La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la libertad con retirada de pasaporte y comparecencias periódicas para la exmilitante socialista Leire Díez. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña deberá ahora acordar las medidas aunque nunca podría ser prisión si no se le ha solicitado. La fiscal pide lo mismo para los otros dos investigados, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el dueño de la empresa navarra Servinabar, Antxón Alonso.
Fuentes jurídicas explican que entre los tres han estado cerca de una hora y media ante el juez. Se les investiga por los delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación por una trama vinculada a empresas públicas. De ahí que durante tres días agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya llevado a cabo registros y requerimientos en una veintena de empresas públicas -como Correos- y privadas e incluso en ministerios como los de Hacienda o Transición Ecológica.
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Los tres principales implicados
Leire Díez lleva meses en el centro del huracán después de revelarse unos audios en los que se presentaba como la “mano derecha” del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán. El juzgado de instrucción número nueve de Madrid ya la investiga por otra causa en la que le atribuyen los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La Fiscalía considera que Díez puedo incurrir en esas conductas delictivas al “presentarse a sí misma como representante cualificada del PSOE al efecto de neutralizar determinados procedimientos judiciales mediante la descalificación de los funcionarios de la Policía Judicial, concretamente a la UCO, o de la Fiscalía”.
Por su parte, Fernández estuvo solo un año dirigiendo la SEPI —después de llegar a ella de la mano de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, tras le cambio de Gobierno en el 2018— y lo abandonó tras ser imputado por la jueza de los ERE Merceces Alaya por una concesión de la mina de Aznalcóllar a Minurbis-Grupo México.
Tras su salida de la empresa estatal trabajó para Servinabar del 2021 al 2023, según fuentes de la investigación. Esta empresa navarra está en el epicentro de la investigación a Cerdán. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo tienen indicios de que esta empresa, de Antxón Alonso, era tapadera para que Cerdán cobrara comisiones ilegales.
Las investigaciones de la UCO destaparon que el ex secretario de Organización del PSOE habría firmado un contrato privado para obtener el 45% de la compañía aunque nunca llegó a elevarse a público.
