Las otras siete fases de regularización para inmigrantes: superando el millón de personas documentadas durante los gobiernos del PSOE y el PP
Inmigración
La administración de Felipe González, a lo largo de 1986, fue la pionera en utilizar dicho procedimiento y, hacia 2005, el mandato de Rodríguez Zapatero supuso la última: únicamente el gabinete de Mariano Rajoy eludió sancionar una regularización excepcional.
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Oficina de extranjería en Madrid
El proceso excepcional de regularización para extranjeros que el Gobierno validará este martes, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos, representará la séptima ocasión durante el periodo democrático en la que se emplea este mecanismo para otorgar permisos de estancia a quienes residen sin documentos en España. El estreno de esta medida ocurrió en 1986 y la más reciente hasta la fecha fue en 2005, ambas bajo mandatos del PSOE, aunque entremedias, el Partido Popular aplicó este procedimiento en tres momentos distintos (1996, 2000, 2001). Los seis procesos previos permitieron legalizar la situación de más de un millón de individuos. De acuerdo con las previsiones del Gobierno, más de medio millón de migrantes podrán beneficiarse de este nuevo proceso de regularización.
El proceso inicial de regularización masiva se puso en marcha bajo el mandato socialista de Felipe González durante 1986 con el propósito de disminuir el número de inmigrantes en situación irregular y combatir simultáneamente el empleo no declarado. La normativa que implementaba la legislación inaugural de extranjería facilitó el otorgamiento de 38.294 autorizaciones. Durante 1991, mientras el PSOE ocupaba la Moncloa, se legalizó mediante este procedimiento excepcional a unos 114.423 ciudadanos foráneos adicionales.
Durante 1996, bajo el mandato de José María Aznar, se estableció un procedimiento inicial para otorgar la residencia a quienes hubieran poseído previamente una autorización (incluyendo a sus parientes), bajo la condición de probar su estancia en España con anterioridad al 1 de enero de aquel ejercicio. Un total de 21.294 ciudadanos, de acuerdo con los datos del Ministerio de Migraciones, lograron dicha autorización. La administración de Aznar empleó nuevamente este recurso en el 2000, de forma simultánea a la validación del cambio en la ley de Extranjería, dotándolo de una cobertura bastante más extensa. Los requisitos fundamentales consistían en haber ingresado a España antes del 1 de junio de 1999 y haber dispuesto de un permiso anteriormente o haber iniciado su trámite. Unas 264.153 personas obtuvieron sus papeles. El proceso se desarrolló en distintas etapas a causa de la gran cantidad de solicitudes denegadas inicialmente.
Durante el año 2001, se autorizó el proceso de regularización por arraigo mediante la normativa de la ley de Extranjería. Los 239.174 individuos que se beneficiaron de esta medida debieron probar su estancia en España desde el comienzo de dicho ejercicio y justificar su integración en la nación, su inserción efectiva o posible en el ámbito laboral, una previa estancia legal en el territorio o lazos de parentesco con habitantes en situación regular.
El proceso de regularización más reciente, dado que la administración de Mariano Rajoy jamás empleó dicho mecanismo, fue impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero. Representó la mayor convocatoria histórica, beneficiando a 576.506 personas extranjeras, de acuerdo con las cifras de la cartera que actualmente encabeza Elma Saiz. Mediante un real decreto aprobado en 2005, el cual prescindió del visto bueno del Congreso de los Diputados, la regularización documental se condicionaba a la existencia de un contrato laboral, junto con la acreditación de tres años de estancia en España y la carencia de antecedentes penales.