periodistas que publicaron informaciones sobre tales 'mails'.
Cuando acaben los agentes llegará el turno del fiscal general del Estado, que intentará defenderse y sostener que él no filtró ningún correo a ningún periodista.
La semana siguiente continuará la vista con declaraciones de más miembros de la Fiscalía y periodistas para llegar al día 12 que serán interrogados los dos agentes de la UCO responsables de la investigación y que dirigieron, entre otras cosas, el registro en el despacho de García Ortiz, donde se le intervinieron sus ordenadores y dispositivos móviles.
