El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado hoy auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor del anterior Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, en la pieza inicial en la que se ha investigado, entre otros asuntos, los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de la covid, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En su auto, el instructor da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
El magistrado da por concluida la instrucción y considera que hay pruebas suficientes para llevar al exministro, su exasesor y al empresario a juicio por las comisiones ilegales pagadas a cambio de la concesión de contratos.
“Concierto de voluntades entre los investigados”
El juez ha establecido un relato de cómo actuó la presunta trama que arranca a principios de 2017 cuando Ábalos viajó de forma frecuente por España como coordinador de la campaña electoral del PSOE. “Así conoció en Navarra a Koldo García y siendo por aquel entones Santos Cerdán secretario de Organización del PSOE” en esta comunidad, “Koldo asumió la función de custodiar los avales obtenidos en favor del candidato”. En julio, Ábalos contrató como chófer a Koldo García por recomendación de Cerdán.
Después, el PSOE formó Gobierno y Ábalos fue nombrado ministro de Fomento. Más tarde entró en escena un nuevo personaje, Víctor de Aldama, a quien Ábalos “encomendaban al diversas gestiones de mayor o menor entidad”. “En el desarrollo de las mencionadas relaciones personales, pronto vieron los investigados -Ábalos, Aldama y García- la oportunidad de obtener un beneficio económico aprovechando el cargo de Ábalos”, según relata el juez
El magistrado plantea que el hubo un “concierto de voluntades entre los investigados”. Aldama era el conseguidor y los miembros de la traba cobraban “comisiones” aprovechando el nuevo cargo de Ábalos. Y agrega que para “garantizar el pago de esas comisiones ilícitas se concertó un contrato de arrendamiento con opción de compra de un piso propiedad de Aldama, situado en el Paseo de la Castellana 164 de Madrid, en favor de Ábalos, fijándose una renta anual de 30.000, que no llegó a abonarse”.
De 10.000 euros
Pagos mensuales
Pero el piso no fue el único pago de Aldama al resto de los miembros de la presunta trama. El juez considera probado que, a partir de octubre de 2019, Aldama empezó a abonar 10.000 euros mensuales a Koldo García, que el pago se realizaba de forma presencial y que Koldo García repartía esa cantidad con Ábalos. También sostiene que, en ocasiones, Aldama carecía de efectivo en España, por lo que los pagos se realizaban en República Dominicana donde el presunto conseguidor sí disponía de liquidez.
Alquiler del piso de Torre de Madrid
Otro de los pagos se concretó a través del alquiler de un inmueble, en este caso situado en la Plaza de España 18, edificio Torre de Madrid, que “sirvió como domicilio a Jessica Rodríguez García, -quien mantenía en ese momento una relación sentimental con Ábalos-, entre los meses de marzo de 2019 a marzo de 2022, por un importe mensual de 2.700 euros mensuales”, añade el auto.
Contratación de doña Jessica Rodríguez García
Además, el auto incide en que Jessica Rodríguez fue contratada en dos empresas públicas “sin haber de superar ninguna clase de proceso de selección relevante y sin que acudiera ni un solo día a sus respectivos centros de trabajo ni prestara tampoco en ellos actividad profesional”.
Contratación de Claudia García Montes
De parecido modo, Ábalos y Koldo “promovieron también la arbitraria contratación de Claudia Montes Martínez -en este caso por la empresa pública LOGIRAIL-, con quien mantenían alguna clase de relación personal previa, si bien la misma sí acudió regularmente a su puesto de trabajo”, añade el juez.
Gestiones para la financiación pública (rescate) de Air Europa
Además, la trama habría realizado maniobras para el llamado rescate de la compañía aérea Air Europa, ya que “Ábalos, siempre sirviéndose de su asesor García, pudo promover la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio del que era titular, emitida el día 8 de agosto de 2020, mostrándose partidario y expresando el progreso de las gestiones para que la compañía obtuviera la correspondiente financiación pública”. A cambio de esa gestión, “podría haber obtenido el entonces ministro el gratuito disfrute de un chalet vacacional en Marbella para sí mismo y para su familia durante varios días -concretamente, del día 12 al 23 de agosto de 2020- cuya renta era, para ese breve período, de 8.900 euros, arrendamiento que habría formalizado la esposa de Koldo García”.
Gestiones en favor de la empresa Villafuel y chalet de La Alcaidesa
El juez cree también que la trama “pudo haber influido también para que se concertara una entrevista entre Claudio Rivas y María del Carmen Pano Sánchez, interesados en obtener una licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel, con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe en ese momento del gabinete de la ministra de Industria, que era entonces María Reyes Maroto Illera”. De resultas de esas gestión, sus beneficiarios “habrían adquirido un inmueble que alquilaron a Ábalos con opción a compra en la costa de Cádiz llamado La Alcaidesa y ubicado en la calle Camino del Romero 6 de La Línea de la Concepción”.
Gestiones para el fraccionamiento de una deuda tributaria de una empresa de Aldama
Indica también el auto que Ábalos y García habrían intermediado para conseguir “una reunión con Carlos Moreno Medina, quien era en ese momento jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado; reunión que efectivamente se llevó a término y que, en ese caso, tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama, aplazamiento de la deuda tributaria que, en efecto, se llevó finalmente a término”.
Certificados de movilidad
La trama también habría facilitado salvoconductos falsos para que terceras personas pudieran moverse libremente durante en confinamiento por la pandemia de la covid.
Contratos de adquisición de mascarillas
Y precisamente la pandemia habría servido a la trama para articular otro negocio, el de “la adquisición de sendas partidas de mascarillas, a cambio de recibir Ábalos y Koldo García Izaguirre una indebida compensación económica procedente de Aldama, quien, a su vez, se beneficiaba también en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio”.
Tras las correspondientes investigaciones, el juez instructor considera que Ábalos, Koldo García y Aldama formaban parte de una “organización criminal en cada uno de ellos asumiría un papel diverso, desplegando Ábalos su directa influencia cuando fuere preciso. Aldama sería el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente haría partícipes a los investigados Ábalos y Koldo García Izaguirre”.
