La correlación de fuerzas
Análisis
Los heraldos del apocalipsis fiscal del Estado a cuenta de las concesiones del sanchismo al independentismo en el nuevo sistema de financiación autonómica deberían abrir estos días un periodo de reflexión, cuando no de autocrítica. La propuesta sobre el asunto presentada ayer por María Jesús Montero no incluye ninguno de los componentes de un concierto, como el vasco, ni de una dinámica confederal, como habían denunciado los más vehementes.
Es obvio que la mayoría de esos críticos no aplicarán la sabia máxima de Keynes de que “cuando los hechos cambian, cambio de opinión”. Seguirán con la matraca, ahora centrada en el llamado principio de ordinalidad -que establece que las comunidades mantendrán en el ranking la misma posición en dinero por habitante tanto cuando aportan al sistema como cuando reciben- y que se convertirá, ya que no hay cupo, en el nuevo anticristo.
El nuevo anticristo de los apocalípticos a partir de ahora será la ordinalidad
El análisis del acuerdo anunciado estos días lleva a calificar la propuesta como una evolución y mejora del modelo caducado hace ya once años antes que como una revolución en la financiación de las comunidades.
Las comparaciones no son solo o principalmente odiosas, bien empleadas son, sobre todo, útiles. Los firmantes del acuerdo para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, PSC y ERC, han defendido al alimón el nuevo pacto y aseguran que por lo que a ellos se refiere cumple escrupulosamente la literalidad del escrito presentado en su momento. Reconocen algunos de ellos, es que en el momento de la firma, en caliente, las interpretaciones llegaron a ir muy lejos. Lo anunciado y la parte que aún está pendiente de acuerdo - vinculado a la recaudación y gestión del IRPF, principalmente- deberá someterse ahora al análisis de los expertos y de la opinión pública; también del debate político. Y de allí se podrá deducir lo cerca o lejos que se queda del pacto de investidura.
Pero las hemerotecas testimonian que lo del concierto, el cupo y la confederación fueron interpretaciones, aún más tórridas, venidas de allende del Ebro.
Del mismo modo, el acuerdo solo vincula a sus firmantes y otras fuerzas políticas, como Junts, el partido de Carles Puigdemont , no lo suscribieron porque pensaban que era insuficiente. Por eso probablemente no han variado su posición. Aunque, claro está queda por delante un largo proceso de negociación parlamentaria.
Los portavoces de las fuerzas políticas que respaldan el pacto, la consellera Alicia Romero y el director general de ERC, Lluís Salvadó, basan su defensa sobre sus bondades técnicas, en esencia económicas, es decir la aportación adicional de recursos desde el Estado, la administración central, a las comunidades autónomas, para que hagan frente en mejores condiciones a la prestación de los servicios básicos que prestan a sus ciudadanos.
Derivados de ellos, aspectos cualitativos, como la mayor autonomía financiera de las comunidades, al dejar de depender de los adelantos del estado y la ordinalidad, aunque esta no figura explícitamente en la propuesta de redactado y por lo tanto aún dará mucho que hablar.
Pero en la política, por encima de las consideraciones técnicas, hay otros elementos que conforman decisiones y análisis. Especialmente la correlación de fuerzas, esa que determina el margen de maniobra y por lo tanto el tenor de las decisiones que se adoptan y se pueden imponer a los rivales. Desde la firma del acuerdo de investidura de Illa, en el verano del 2024, el garante del mismo, Pedro Sánchez, ha sido sometido a un intenso bombardeo político y judicial que han mermado en gran medida su radio de acción.
Las dificultades parlamentarias debida al contradictorio carácter de las fuerzas políticas que le apoyan; la acerada oposición del PP, que ha trasladado a los comunidades donde gobierna y que obliga a sus barones a descartar las ventajas que comportan los pactos del gobierno con las fuerzas nacionalistas catalanas, como la condonación de parte de la deuda del FLA (y ahora la nueva financiación); los casos de corrupción; la fronda judicial... Han reducido mucho el espacio de juego de Sánchez. Tan es así, que este nuevo modelo aún puede acabar en el Tribunal Constitucional.
