La táctica secreta que proyecta la ministra Montero

“Un modelo impuesto y poco solidario”. Al consultar al público sobre quién pudo pronunciar estas palabras acerca del régimen de financiación de las autonomías, lo más factible es que se piense en algún representante del PP. No obstante, pertenecen a José Luis Rodríguez Zapatero, cerca del año 2001. Quien fuera líder de la oposición socialista reprochaba al mandatario José María Aznar el establecimiento de un esquema opaco, acordado “en un despacho” junto a los nacionalistas de Cataluña de Jordi Pujol únicamente para asegurar la permanencia del jefe del PP en la Moncloa. Tal vez la declaración resulte insípida, característica de “bambi”, apelativo que recibía Zapatero en aquel tiempo, aunque actualmente predominan términos bastante agresivos, si no directamente vulgares.

No obstante, otros líderes regionales ya daban sus primeros pasos en el lenguaje populista. El PSOE todavía poseía bastiones inexpugnables, con una influencia superior a la que ostentaba en aquel momento el candidato Zapatero (de forma similar a lo que le sucede hoy a Alberto Núñez Feijóo). Tal era la situación de Manuel Chaves, mandatario de Andalucía, que no vaciló al calificar el esquema financiero pactado entre Aznar y CiU como “atentado a la solidaridad”. Tampoco faltaba entonces el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, figura clave en la narrativa del agravio constante hacia Catalunya, quien criticó que dicho sistema generaba “españoles de primera y de segunda”.

Profundizar y exponer los entresijos de un método de asignación de fondos entre comunidades no es sumamente difícil. Demanda habilidad explicativa y un fuerte interés por asimilar conceptos de quien escucha. No es la estrategia para triunfar en los comicios. Lo que se capta rápido es que si dos acuerdan algo, quien distribuye suele quedarse con lo mejor. Si encima, como se ha visto a través del tiempo, el nacionalismo catalán es el que sugiere variar el sistema, aun haciendo uso del poder parlamentario que le dieron los ciudadanos, el estereotipo confirma la sospecha y todo concuerda. Por tal motivo, cada ocasión en que se ha debatido esta compleja cuestión, el gabinete de turno ha preferido inyectar más capital al conjunto para que cada parte reciba una cuota muy abundante, al menos de entrada.

Los socialistas argumentaron ante Aznar que el sistema ahondaba en las desigualdades entre comunidades ricas y pobres al ceder más capacidad recaudatoria, como el 33% del IRPF y el 35% del IVA, mientras los populares sostenían que así se propiciaba la corresponsabilidad fiscal, es decir, que las autonomías tuvieran más margen para decidir sobre sus ingresos y no solo sobre sus gastos. En teoría, si gestionaban bien igual podrían bajar impuestos, axioma de referencia para el PP.

Las idénticas razones que utilizó el PSOE durante 2001 (ausencia de solidaridad y claridad, un diálogo bilateral oculto a los demás o beneficios para Catalunya) le fueron retornadas en 2009 por el PP al mismo Zapatero siendo ya mandatario. Este había acordado con el tripartito catalán un modelo inédito y los populares le recriminaron haberlo consensuado de manera unilateral con los sectores independentistas, aludiendo a ERC, que en aquel periodo dirigía junto al PSC e ICV la Generalitat, señalando que consistía en la “moneda de cambio” para “mantenerse en el poder”. En esa época encabezaba el PP Mariano Rajoy, quien calificó el esquema que todavía permanece activo como “gigantesca chapuza”. También cuestionó que el Estado destinara 11.000 millones extra para distribuir en plena etapa de recesión financiera, cuando predominaba la austeridad.

Hasta ese punto llega la retórica de campaña, sin embargo, posteriormente surge la necesidad de recaudar tras el sufragio de las regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Cuál fue la actuación de cada bando? Durante 2009, al inyectarse aquellos 11.000 millones en el esquema, coincidiendo con una etapa de grave recesión financiera, Rajoy decidió solicitar la abstención de sus líderes regionales. Dicha postura facilitaba la obtención de fondos extra sin limitarse únicamente a la renovación del mecanismo previo. Aquel episodio generó fricciones internas en el PP. María Dolores de Cospedal, quien ejercía como secretaria general de los populares, sostuvo que abstenerse constituía la opción más lógica para evitar daños a los habitantes de los territorios bajo mando de su formación, a pesar de su rechazo al diseño. “Es como cuando uno vota en contra de la subida de impuestos pero luego tiene que pagarlos”, manifestó. No obstante, Esperanza Aguirre, al frente del gobierno madrileño, lo calificó como “un error” y afirmó que su región resultaba “la más castigada”.

Dentro de las filas socialistas en 2001 igualmente surgieron discrepancias internas. Andalucía se posicionó como el único territorio que se opuso al esquema de Aznar. Sin embargo, Rodríguez Ibarra (Extremadura), José Bono (Castilla-La Mancha) y Vicente Álvarez Areces (Asturias) prefirieron abstenerse. Incluso Francesc Antich (Baleares) otorgó su voto afirmativo al acordar partidas presupuestarias extra de manera directa con el Gobierno central.

En esa disparidad de intereses más allá de las siglas partidistas reside el as en la manga de todo gobierno cuando afronta el reparto de la financiación. Se trata de añadir más dinero al sistema y a ver quién se atreve a explicar a sus ciudadanos que prefiere no poner la mano. En esta ocasión, el Ejecutivo de Sánchez juega fuerte gracias a la buena marcha de la economía y la apuesta es nada menos que de 21.000 millones más. Alguna comunidad del PP (la Valenciana y Murcia son candidatas) podría votar el sistema, aunque Feijóo trata de atar en corto a sus barones, a los que reunirá este fin de semana precisamente para hacer frente común en contra de la propuesta de la ministra de Hacienda. Asimismo, habrá que ver qué votará el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que ha puesto el grito en el cielo, teniendo en cuenta que su comunidad quedaría la tercera en ingresos por habitante con el nuevo modelo.

El Gobierno confía en ese factor para construir su propio relato que contrarreste el del PP sobre la concesión de privilegios a los catalanes para mantenerse en el poder. Otra cuestión es que el modelo llegue a ver la luz, ya que su aprobación definitiva tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, donde el principal obstáculo el rechazo de Junts. El partido de Carles Puigdemont tiene muy difícil dar apoyo a un nuevo sistema que ni se acerca a un concierto económico y que ni siquiera blinda que Catalunya quede en la misma posición en recursos recibidos que en los aportados (ordinalidad). En realidad, el sistema planteado es una evolución del ya vigente, no un antes y un después. Pero también es difícil negarse a recibir el aguinaldo que le ha añadido el Gobierno con los 21.000 millones de más para el primer año. Por eso, Puigdemont no ha salido de momento en tromba en contra del acuerdo entre el PSOE y ERC. Como señaló el portavoz de Junts, Josep Rius, hay más café, pero café para todos.

Junts presentará una enmienda a la totalidad constructiva, aportando su propia propuesta de pacto fiscal de máximos, que será rechazada, pero que le permite mostrarse en contra del Gobierno sin alinearse con el PP, dejando que se tramite la que propone la ministra Montero. Y durante esa tramitación intentará negociar con el Ejecutivo lo que ERC no ha conseguido arrancar en los últimos diez meses de negociaciones. En caso de no lograrlo, en Junts consideran que tendrán más motivos para justificar su voto en contra definitivo, mientras que en el PSOE confían en que, para entonces, el regreso de Puigdemont sea una realidad y eso favorezca un cambio de opinión, algo bastante improbable.