La trama del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se habría embolsado 6.7 millones de euros al cobrar el 2% o el 2,19% de las obras que lograba adjudicar a la empresa Acciona, según se desprende del informe de la unidad central operativa de la Guardia Civil (UCO), que se hizo público ayer.
Los investigadores consideran que Cerdán, Koldo García y Antxón Alonso “integraban una supuesta organización criminal” que se habría enriquecido amañando contratos de obra pública con la complicidad del exministro de Fomento y también ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y un directivo de Acciona, Fernando Merino.
Lee tambiénCerdán utilizó la tarjeta de crédito de Servinabar hasta el día antes de la detención de Koldo García
El relato de los investigadores sitúa “el origen de las relaciones” entre la trama y Acciona en el año 2015, cuando Koldo García -después asesor del ministro Ábalos- entró en contacto con el entonces directivo de la compañía constructora en Navarra y La Rioja Fernando Merino. Ese mismo año, Alonso constituyó la compañía Servinabar, que desde sus inicios tuvo trato con Acciona con la vista puesta “en el proyecto Mina Muga”.
Cuando la UCO registró el domicilio de Alonso, encontró un contrato privado fechado el 1 de junio de 2016 por el que Cerdán adquiría el 45% de Servinabar por 6.000 euros. Se trata de un contrato de cuatro páginas, “firmado por Cerdán y Alonso como intervinientes”, que no llegó a elevarse a público.
José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García en Marruecos recogido en un informe de la UCO
Así que con Cerdán en la sombra, la compañía empezó a operar, aunque este siempre ha negado que ese contrato finalmente se hiciese público. Su argumento es que lo firmó con la intención de dejar la política pero después se arrepintió y ese contrato nunca se elevó.
La UCO relata varios encuentros entre Alonso y diversos directivos de Acciona que dieron sus frutos en mayo del 2017 “con la firma de un contrato entre Acciona y Sevinabar para asesorar en el proyecto Mina Muga con un precio estipulado de 2,8 millones de euros”.
No obstante, el asunto no acababa de arrancar porque sus impulsores no lograban la imprescindible declaración de impacto medioambiental favorable del Ministerio de Medio Ambiente para realizar la actuación en la mina. Las cosas dieron un giro favorable a la trama con la llegada de José Luis Ábalos en 2018 al Ministerio de Fomento, según el relato de los investigadores de la Guardia Civil.
Un año antes, con la llegada de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE, Santos Cerdán había ido a Madrid como secretario de coordinación territorial y se había llevado a Koldo García con él. A este le colocó como conductor del secretario de organización, que para entonces era Ábalos, quien luego se lo llevó al Ministerio. De esta manera, según se desprende de la investigación, Cerdán tenía a su hombre de confianza dentro de Fomento.
Lee tambiénEl juez del caso Koldo cita como investigados a tres exdirectivos de Acciona
Gracias a la presencia de Ábalos en el Gobierno, los miembros de la trama pudieron maniobrar para realizar nombramientos que favorecían sus intereses. “Cerdán preguntó a Koldo García si todo iba bien, ya que 'se han hecho varios nombramientos y como no podamos meter a alguno, nada será posible”, según se desprende de una conversación entre los dos investigados recogida en el informe de la UCO.
Los nombramientos se hicieron a conveniencia y las cosas empezaron a ser muy lucrativas para los integrantes de la trama, Cerdán, Alonso, García, Ábalos y Merino, que están siendo investigados por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal.
Conversaciones entre Koldo García y Santos Cerdán recogidas en el informe de la UCO
La UCO considera que Cerdán realizaba “un papel de intermediación entre Acciona y la Administración Pública” y añade que su actividad “no se habría circunscrito únicamente al nombramiento de cargos públicos, sino que también habría consistido en la canalización de fondos procedentes de la constructora a Koldo García y a Ábalos”.
Y es que el dinero empezó a fluir gracias al modus operandi ideado por la trama, que la UCO describe en su informe y que consistía en que “Acciona contrataba los servicios de Servinabar para ejecutar trabajos dentro de adjudicaciones o proyectos de interés”. “Como pago de esos servicios se estipuló que Servinabar recibiría el 2% del total del total adjudicado a la constructora”. Con la excepción de la obra de la Autovía A-68 en la que la comisión fue del 2,19%.
Lee tambiénEl juez propone juzgar a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por corrupción
La Guardia Civil ha documentado que este procedimiento se habría utilizado en un proyecto de soterramiento de la red ferroviaria en Murcia adjudicado por 158 millones y un tramo de la red de Alta Velocidad entre Murcia y Almería adjudicado por 121 millones. También se han investigado la Autovía A-68 en La Rioja (92 millones), la reconstrucción de un puente en Sevilla (71 millones, que luego se ampliaron a 84) y la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (51 millones).
Servinabar habría ingresado 10 millones de euros entre 2015 y 2025 de los que “al menos 6,7 millones estarían vinculados a Acciona, lo que supone el 75% de los ingresos totales percibidos por la sociedad” de la que Alonso era titular a la luz y Cerdán en la sombra por el acuerdo privado y nunca elevado a público firmado entre ambos.
La mujer de Santos Cerdán, a su entrada a la prisión de Soto del Real
Cerdán no cobraba dividendos, pero eso no significa que no tuviera acceso a las cuantiosas ganancias de la empresa. Los agentes de la UCO han contrastado que el ex secretario de Organización del PSOE metió en Servinabar a su hermana, Balén Cerdán; a su esposa, Francisca Muñoz, y a su cuñado, Antonio Muñoz, para que percibiesen diferentes sueldos.
Además, la compañía habría sufragado el alquiler de un piso en el centro de Madrid para los Cerdán por importe “de 62.840 euros en un periodo comprendido entre noviembre del 2017 y octubre del 2019”. El político socialista, que se encuentra en prisión provisional por esta causa, habría utilizado también junto a su esposa la tarjeta de crédito de Servinabar “con cargos totales de 33.574 euros”. Un elevado montante que disgustó a la esposa de Alonso, Karmele Atutxa, quien mostró “cierta preocupación por los gastos desmedidos en los que habría estado incurriendo la mujer de Santos (Paqui)”.
