Acostumbrados a los inesperados giros de guion de Pedro Sánchez, sus socios de gobierno y los aliados parlamentarios viven con inquietud que el presidente haya recetado sosiego y pocos movimientos ante la enésima crisis de la legislatura. Todos esperaban que se sacara un conejo de la chistera e interpretan su quietud como una evidencia de que el sombrero de las ideas se ha quedado seco. Mientras, el entorno de Sánchez transmite el mensaje de que cuando llueve es mejor ponerse a buen recaudo y esperar a que escampe para acometer cambios. Pero sobre todo insisten en que nadie va a tirar la toalla.
Lejos de atemperar los ánimos, el 'keep calm' recetado desde la Moncloa ha provocado más inquietud. Quienes sostienen con mayor o menor convencimiento al Gobierno leen ese llamamiento a la tranquilidad como un síntoma de pérdida de conexión con la realidad. Algunos consideran que el presidente ha perdido la conexión con la calle y no calibra la gravedad de la situación. El PP tampoco ha tardado en verlo bajo ese prisma y ya ha empezado a trasladar el mensaje de que el presidente se ha “bunkerizado”. Los que más malestar han evidenciado de momento son los socios de Sumar.
Yolanda Díaz salió en tromba a reclamar un cambio de gobierno. Después, Antonio Maíllo, de IU, puntualizó que esa exigencia no había sido acordada por todos los integrantes del espacio político (Movimiento Sumar, IU, Comunes y Más Madrid). No hay que olvidar que Maíllo, candidato a la Junta de Andalucía, trata de proteger los equilibrios internos, lo que se traduce en evitar que Díaz caiga de nuevo en la toma de decisiones unilateral que tanto se le reprochó en el pasado. Pero más allá de esos matices, todos los miembros de Sumar comparten el malestar con Sánchez por su inacción ante las detenciones de la exmilitante socialista Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y ante los casos de presunto acoso sexual en el partido. Y así lo expresarán al PSOE en la reunión que han solicitado para los próximos días.
El cambio de gobierno fue rechazado de plano por e l presidente, que cree que eso sería tanto como atribuir a sus ministros los casos de corrupción o de acoso. Es decir, en lugar de acotar el tumor, lo único que se conseguiría es extender la impresión de crisis. Además, se reserva ese comodín por si fuera necesario más adelante. De todas formas, Sumar reclama algo incluso más difícil, como es una agenda legislativa ambiciosa, aunque luego esos objetivos queden abortados en el Congreso por falta de apoyos. Desde que Podemos se escindió y empezó a marcar distancias con el PSOE, la posición de Sumar es más delicada, en especial en momentos en los que temen verse arrastrados por una caída socialista.
Varios aliados de Sánchez están a la espera de cerrar acuerdos con el Gobierno en los próximos meses
Pero el resto de los aliados parlamentarios también vive con desazón la calma con la que Sánchez se ha tomado los últimos acontecimientos. Sin embargo, casi todos ellos esperan recibir algo del Gobierno en los próximos meses. Oriol Junqueras dio el primer paso y acordó con el presidente una reunión para hablar del “futuro de la legislatura”. La relación entre la Moncloa y ERC es intensa. Los republicanos esperan que en enero haya pasos decisivos sobre el modelo de financiación autonómica. Al menos sobre una parte, la que concierne a todas las comunidades, pero de la que quieren presentar números relevantes para Catalunya. Otra cuestión son las negociaciones sobre la delegación de la recaudación a la Generalitat, que va más lenta. Lo curioso es que la foto prevista entre Sánchez y Junqueras ahora le conviene casi más al presidente del Gobierno para transmitir la idea de que cuenta con apoyos parlamentarios.
Para el PNV también urge cerrar algunos traspasos prometidos por el PSOE. De hecho, antes de fin de año se van a ceder cinco competencias, como la gestión de las prestaciones de desempleo (30 oficinas del SEPE en las que trabajan ahora 534 personas con un presupuesto de 822 millones) o las de salvamento marítimo. Quedan pendientes otras materias, la más relevante la gestión económica de la Seguridad Social, que el Gobierno vasco reclama desde hace tiempo.
