El choque Constitucional-Supremo apunta ya al ex fiscal general Ortiz
Tribunales
Un reciente fallo del órgano de garantías ahonda la brecha entre ambos tribunales
García Ortiz, saliendo de su juicio en el Supremo, en noviembre
El choque entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo (TS) no es una novedad. En 1994, magistrados del Alto Tribunal llegaron incluso a plantear la intervención del Rey por una sentencia del órgano de garantías que invadía sus competencias. Sin embargo, fuentes jurídicas sostienen que estas discrepancias, ese cruce de acusaciones de intromisión de funciones, ahora se ha hecho más que evidente.
Una reciente sentencia del TC que anula otras dos del Supremo ha hecho más profunda esta brecha. Por ello, desde el Alto Tribunal ya ponen la mirada en el futuro de la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, dado que ha generado polémica en ciertos sectores, sobre todo progresistas y progubernamentales.
El principal lamento dentro del TS es que el Constitucional, que preside Cándido Conde-Pumpido, se está convirtiendo en una suerte de segunda o tercera instancia, que revisa las sentencias del Supremo. Es decir, fuentes del Alto Tribunal, apoyadas también por la minoría conservadora del propio TC, apuntan a que el órgano de garantías se está entrometiendo en la interpretación de la legalidad ordinaria. Sostienen que el Constitucional está “retorciendo” la interpretación del derecho fundamental para poder entrar en el fondo de los asuntos sensibles y revocar sentencias que competen en última instancia al Supremo. Según dichas fuentes, “se sustituye el poder de decisión de un órgano jurisdiccional por otro que es de designación”.
Álvaro García Ortiz sostiene que el TS ha vulnerado varios de sus derechos fundamentales
La mayoría progresista del TC no lo ve así, sino que estima que el Supremo se está excediendo en ciertas resoluciones y vulnera derechos fundamentales en asuntos de relevancia. El último ejemplo ha sido la decisión del órgano de garantías, con ponencia de Ramón Sáez, de anular dos sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que a su vez anulaban por dos veces el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, hecho por la anterior fiscal general Dolores Delgado, antecesora de García Ortiz.
El Supremo sostuvo que el nombramiento de Esteban no estaba regido por el mérito y la capacidad y que la libre designación del puesto no podía suponer una arbitrariedad. Pero el TC ha tumbado esta doctrina mantenida por el Supremo y ha dictaminado que se ha vulnerado el derecho a un trato igualitario al impedir que Esteban sea fiscal de Sala de Menores. Para el TC, el Supremo se excedió al considerar que no podía ocupar el cargo porque no tiene experiencia en menores, sin tener en cuenta otros cargos que ha ostentado como fiscal del TC, relevantes para defender los derechos constitucionales de los menores. “Se observa que la decisión del órgano judicial no solo desvirtúa el régimen legal de nombramiento, con la consiguiente quiebra de la reserva de ley, sino que implica, además, un trato desigualitario”, recoge la sentencia.
Los cuatro magistrados conservadores que han emitido un voto particular van más allá e introducen el motivo ideológico. Explican que la decisión de Delgado de nombrar por segunda vez a Esteban, cuando el Supremo ya le dijo que no había motivado suficientemente el nombramiento, fue avalada por el Gobierno. “Evidencia, lisa y llanamente, el empecinamiento de la entonces fiscal general del Estado en designar para la plaza de fiscal de Sala de Menores no al candidato más apto o idóneo para el puesto, sino al afín ideológico, con abstracción de su cualificación y méritos”, señala.
Una sentencia del TC sostiene que el Supremo ha dado un trato “desigualitario” a un fiscal progresista
Este sesgo, dicen, “se ve apuntalado por el dato indiscutido de que once de los trece ascensos a la categoría primera de la carrera fiscal llevados a cabo durante el mandato de Delgado recayeron en miembros de una misma asociación, la Unión Progresista de Fiscales, a la que también pertenece, por supuesto, el ahora recurrente. Ciertamente, nos encontramos ante un sorprendente fenómeno consistente en una más que notable identificación –estadísticamente digna de estudio– entre los principios de mérito y capacidad y los integrantes de una determinada asociación, en detrimento no solo de los afiliados a otras asociaciones sino, sobre todo, de una gran parte de la carrera fiscal, que no está asociada”.
Por tanto, el debate que existe en el mundo judicial es si el Constitucional está entrometiéndose y revisando sentencias del Supremo, invadiendo sus propias funciones, o si el órgano de garantías está llevando a cabo actuaciones de control ante sentencias excesivas por parte del Alto Tribunal.
“El dilema con el que nos encontramos es que ahora las resoluciones del TC son previsibles”, lamenta una fuente del Supremo, que recuerda que el órgano que defiende la Carta Magna ha sido siempre clave para asuntos sensibles para el Gobierno, recordando entre otros el caso Rumasa.
Desde el Supremo lamentan que el Constitucional actúa como una especie de tercera instancia
En los últimos tiempos, la anulación de las condenas por el caso de los ERE de Andalucía, el del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, o la amnistía, han ayudado a aumentar ese clima de desconfianza entre el Supremo y el Constitucional. Por eso, todas las miradas están puestas en el recurso de amparo que interponga García Ortiz contra la sentencia del Supremo, de por sí polémica, ya que le condena por revelación por autorizar la difusión de una nota de prensa con datos sobre un posible acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y el empresario Alberto González Amador, conocido por ser la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la filtración de unos correos relacionados con los mismos hechos a un periodista, quien negó en sede judicial que García fuese su fuente.
La defensa de García Ortiz en el juicio se dirigió tanto a su inocencia como a la vulneración de sus derechos, con la vista puesta en el TC. El último escrito que ha presentado, el incidente de nulidad, como paso previo al recurso de amparo, ya va en esa dirección. Considera que el instructor de la causa, Ángel Hurtado, vulneró sus derechos al ordenar una entrada y registro para hacer copia del contenido de su teléfono y correos electrónicos. Además, sostiene que la Sala también incumplió la doctrina constitucional al tener en cuenta para su condena que se negó a declarar en fase de instrucción y solo contestó a su abogado durante el juicio. Apunta a una vulneración de la tutela judicial efectiva, por no tener en cuenta las pruebas de descargo, es decir, la testifical de los periodistas que dijeron que García no había sido el filtrador de los correos; y de la presunción de inocencia, por contar como valor probatorio el borrado de su teléfono cuando se acordó investigarle. Nadie descarta ya que el TC admitirá a tramite el recurso de amparo contra una sentencia que el Gobierno ha criticado de manera directa.