La sombra de Francisco Salazar, pese a que renunció a todos sus cargos cuando el pasado julio ElDiario.es desveló las acusaciones en su contra por presunto acoso sexual, es aún alargada en la Moncloa y en Ferraz. Y, pese a la demora de cinco meses en la tramitación interna de estas denuncias, Pedro Sánchez advirtió el pasado sábado que no hubo ninguna “connivencia” para proteger a su antiguo asesor. Sí aseguró, en cambio, que siempre actuará con la misma “contundencia”.
Por eso, su reacción fue fulminante el domingo, cuando de nuevo el citado diario desveló que las denunciantes de los supuestos comportamientos “repugnantes” de Salazar apuntaban contra su mano derecha en la Moncloa, Antonio Hernández, como encubridor de estos presuntos abusos.
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El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el cese de Hernández como director del departamento de coordinación política en la Moncloa, mientras María Jesús Montero también le relevará de su cargo en la ejecutiva del PSOE de Andalucía. Sánchez trata así de eliminar toda sombra de connivencia en el caso Salazar, que abre otro boquete en el Ejecutivo y en el partido a las puertas ya del nuevo ciclo electoral autonómico.
Y pese a que en la Moncloa y en Ferraz tratan de establecer con este cese un nuevo cortafuegos que impida la extensión del incendio, tampoco pueden estar seguros de que no acaben rodando más cabezas.
La influencia de Salazar era amplia en la Moncloa, en Ferraz y el PSOE andaluz, entre otras federaciones, pero también tenía enemigos internos, a los que ahora algunos atribuyen su caída. Tras la defenestración de Sánchez en el PSOE en el 2016, el núcleo duro inicial de dirigentes que le ayudó a resucitar lo conformaron Adriana Lastra, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Francisco Salazar.
Ábalos fue cesado, en julio del 2021, como ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, y ahora está en prisión preventiva junto a su antiguo asistente, Koldo García. Lastra dimitió en julio del 2022 como vicesecretaria general del PSOE, ante lo que después denunció como una operación de “acoso y derribo” interno, aunque ahora es la delegada del Gobierno en Asturias. Cerdán, que relevó a Ábalos como secretario de organización, cayó en junio del 2025. Y Salazar un mes después, cuando iba a ascender a adjunto de la nueva responsable de organización, Rebeca Torró.
El caso Salazar, no obstante, salpica ahora –y así lo está aprovechando ya el PP– a otros dirigentes. Y también a varios ministros que concurrirán como candidatos del PSOE a elecciones autonómicas. Por ejemplo la andaluza Montero. O la aragonesa Pilar Alegría, que ayer mismo ofreció a Jorge Azcón su apoyo para aprobar el techo de gasto y evitar que los presupuestos de Aragón queden en manos de las exigencias de Vox.
Si Azcón opta en cambio por el adelanto electoral, Alegría sería la primera ministra en tener que abandonar el Gobierno –y su portavocía– para concurrir a las urnas en este nuevo ciclo electoral autonómico.
