Las Claves
- ERC, PSC y el Ministerio de Hacienda pactan un esquema financiero que incrementará los ingresos de la Generalitat mediante el IVA.
- Catalunya recibirá mil cuatrocientos millones
Validar un esquema financiero inédito que resulte específico para Catalunya y simultáneamente aplicable a las demás autonomías resulta viable únicamente si el balance económico –en euros– refleja un incremento evidente para los fondos de la Generalitat. Esto es lo que intentan pactar los representantes de ERC, del PSC y del Ministerio de Hacienda mediante la creación de una estructura estandarizada para el conjunto, aunque actualmente solo Catalunya logre obtener los mayores beneficios de ella.
Un ejemplo representativo. Ambos bandos han pactado que las regiones tengan la posibilidad de gestionar el IVA producido por las pequeñas y medianas empresas en su zona de forma distinta a la actual. En vez de percibir ingresos según el gasto realizado en cada autonomía, el esquema inédito se fundamentará en la sede fiscal de las compañías. Asimismo, no se obtendrá el 50% de la recaudación por este impuesto, sino el 56,5%, de acuerdo con informantes próximos. Dado que Catalunya concentra el mayor número de firmas de esta clase, resulta lógicamente la principal favorecida con un aumento de ingresos de cerca de 1.400 millones de euros anuales. A una separación considerable aparece Madrid con aproximadamente 500 millones de beneficio adicional. Consecuentemente, pese a que todas las autonomías pueden elegir modificar el régimen del IVA para las pymes, es probable que escasas o ninguna lo ejecute excepto Catalunya.
El Estado otorgará 20.000 millones adicionales para asegurar que ninguna comunidad autónoma experimente una disminución en sus fondos.
Un proceso semejante tendrá lugar en los diversos pilares que conformarán el sostenimiento económico de las autonomías, donde el sistema actual es apenas una pieza. Pese a que constituye el eje central, existen otros elementos que determinan la cuantía de fondos recibidos por la población, tales como el FLA, la administración del IRPF, la regulación tributaria, el consorcio de inversiones o el costeo de las atribuciones no comunes.
El sistema de financiación actual, que se remonta a 2009, contemplaba actualizaciones quinquenales para eludir desajustes como los de ahora, donde regiones como la catalana, pese a ser la tercera en suministrar fondos al mecanismo, desciende a la novena posición al momento del reparto. Si bien no es seguro que el pacto establezca el criterio de ordinalidad para evitar precisamente la pérdida de puestos en la clasificación, el esquema que se prepara y que se presentaría en enero fijará los cimientos para corregir tales anomalías.
Para lograr resolver este dilema y atender las demandas de Catalunya por un régimen singular frente a las del resto de autonomías por un marco uniforme, es fundamental que el Estado incremente su aportación económica y que ningún territorio salga perjudicado. Que nadie pierda no significa necesariamente que todas las comunidades vayan a ganar. Las cifras que se manejan en las oficinas de la calle Alcalá de Madrid rondan los 20.000 millones adicionales, cantidad que diversos expertos estiman necesaria para que la financiación por ciudadano se sitúe en el 90% de la que percibe la autonomía que lidera el ranking. Ese capital extra existe porque Hacienda acumula años de ingresos récord debido al aumento impositivo (indirecto) derivado de no haber aplicado la deflactación de la tarifa de la renta.
El ajuste en el método de cobro del IVA dirigido a las pymes generará aproximadamente 1.400 millones para Catalunya.
Fuera del modelo, la singularidad integrará otros cinco factores que se revelarán progresivamente en distintas fases. El diseño integral podría quedar definido en el transcurso de un año.
Dentro de este grupo de seis elementos, uno consiste en la remisión de la deuda del FLA. El PSOE y ERC la acordaron en febrero –el importe asciende a 17.104 millones de euros– y el Gobierno validó la ley a mediados de diciembre. Su proceso en el Congreso podría prolongarse unos seis meses.
El sostenimiento económico de las facultades singulares, como los Mossos d’Esquadra o el sistema carcelario, proporcionará una distinción especial ya que Catalunya cuenta con áreas de gestión inexistentes en otros territorios. Se han producido progresos y se pretende alcanzar un incremento de fondos, si bien es una cuestión que se planea detallar en un encuentro bilateral Estado-Generalitat tras la ratificación de las reformas normativas que servirán de base al esquema reciente.
El financiamiento presente se basa en el modelo y cinco pilares adicionales que le brindan su particularidad.
Relacionado con esto se encuentra el aumento de la facultad legislativa, un tema complejo en conversaciones que ocurren prácticamente cada día. Asimismo requiere de reformas legales que otorguen mayor autonomía a Catalunya para ajustar los elementos de ciertos tributos. Simultáneamente se analizan disposiciones antidumping que reduzcan la rivalidad entre las distintas autonomías.
El control del IRPF se mantiene como la traba fundamental. Esquerra introdujo una propuesta legislativa vinculada en septiembre y prefirió no someterla a votación en este último tramo de sesiones para no entorpecer el debate del esquema. Es una cuestión que podría reactivarse a finales de febrero. Si bien resultaría transferible, la potencia de la Agència Tributària de Catalunya –que se ha visto incrementada este año– dista de la de los organismos tributarios de otras regiones. Solamente la institución catalana dispondría de la infraestructura para gestionarlo.
La pieza final del rompecabezas es el consorcio inversor, incluido en el pacto para la investidura de Salvador Illa. Este mecanismo funcionaría como una herramienta para agilizar los tiempos y el nivel de cumplimiento de dichas obras. La representación catalana ya posee los estatutos bastante definidos, aunque todavía debe acordar con Hacienda y Transportes –ya que el grueso de las partidas se destina a infraestructuras de carreteras y trenes–.
La perspectiva del 56,5% para el colectivo.
Actualmente, de los fondos obtenidos por los dos tributos principales (IRPF e IVA), las comunidades de régimen común perciben el 50%, mientras que el otro 50% lo retiene el Estado. En lo referente al IVA que producen las pymes, la tasa de participación se incrementará desde el 50% actual hasta el 56,5%. Ese porcentaje puede definir el rumbo de lo que todavía se negocia para el resto de la recaudación del IVA y, sobre todo, para el IRPF. En ambos supuestos se mantiene en el 50%. No obstante, el punto vital para mejorar la recaudación no se encuentra tanto en la intervención de la comunidad en los impuestos, sino en el modo en que se realiza la distribución de la solidaridad entre todos. Uno de los propósitos fijados por los negociadores es retirar los tres fondos compensatorios pactados en la reforma anterior, ya que distorsionan la repartición. Por consiguiente, aunque la participación en los impuestos no suba excesivamente, si se eliminan tales desajustes, la ganancia real puede ser considerable.
