La ruptura y el bloqueo legislativo anunciado por Junts y reafirmado a bombo y platillo desde el atril del Congreso esta semana, elevando el tono contra el presidente, alcanzaría a más 50 leyes del Gobierno de Pedro Sánchez o de los dos grupos que dan sustento a la coalición, PSOE y Sumar. Algunas de ellas con afectación más allá del propio texto normativo, puesto que de la aprobación de determinadas iniciativas legislativas comprometidas por el Ejecutivo central en Bruselas depende que la Comisión Europea libere fondos y recursos económicos para España.
De todos modos, transcurridas tres semanas desde el anuncio de Carles Puigdemont, la asfixia parlamentaria –“No podrá ejercer el gobierno”, dijo el expresident desde Perpiñán– no ha quedado reflejada en los paneles del hemiciclo, aunque tampoco ha habido votaciones de gran calado. De hecho, el Gobierno salvó el jueves la ley de Movilidad Sostenible tal y como se había acordado, sin incorporar las enmiendas que introdujo en el Senado el PP, relativas a la vida de las centrales nucleares o a las tasas aeroportuarias.
Lo cierto es que el grupo que comanda Miriam Nogueras mantendrá el apoyo a las cuatro leyes que tenía ya apalabradas con la Moncloa y al decreto sobre el ELA, que irá al próximo pleno.
De la aprobación de algunas iniciativas que prevé tumbar JxCat dependen fondos europeos
De esas cuatro normas, dos ya están aprobadas, la de Movilidad Sostenible y la de Atención a la Clientela –que aún tiene que pasar por la Cámara Alta–. Quedan pendientes la del Cine y la de Economía Social.
De momento, en ausencia de votaciones relevantes, JxCat escenificó la ruptura con 24 enmiendas a la totalidad a proyectos del Gobierno o de PSOE y Sumar, como el de la ley de familias, de la ley de universalidad del sistema nacional de salud, de la ley de información clasificada, de una reforma de la ley electoral, de la ley de prevención de consumo de alcohol en menores, de una ley para la defensa de los consumidores, de la de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad o el restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía, que trata de recuperar un organismo que desbarató el PP en el 2013 cuyas atribuciones heredó el la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
A ello hay que sumar la enmienda a la totalidad que prevé registrar el grupo posconvergente cuando lleguen al Congreso nueve proyectos que emanan del Consejo de Ministros, como el Estatuto del becario, y al hecho que no darán aire a las 21 leyes que están en fase de tramitación en la Cámara Baja y sobre las que no había ningún pacto. En ese apartado están, entre otras, la ley que regula los lobbies o bien la reforma judicial que impulsa el ministro Félix Bolaños, que es quizás la medida más relevante puesto que preveía, una reforma en profundidad del sistema judicial que incluye, entre otras medidas que el proceso de instrucción recaiga en la Fiscalía, que el mandato del Fiscal General del Estado sea de cinco años o bien restringir la figura de la acusación popular.
El grupo de Nogueras validó esta semana dos iniciativas y tiene acordadas otras dos y un decreto sobre ELA
A ello hay que sumar el veto a los presupuestos generales del Estado, que hoy se da por descontado. La incógnita es qué sucederá, por ejemplo, cuando se lleve al Congreso la revalorización de las pensiones en un decreto ómnibus, qué pasará con el techo de gasto y la senda de estabilidad –si se diera más margen a las comunidades y a los entes locales, tal y como pedía Junts– o con la quita de la deuda de las comunidades y la ley que prevé pactar ERC con el PSOE para que Catalunya recaude el IRPF, si bien desde JxCat ya han dado a entender que no va con ellos.
