El gobierno ratifica el conjunto de iniciativas contra las irregularidades tras la captura de un integrante primordial del partido.
El escenario político
El Consejo de Ministros aprobó este martes el marco que permite la supervisión del proceso, mientras que el presidente mantiene su rol en la gestión, mientras que el Congreso sigue ejerciendo su revisión.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados
“Tirar la toalla nunca es una opción. No voy a tirar la toalla y voy a continuar”, declaró Pedro Sánchez el reciente 9 de julio del 2025, en su presentación ante el Congreso de los Diputados, con el Gobierno y el PSOE conmocionados tras descubrirse la trama de supuesta corrupción que afectó al entonces secretario de organización de Ferraz, Santos Cerdán, después de que su antecesor, el exministro José Luis Ábalos, también se viera involucrado en el citado caso Koldo. “Asumir la responsabilidad es pedir perdón, tomar medidas para que esto no vuelva a pasar y seguir haciendo avanzar a España”, aseveró en ese instante el presidente del Gobierno. “Soy un político limpio y voy a defender la integridad de mi proyecto político”, expresó para protegerse. E informó sobre un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, compuesto por 15 iniciativas destinadas a contemplar tanto el sector público como el privado para rastrear y eludir la corrupción.
Superados los siete meses desde aquel aviso, según ha relatado la Cadena Ser y ha constatado Guyana Guardian, el Consejo de Ministros validará este martes el anteproyecto de ley orgánica de Integridad Pública, que integra gran parte de las propuestas recogidas en aquel plan anticorrupción y que ha sido supervisado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien además lo detallará al finalizar la sesión del Ejecutivo.
En su comparecencia ante el Congreso, Sánchez presentó un conjunto de medidas para abordar la crisis, incluyendo una propuesta que busca reforzar la estabilidad institucional, mientras se mantiene el compromiso con la reforma institucional y se avanza en la consolidación de las normas que rigen el marco institucional.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encargará de pormenorizar los puntos del anteproyecto en la comparecencia ante los medios tras el Consejo de Ministros.
Dentro de las disposiciones más destacadas se encuentra la constitución de la Agencia Independiente de Integridad Pública, una iniciativa promovida anteriormente por Sumar que terminó integrándose en la estrategia del ejecutivo. Esta entidad se encargará de funciones fundamentales respecto a la evitación, control y combate de las prácticas corruptas, que hoy en día se hallan repartidas por diversas instituciones del Estado.
La propuesta legislativa además incluye un endurecimiento de las reglas concernientes al cobro de fondos públicos para campañas políticas y a las faltas financieras de las agrupaciones partidistas, que estarán obligadas a mejorar su rendición de cuentas. Del mismo modo, se incrementarán los datos requeridos sobre las contribuciones recibidas.
Uno de los aspectos más destacados en la lucha contra la corrupción es la propuesta de sancionar con mayor rigor a quienes incumplan, especialmente cuando se trata de empresas que han incurrido en prácticas ilícitas, mientras se mantiene un estricto control sobre sus prácticas mediante mecanismos de supervisión más estrictos.
El documento se ha confeccionado a lo largo de diversos meses mediante un grupo interministerial liderado por Montero. Después de este visto bueno inicial, la propuesta legislativa tendrá que regresar al Consejo de Ministros para una segunda lectura, tras obtener los dictámenes obligatorios de las entidades consultivas. Luego, se enviará a las Cortes Generales con el fin de ser discutido y votado de forma final en la sesión plenaria del Congreso.
Mediante esta propuesta, el Ejecutivo pretende afrontar la falta de credibilidad ocasionada por las recientes polémicas de supuesta irregularidad que han salpicado al PSOE y consolidar de este modo su plan de saneamiento democrático en un escenario político sumamente complejo.