El juez impone medidas cautelares a dos exdirectivos de Acciona por el caso Koldo
Corrupción
El magistrado sospecha que los investigados contrataron a la empresa navarra Servinabar para pagar la influencia de Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE
Justo Vicente Pelegrini (c), exdirector de Construcción de Acciona en España, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo (TS) J.J.Guillén
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha impuesto para los dos directivos de Acciona que han declarado hoy ante él, en calidad de investigados, las medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional, con retirada de pasaporte, y la obligación de comparecencias quincenales en un juzgado. Se trata de el ex consejero delegado de Acciona Construcciones Justo Vicente Pelegrini y el director de la zona norte de la compañía Tomás Olarte.
En un auto, el juez explica que el exdirectivo Justo Vicente Pelegrini firmó en 2015 una colaboración empresarial con Servinabar, de reciente constitución “con el propósito de concretar con ella distintos procesos de colaboración con relación a las oportunidades de obtener la adjudicación de obra pública”.
Según Puente, el investigado confiaba en que dichas adjudicaciones futuras “se producirían a medio de la indebida influencia que, a tal efecto, desplegaría Santos Cerdán León -indiciariamente vinculado de manera estrecha con Servinabar- sobre otros, investigados también en esta causa, que ocupaban cargos públicos decisivos en relación con dichas contrataciones”. A cambio de ello, la empresa navarra, dirigida por Antxón Alonso, percibiría la correspondiente prestación económica.
Para ello, según Puente, tuvieron lugar varias reuniones, personales y telemáticas, entre Pelegrini, Cerdán -exsecretario de organización del PSOE- y Alonso. En dichas entrevistas y en sus respectivas comunicaciones adoptaban, todos o algunos de los en ellas intervinientes, determinadas medidas de seguridad, de tal modo que, por ejemplo, alguna de las reuniones tuvo lugar en un piso alquilado con este fin por Servinabar.
Como medidas, utilizaban la aplicación de mensajería segura Threema, apagaban sus respectivos teléfonos durante las reuniones o se mostraban en pantalla documentos sobre determinadas obras en proceso de adjudicación.
En su declaración como investigado, Pelegrini lo ha desmentido, asegurando que se trataban de reuniones para conocer la opinión de los agentes sociales, explicación que no ha resultado convincente para el juez.
De hecho, advierte que finalmente Acciona recibió varias adjudicaciones en UTE (acuerdo temporal de empresas) con Servinabar “obteniendo, en todas ellas, un beneficio calculado del 2% con respecto al importe total de la adjudicación”.