Los principales socios parlamentarios del Gobierno han reaccionado con “perplejidad” y entre críticas por el “golpe blando” a la histórica sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados. El fallo ha impuesto una multa de 7.200 euros, la inhabilitación especial para el cargo durante dos años y el pago de las costas de la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Además, el tribunal ha fijado una indemnización de 10.000 euros por daños morales como responsabilidad civil.
Desde Sumar, fuentes del grupo liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, estiman que “la condena al Fiscal General es la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno. Esta sentencia está basada en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración, como recogen las crónicas del propio proceso, solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país”.
Para Sumar este caso tiene una gravedad institucional absoluta. “Lo que ha ocurrido es un golpe judicial en toda regla: una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas señaladas incluso en los votos particulares. No aceptaremos que el Estado de derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo. (...) Criminalizar a la Fiscalía es injusto. Criminalizar al periodismo es autoritario. Y nosotras y nosotros estaremos siempre del lado de la democracia, la verdad y las instituciones públicas”, añade el grupo plurinacional en su comunicado. Mientras que su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, ha cuestionado la condena deslizando que “busca tapar los escándalos de corrupción que apuntan a Ayuso y a su pareja”.
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Compromís, integrado en el grupo plurinacional de Sumar, ha interpretado la resolución como “una prueba de golpe blando contra el Gobierno y contra la mayoría plurinacional y progresista de nuestro país”. La formación ha calificado la jornada como “un día negro que pone en riesgo la libertad de prensa y la protección a las fuentes”, al tiempo que ha advertido de que la condena “pone en riesgo también la presunción de inocencia y que se pueda sentenciar sin pruebas al FGE”.
La coalición valenciana ha insistido en que se trata de “un claro caso de lawfare, como ya hemos sufrido en Compromís”, y ha reclamado “una respuesta contundente y unitaria desde las izquierdas”. Su portavoz, Alberto Ibáñez, ha apostillado con ironía que en este 20 de noviembre de 2025 “el franquismo vive”.
Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha anunciado que la formación vasca ha iniciado un análisis exhaustivo del fallo para emitir “un juicio sereno”. No obstante, ha reconocido que la primera impresión es de “perplejidad”. En sus redes sociales, Vaquero ha dejado una reflexión adicional: “¿Impunidad para quien reconoce haber mentido? La judicialización de la política nos perjudica a todos”.
Por parte de ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha relacionado el fallo del Supremo con las causas judiciales derivadas del procés. “Igual os pensabais que metiendo en la cárcel a nueve personas durante cuatro años por la cara se acababa el asunto. Es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos. Estaría bien tener claro”, ha escrito en sus redes.
El dirigente republicano ha enumerado dos ejemplos para ilustrar su tesis: “Hermano de Ayuso: 280.000 € en comisiones. ¿Quién pilla? Pablo Casado. Y novio de Ayuso: 350.000 € en comisiones. ¿Quién pilla? El fiscal general del Estado”. A su juicio, “el mensaje es claro: Ayuso no se toca”.
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Junts también ha reaccionado a la sentencia argumentando que “los catalanes somos los menos sorprendidos por este desenlace porque conocemos al Supremo y sabemos de quién depende la Fiscalía”.
En unas declaraciones remitidas a la prensa, su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, ha recordado PSOE y PP pactaron el CGPJ por lo que “la corrupción española está institucionalizada. Hoy Génova, mañana Ferraz. Para el PSOE la Justicia deja de ser justa cuando les afecta a ellos”.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha tildado de “puro golpismo judicial” la condena del Tribunal Supremo (TS) de dos años de inhabilitación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador. ”La derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio”, ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'X'.
Belarra ha exclamado que “basta ya” de “golpismo judicial” y ha cargado también contra el PSOE al preguntarse “qué más tiene que pasar” para que los socialistas renueven “el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional”. De esta forma, ha aludido a la reclamación que viene haciendo su formación para acometer cambios legales en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para nombrar a vocales sin tener que contar con los votos del PP.
