El juez Peinado recurre a la sentencia del procés para imputar a otro alto cargo de la Moncloa
Caso Begoña Gómez
El instructor descarta cerrar la causa que mantiene abierta contra la mujer del presidente del Gobierno desde hace más de un año y medio como pedían las defensas y la Fiscalía
El juez Juan Carlos Peinado
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de año y medio Begoña Gómez, ha rechazado archivar la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El instructor, a través de un auto fechado el 4 de noviembre, no solo descarta el sobreseimiento del proceso que solicita la Fiscalía —y las defensas—, sino que suma a otra persona investigada en la causa, además de Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el empresario Juan Carlos Barrabás. Ahora, la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz, también queda imputada por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
De esta forma, el instructor acuerda convocarla para el próximo 12 de noviembre para informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan. Una comparecencia a la que deberán comparecer las acusaciones y defensas personadas con el fin de concretar la acusación respecto de la misma. También pide a Moncloa las agendas de Begoña Gómez y de Cristina Álvarez para que sean analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El titular del Juzgado 41 de Madrid, en el auto de 43 páginas al que ha tenido acceso Guyana Guardian, se apoya en la sentencia contra los líderes del procès, que dictó el Tribunal Supremo para tratar de apuntalar la investigación por el delito de malversación. Peinado abrió una pieza separada de la causa principal, avalada por la Audiencia Provincial de Madrid, para aclarar las gestiones que realizó Álvarez, a través de correos electrónicos, para el máster de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Pese a que la propia Álvarez aclaró que aquellos mails los envió como favor personal a Gómez, una amiga de hace muchos años.
“Lo que viene a enseñarnos el Tribunal Supremo, es que, la deslealtad en la administración de fondos públicos, constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos, con independencia de que, se cause detrimento o perjuicio económico definido, en destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado”, recoge en su auto Peinado.
Peinado también hacer referencia a la familia del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, para basar su decisión de arrastrar al resto de investigados el de tráfico de influencias. Para el instructor “el origen de los hechos delictivos” son acciones de Begoña Gómez derivadas “de su relación de parentesco” con el presidente del Gobierno. Considera que esta es la causa fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias y, como consecuencia, el resto de ellos. “Sin ese vínculo, con el actual presidente del Gobierno, difícilmente, podría, ella, y los otros dos investigados, poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente” como delitos, añade.
Así acuerda continuar el procedimiento del tribunal de jurado contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. Y sigue la causa contra Cristina Álvarez por los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; contra Francisco Martín por el delito de malversación de caudales públicos y contra Juan Carlos Barrabés Cónsul por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.