Quizá el grupo que más asuntos tiene en cartera es Junts. La intención del PSOE, tal como avanzó Sánchez en una entrevista a RAC1, es acelerar el cumplimiento de todo lo que sea factible. Esta misma semana el Gobierno ha propuesto que Catalunya y Euskadi formen parte de la Unesco y de la Organización Mundial del Turismo, a petición de Junts. Sánchez ha dado orden de sacar adelante todo lo que se pueda, aunque algunas cuestiones como la delegación de la competencia en inmigración o la oficialidad del catalán en Europa sigan sin depender en exclusiva del Ejecutivo. El presidente espera ir allanando el terrero hasta final de marzo o principios de abril, cuando cree que se hará realidad el regreso de Carles Puigdemont una vez la ley de amnistía culmine su recorrido judicial. Y, a partir de ahí, confía en que la actitud de Junts será más receptiva. En ese partido conviven dos contradicciones: por un lado, no tienen ningún interés en que caiga Sánchez, al menos hasta la próxima primavera, pero por otro están convencidos de que les interesa dar una imagen de firmeza radical ante la Moncloa, creen que las elecciones generales pueden precipitarse en cualquier momento y no desean llegar a esa cita de la mano del PSOE.
El PSOE se está replanteando cambiar el canal de denuncias de acoso sexual fijándose en el modelo del PSC
El apoyo de los aliados parlamentarios impide que el Gobierno caiga, pero no sirve al PSOE para sostener un buen resultado electoral en medio de una tormenta como la actual. Sánchez está convencido de que los casos aparecidos hasta ahora tienen todos ellos un mismo origen: la corrupción de dos personas que fueron de su confianza, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que habrían buscado enriquecerse llamando a la puerta de diferentes órganos de la administración. Pero el presidente sostiene que no se trata de una corrupción sistémica del partido, como la financiación ilegal del PP. En el PSOE se muestran absolutamente seguros de que han registrado hasta el último papel en Ferraz y que no hay ningún indicio de que la formación estuviera implicada en la trama. Pero eso no garantiza que los tentáculos de Ábalos y Cerdán no hayan llegado más allá de lo que se conoce hasta ahora.
En paralelo, los casos de acoso sexual están dañando la reputación feminista que siempre ha buscado Sánchez. Cuando saltó la denuncia contra Francisco Salazar justo la noche antes de que fuera nombrado adjunto a la secretaría de organización del PSOE en julio pasado, el partido anunció de forma bastante improvisada la apertura de un canal para que las mujeres pudieran explicar sus casos de forma anónima. Aquella denuncia no ha sido investigada a fondo y las dos afectadas de las que hay constancia tampoco han querido ir a la fiscalía. Ahora se está replanteando el procedimiento y se mira el modelo del PSC, que cuenta con un canal similar desde hace más tiempo, en el que se comunican las denuncias con nombres y apellidos, pero sin que estos salgan a la luz más allá del órgano concreto que los evalúa con asesoramiento jurídico.
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Pero el daño para el PSOE ya está hecho y muchos creen que será difícil que Sánchez pueda remontarlo por más que aplique el manual de resistencia, que en este momento consiste en reivindicar los buenos datos económicos y en erigirse en baluarte de contención del ascenso de la extrema derecha y sus postulados. El presidente insiste, por ejemplo, en los objetivos de transición ecológica cuando la UE acaba de transigir ante las presiones de la industria automovilística para retrasar la sustitución de los vehículos de combustión al 2035. También ha rechazado un mayor incremento del gasto militar frente a las exigencias de Donald Trump. Pero el único conejo de la chistera es confiar en que el PP una cada vez más su destino político a Vox y eso movilice al electorado de izquierda.
