Un experimento demoscópico del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) evidencia que los catalanes se fían más de los mensajes de los Bomberos que del propio Gobierno de la Generalitat y que la confianza en las instituciones va por barrios. Los votantes socialistas son condescendientes con los gobiernos, el Congreso, el Parlament, y hasta con los tribunales de justicia, a pesar de los pesares de Pedro Sánchez, su mujer, su hermano, el fiscal general y el PSOE por el fuego amigo de José Luis Ábalos y Koldo García. Por el contrario, los simpatizantes de Vox son casi paranoides. No se fían de las instituciones y, ya puestos, tampoco de la Organización Mundial de la Salud o la OTAN. Y es que la mitad de votantes de la ultraderecha, ya sea Vox o Aliança Catalana, rechazan evidencias científicas o académicas, según el estudio sobre posverdad del CEO.
Si al 47% de los encuestados les cuesta distinguir entre noticias reales y falsas y la verdad ha dejado de ser irrefutable –el 63% cree que depende de tu ideología–, los hechos alternativos se convierten en material acusatorio, y rebatirlos, en motivo de posible condena. El juicio contra el fiscal general del Estado debe dirimir si Álvaro García Ortiz filtró un correo del novio de Isabel Díaz Ayuso buscando un pacto que le ahorrara un juicio por fraude fiscal. Pero la vista ha derivado en epílogo de El arte de la mentira , y Miguel Ángel Rodríguez, en su protagonista voluntario.
Miguel Ángel Rodríguez
En la sala del Tribunal Supremo no solo se juzga un delito de revelación de secretos: el magistrado presidente ha confundido a la Fiscalía con la defensa, la abogacía del Estado ha cargado contra la instrucción del Alto Tribunal, los fiscales testigos se han declarado la guerra los unos a los otros y ha reinado la soberbia de un periodista con licencia para mentir.
Rodríguez se ha arrogado la facultad de crear bulos impunemente con el único objetivo de “proteger” a su presidenta, alegando que es un “periodista” que trabaja en política, “no un notario”. No hay responsabilidad social ni preservación de la democracia que valga, solo batalla por el poder. Desde su puesto en el gabinete de Ayuso en el Gobierno de Madrid, Rodríguez asesora a la pareja de la líder del PP –“don Alberto”– para convertir un supuesto delito fiscal en un thriller de persecución política contra Ayuso.
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¿Malversación de fondos públicos? No lo cree el polémico Rodríguez si su asesoría sirve para llevarse pa’lante al fiscal general y alimentar la pugna entre Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez. Él se ocupa de “todo lo que pueda afectar a la reputación de la presidenta”. En dirección contraria se desarrolla la causa del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. Ahí sí se investiga desde hace más de año y medio la “asesoría” que recibió la esposa del presidente del Gobierno por parte de personal de la Moncloa. Una supuesta malversación que se alimenta de la interpretación creativa que hizo del delito el Supremo en la causa del procés .
Los hechos ya no son sagrados ni ante un juez, y la verdad depende de la ideología
Volvamos al juicio contra el fiscal general: los hechos ya no son sagrados ni en una instrucción judicial. La mentira vuela, mientras que la verdad se arrastra tras ella. Durante la investigación no se dio credibilidad a los periodistas-notarios, pero sí a un generador de bulos que dijo la verdad al admitir la mentira y a un ilustre novio procesado por fraude fiscal que ha descubierto que la pena del telediario existe. “O me voy de España o me suicido”, un tragicómico dilema.
Un presunto delito contra la hacienda pública, una filtración, unos tuits ocurrentes, una falsedad bien envuelta… y un fiscal general incurriendo en un fatal error: intentar rebatir un relato político en torno a un e-mail que corrió por media Fiscalía en lugar de hablar a través de sus actuaciones judiciales.
El tribunal, con su sentencia, actuará como el médico que encontró el remedio al rato de morir el paciente. Si la confianza en las instituciones es deficiente y los políticos encabezan las listas de problemas de los ciudadanos, la justicia es uno de los servicios públicos peor valorados por los españoles. El fiscal general es juzgado por una filtración antes que la pareja de Ayuso por el supuesto delito fiscal.
