El policía que investigó a los Pujol niega que recibiera instrucciones políticas
El agente de policía antes de declarar en el juicio
El principal investigador policial de la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF), A.I., agente 89140, se mantiene en las tesis policiales de que la familia Pujol obtuvo ingentes beneficios gracias a las gestiones y negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, en España, México, Argentina o Gabón. Ahora bien, la investigación puede contener “errores”, según admitió una decena de veces en la sesión de ayer del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la familia desde finales de noviembre.
El juicio llegaba a un día clave, con el interrogatorio del policía por parte de los abogados defensores de la familia Pujol y de la decena de empresarios acusados. El agente negó haber recibido nunca instrucciones de responsables políticos de la policía. También negó tener “ninguna relación” con los ex mandos policiales José Manuel Villarejo y Eugenio Pino, que declararon el martes en la vista oral.
El agente se remite a casos como Banca Catalana, Prenafeta, o Grand Tibidabo como antecedentes
El agente policial 89140 es el firmante o supervisor de siete de los principales informes de la causa que recogen los negocios de Jordi Pujol Ferrusola. Admitó, por ejemplo, que no revisó la normativa de planeamiento de l’Hospitalet para saber si había corrupción entre Pujol y la constructora Copisa para entender los cambios en la edificabilidad que habrían beneficiado a la compañía. “No lo hice y desconozco por qué no lo hice”, dijo. “Si no lo miré no es que no le diera importancia, sino que no lo miré”.
En un durísimo interrogatorio, el abogado defensor de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, se planteó si la búsqueda de indicios contra su defendido se había hecho “a brochazos”.
Los temas administrativos, añadió, no son su “especialización”. Se proclamó, eso sí, como “el mejor” en su materia, el blanqueo de capitales, “pero en otras materias no”.
El agente ya no está en la UDEF. Este investigador mencionó reiteradas veces el caso Palau, a Lluís Prenafeta,
Banca Catalana o el caso Grand Tibidabo como antecedentes de la corrupción alrededor de CDC, aunque carezca de vinculación procesal con este caso. Negó que el pen drive que se aportó ilegalmente a la causa –un superior suyo fue condenado por ello– hubiera servido para averiguaciones de los Pujol en este caso.
El agente explicó que la cuenta 63810, cuyo titular era Jordi Pujol i Soley, dotada con unos 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros), tuvo poco movimiento, a diferencia de la 84800, eje de las sospechas policiales. En la jornada anterior, el investigador policial
había afirmado que las regularizaciones fiscales de los hermanos Pujol al descubrirse (el 7 de julio del 2014, cuando lo publicó El Mundo) fueron incompletas.
En la jornada de ayer admitió que dijo “incompletas como generalidad”, pero que la investigación se centró menos en los seis hermanos menores que en el primogénito. Algunas informaciones referidas al padre de Jordi Pujol i Soley, Florenci Pujol i Brugat, las buscó en Google. Más tarde explicitó que no se citaría de nuevo el buscador para no generar sonrisas en la sala.
El policía mantuvo que, aunque en las comisiones rogatorias integradas en la causa no quede acreditado que hubiera traspasos monetarios al negocio de Puerto Rosario desde Panamá, Liechtenstein y Suiza, como publicó un medio, “no significa que no se produjese” dicho trasvase.
