La Mesa del Congreso ha afrontado este miércoles uno de los trámites más delicados de la legislatura al activar el artículo 21.2 del Reglamento para suspender de sus derechos y deberes parlamentarios al exministro socialista José Luis Ábalos, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su procesamiento por delitos de organización criminal, cohecho y malversación y haya remitido a la Cámara el auto que desestima íntegramente su recurso de apelación contra la prisión preventiva.
El órgano de dirección del Congreso se ha reunido en el Salón de Ministros al término del pleno de este miércoles al ver despejado el camino puesto que hasta ahora, y sin un auto firme, la Cámara no podía actuar, como han explicado fuentes de la Presidencia de la Cámara Baja.
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El Reglamento establece que los diputados quedarán suspendidos cuando exista un procesamiento firme y el afectado se halle en prisión preventiva —como es el caso de Ábalos desde el pasado 27 de noviembre— o cuando una sentencia firme impida ejercer sus funciones. Con la confirmación judicial, la Mesa ha considerado que concurren ambas condiciones.
La suspensión de Ábalos conlleva la pérdida de sus prerrogativas y derechos funcionales y económicos como diputado electo entre los que se incluyen la cobertura de protección social con cargo al Presupuesto de la Cámara, así como la póliza de accidentes concertada por las Cortes Generales.
Pero además la suspensión tiene otra consecuencia porque debilita todavía más la mayoría del Gobierno en el Congreso. Ábalos, pese a que lleva meses apartado del grupo socialista ha votado habitualmente con su antiguo grupo parlamentario. Ahora, este voto de menos convierte a Junts en un grupo todavía más decisivo porque al Gobierno ya no le valdría una abstención del grupo que lidera Míriam Nogueras si no que tendría que notar afirmativamente. En caso contrario, la suma de votos en contra de la oposición sumaría más votos.
