Política

El PP y Vox trasladarán el asunto de la regularización migratoria a Europa.

Reacciones

La formación de Feijóo estima que el Gobierno se halla “frivolizando” frente a asuntos “importantes”

El grupo de Abascal igualmente presentará la iniciativa ante el Tribunal Supremo.

Pleno extraordinario celebrado en el Congreso de los Diputados, este martes, en Madrid. Alberto Nuñez Feijoo

Reunión plenaria de índole extraordinaria celebrada en el Congreso de los Diputados, este martes, en Madrid. Alberto Nuñez Feijoo

Dani Duch / Propias

En una etapa donde los sondeos sitúan la inmigración como una de las mayores inquietudes para los españoles, el Gobierno ha iniciado el proceso para regularizar a medio millón de ciudadanos extranjeros. Tal disposición, ratificada este martes por el Consejo de Ministros vía decreto, ha suscitado la total desaprobación del PP y Vox, y ambos partidos elevarán su queja a Europa. 

Bajo este enfoque, el PP se opone a la propuesta, hasta el punto de que Alberto Núñez Feijóo la presentará en la cumbre del PP europeo en Zagreb (Croacia) que tiene lugar viernes y sábado. “Iremos a Zagreb a comentar la regularización, que afecta a todos los Estados miembros”, indican informantes del PP, quienes sostienen su camino “intermedia”, el cual no opta por el “todos fuera de Vox” ni por el “todos dentro del PSOE”. Por ahora, los populares apelarán a sus socios europeos con el fin de presionar al Gobierno de España, aunque no excluyen tomar medidas para tratar de frenar la regularización masiva. 

Por otra parte, los populares estiman que la disposición resulta dañina para quienes votan al PSOE. La lectura efectuada por voces cercanas a la formación de Feijóo apunta a que esto impacta a la izquierda, ya que los migrantes que obtendrán ventajas de esta regularización habitan en zonas y ayuntamientos que suelen respaldar al PSOE, Sumar y Podemos, un factor que podría acarrear consecuencias negativas en los comicios para estos tres grupos.

De cualquier forma, en el PP consideran que se trata de una maniobra para ocultar el “incendio” de los siniestros ferroviarios, los cuales han provocado 46 fallecimientos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), aunque estiman que el Gobierno no tendrá éxito debido a que la Audiencia Nacional ya ha iniciado diligencias previas de instrucción contra el ministro Óscar Puente por su presunta implicación en los 45 decesos de la alta velocidad.

“Llevan con la idea de cambiar el foco desde la amnistía hace 30 meses”, indican informantes del PP, quienes consideran que este proceso responde a la táctica política del Gobierno para distraer la atención de los constantes fallos administrativos que enfrenta Pedro Sánchez. La formación popular propuso tiempo atrás una iniciativa de migración orientada a vigilar mejor los accesos a España, ajustándose a los requerimientos financieros de la nación y a las posibilidades de acogida de quienes arriban. Ester Muñoz, representante del PP en el Congreso, ha criticado abiertamente al Gobierno al considerar que se encuentra “frivolizando con cuestiones importantes”. Según su opinión, Sánchez valida la normativa “para intentar tapar de lo que están hablando todos los españoles”. “¿Es seguro coger un tren hoy?”, ha cuestionado. 

Dentro de Vox igualmente pretenden trasladar la regularización a gran escala hacia Europa. El mismo Santiago Abascal ha indicado que comenzará conversaciones con sus socios en el continente para poner en marcha “todas las vías jurídicas para tratar de impedir este atropello a los españoles”. Asimismo, Abascal ha manifestado que la “invasión” de carácter migratorio “también mata”. “Este medio millón de regularizaciones llamará a otros millones, que agravarán aún más el colapso de la sanidad, la vivienda y la seguridad”, ha sostenido el máximo responsable de Vox. 

Del mismo modo, Abascal ha afirmado que Vox respaldará las protestas programadas frente a la regularización de inmigrantes y procederá a “sentar en el banquillo a la mafia culpable”. La representante de Vox en el Congreso, Pepa Millán, igualmente ha comunicado la interposición de una impugnación ante el Tribunal Supremo relativa al decreto acordado por PSOE y Podemos. “Solicitaremos la suspensión inmediata de cualquier regularización extraordinaria”, ha manifestado. 

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