El Govern encara los presupuestos con ERC tras un acuerdo con los Comuns
La legislatura catalana
Illa y Albiach sellan una iniciativa para limitar por ley la compra especulativa de vivienda
Esquerra logra el consorcio de inversiones y el compromiso del president sobre el IRPF
Junqueras prevé anunciar en el seno del partido el inicio de negociaciones para las cuentas

El president Salvador Illa y la líder de Comuns, Jéssica Albiach, ayer en la firma del acuerdo en Palau
El Govern de Salvador Illa tiene ante sí la oportunidad de salir del callejón sin salida en que se encontraba el debate con Esquerra Republicana en torno a los presupuestos de la Generalitat. Si se cumplen las previsiones, hoy mismo se desencallará la situación y los republicanos se avendrán a iniciar la negociación de las cuentas catalanas, justo un día después de que el Ejecutivo catalán sellara con Comuns el acuerdo para atar su apoyo parlamentario.
El elemento que desatascaría el inicio de las conversaciones con ERC sería un acuerdo para la constitución de un consorcio de inversiones, un instrumento institucional, compuesto por las dos administraciones, que permitiría que Catalunya tome el control de las inversiones del Estado.
El acuerdo podría anunciarse hoy mismo, pero el partido de Oriol Junqueras reclama desde hace tiempo un compromiso explícito del PSOE a favor de la recaudación del IRPF, vinculada a la reforma de la financiación autonómica, un gesto que ofrecerá públicamente hoy el president.
Albiach asegura que su acuerdo sirve para “mejorar la vida de la ciudadanía y se notará en las cosas cotidianas”
Con este consorcio –que podría registrarse a través de una ley la semana que viene– y el compromiso público de Illa, Junqueras tendrá vía libre para plantear ante los suyos la idoneidad de iniciar las negociaciones con el Govern de cara a aprobar sus primeros presupuestos, “imprescindibles”, según el Ejecutivo catalán, para asegurar la legislatura. Será el sábado, en un consejo nacional ordinario, cuando el líder de ERC anunciaría el comienzo de unas conversaciones donde las políticas de vivienda, educación y transporte serán protagonistas.
El consorcio de inversiones es importante para ambas partes, sobre todo tras las últimas crisis, puesto que debe servir para evitar el déficit de ejecución que arrastra Catalunya. Se trata de llevar un control de las inversiones para Catalunya fijadas en los Presupuestos Generales del Estado y ofrecer una salida mediante, por ejemplo, las encomiendas de gestión que suelen utilizarse para las obras viales. Este consorcio estaría compuesto paritariamente por miembros del Gobierno y de la Generalitat, con participación de dirigentes del Ministerio de Hacienda y de Transportes, y de la conselleria de Territori, puesto que la mayoría de las ejecuciones de inversión corresponden a infraestructuras.
Pero ayer el protagonismo se lo llevó Comuns. El partido de Jéssica Albiach sellaron su apoyo a los primeros presupuestos de Illa gracias al compromiso de aprobar una ley en seis meses que limite la compra especulativa de vivienda. Tras media docena de reuniones en apenas diez días, Govern y Comuns acordaron modificar la ley de urbanismo para que los 271 municipios declarados como zona de mercado tensionado, que concentran el 90% de la población catalana, puedan aplicar la limitación pactada.
Los republicanos pretenden incidir en las políticas que afectan a vivienda, educación y transportes
Esta iniciativa “pionera” en el Estado, según destacó Albiach, interviene de lleno en el mercado porque si bien “no se puede prohibir la compra o la venta, sí se puede condicionar a qué se destina la vivienda”, justificó la dirigente.
La proposición de ley, que incluye sanciones de hasta 1,5 millones de euros, afecta tanto a personas físicas y jurídicas, como a pequeños y grandes tenedores. A grandes rasgos, los grandes tenedores –propietarios con cinco o más pisos– solo podrán comprar edificios enteros, y siempre para destinarlos a alquiler residencial con precio topado.
Un propietario con más de cuatro viviendas podrá comprar otra si es para residir, pero deberá acreditarlo ante notario. Y, aunque se permite tener una segunda residencia, en caso de comprar más pisos o heredarlos siempre deberán destinarse a vivienda de algún familiar de hasta segundo grado o a alquiler a precio topado.
El consorcio de inversiones quiere fiscalizar lo que presupuesta el Estado en Catalunya
El acuerdo presupuestario incluye otras medidas sobre vivienda. La partida para esta área aumenta de los 750 a los 1.250 millones de euros, de los cuales 300 van a ayudas a la compra, otros 300 al alquiler –incrementando el límite de ingresos máximos para acceder a ellas, de 25.200 euros brutos anuales a 36.279– y otros 150 millones a la rehabilitación. En paralelo, el Institut Català de Finances contará con otros 600 millones para políticas de vivienda.
La rehabilitación es otro eje de la entente. Se rehabilitarán 150.000 pisos en siete años para incorporarlos al parque de vivienda protegida. Además, se aumenta el presupuesto destinado a la convocatoria de la ley de barrios hasta llegar a los 400 millones y se prevén 30 millones para un plan de choque contra el sinhogarismo.
Otra pata del pacto es el transporte. Se mantendrán las bonificaciones del 50% de la T-Usual y la T-Jove durante toda la legislatura y se invertirán 21 millones en la red de autobuses. En Rodalies, se ahonda en el traspaso de la línea R1 (en la que se trabaja desde hace meses, puesto que figura en el acuerdo de investidura de Illa con ERC) y se añade el compromiso de iniciar el traspaso de otras líneas (R2 Sud, R3, R4 Nord y R16).
El Govern valora que se hace hincapié en “las políticas valientes” de vivienda y de servicios públicos esenciales
En educación, se amplía la cobertura de becas comedor hasta llegar a las 100.000 en los próximos dos años y habrá un plan de choque para la mejora de la comprensión lectora de 27 millones de euros. Además, a partir del próximo curso se garantizará la equiparación de las familias monoparentales con las numerosas para eximirlas de las tasas universitarias y de educación postobligatoria.
El cuarto pilar del pacto es la sanidad, que incluye un plan para reducir las listas de espera y recoge la garantía de que ningún médico o centro de atención primaria verá condicionadas sus retribuciones por la duración y el número de bajas laborales que firmen. “Prevaldrán los criterios profesionales”, remarcó Albiach.
La dirigente se mostró satisfecha por el acuerdo porque “estos presupuestos sirven para mejorar la vida de la gente y se notará en las cosas cotidianas”, aunque vigilarán “que se cumpla lo acordado”.
El Govern se congratuló porque “hace hincapié en las políticas valientes de vivienda y mejora de los servicios públicos del estado del bienestar”. A la espera de negociar con ERC, este es “un primer paso” para aprobar unos presupuestos “necesarios” para lograr “un modelo de prosperidad más compartida”, valoraron.

