Óscar Rosa, detective privado, sobre las bajas fraudulentas: “El 90% de las investigaciones que nos piden acaban confirmando la sospecha”
INVESTIGACIÓN
España alcanza cifras récord de bajas laborales y crecen los encargos a detectives para investigar posibles fraudes
Más bajas, más sospechas y un sistema bajo presión
Fernando (nombre ficticio) llevaba tres meses de baja por una lesión que, según el parte médico, le impedía realizar esfuerzos físicos. Su empresa empezó a sospechar cuando algunos compañeros aseguraron haberlo visto entrenando en un gimnasio de su barrio. No es un caso real concreto, aclara Óscar Rosa, pero sí un ejemplo habitual. “Situaciones así nos llegan cada semana”, explica el detective privado en una entrevista para Guyana Guardian.
En los últimos años, su despacho ha cambiado de paisaje. Donde antes predominaban las infidelidades o los conflictos familiares, ahora mandan las incapacidades temporales. “Entre el 50% y el 60% de nuestros encargos están relacionados con bajas laborales”, afirma. Y añade un dato que llama la atención: “El 90% de las investigaciones que nos piden acaban confirmando la sospecha”.
Un problema en cifras
Un aumento del 60% en menos de 10 años
El contexto ayuda a entender por qué este tipo de encargos se han disparado. Las incapacidades temporales han pasado de 4,7 millones de episodios en 2017 a casi 8,6 millones en 2024, un aumento del 60%, según datos recientes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La duración media de las bajas también ha crecido: de 40 días a casi 46.
Cada día, más de 1,5 millones de trabajadores no acuden a su puesto. La tasa de absentismo en España se sitúa en el 7% de las horas pactadas, por encima de Francia, Alemania o Italia, según Eurostat. Los sindicatos apuntan al envejecimiento de la población, a la falta de recursos sanitarios y a las largas listas de espera. La patronal coincide en señalar la lentitud del sistema. La Airef, por su parte, habla de un problema estructural en la gestión y supervisión de las bajas.
En medio de ese debate, Guyana Guardian ha querido conocer qué ocurre cuando una empresa decide comprobar si una baja es compatible con la vida que lleva ese trabajador. Y ahí entra en juego la figura del detective privado.
Hace años la infidelidad era el encargo estrella; hoy son las bajas laborales”
Óscar Rosa, autor del libro De Baker Street al Paseo de la Castellana (Ariel, 2025) y creador del pódcast Historias de Detectives de Verdad, explica que el perfil del cliente ha cambiado radicalmente. “Hace años la infidelidad era el encargo estrella. Hoy son las bajas laborales”, resume.
El procedimiento comienza siempre con una sospecha fundada. “No investigamos a todos los empleados. Solo actuamos cuando la empresa detecta incoherencias claras”, subraya. A partir de ahí, se planifica la vigilancia. Para que un informe tenga validez judicial, deben realizarse seguimientos en varios días no consecutivos.
Los detectives pueden pasar horas en un coche o infiltrarse en determinados entornos. “A veces nos apuntamos a un gimnasio, asistimos a un congreso o nos hacemos pasar por clientes. La improvisación es fundamental. En cierto modo, todos tenemos que actuar”, explica. El objetivo va más allá de grabar cualquier actividad: se trata de acreditar que lo que hace el trabajador resulta “incompatible” con la patología alegada.
“Lo difícil no es investigar. Lo difícil es acreditar esa incompatibilidad”, insiste. Es decir, no basta con captar imágenes de alguien paseando. Hay que probar que esa conducta contradice el motivo de la baja.
La depresión y la ansiedad son los casos más difíciles de demostrar como fraudulentos
Si las lesiones físicas pueden resultar complejas, las bajas por salud mental lo son aún más. “La depresión y la ansiedad son los casos más difíciles de demostrar como fraudulentos”, reconoce Rosa.
Una persona de baja por depresión puede salir a cenar, viajar o ir a la playa. Y eso, por sí solo, no implica fraude. “Un juez puede considerar que ese viaje le ayuda a recuperarse”, explica. El límite se cruza cuando se demuestra que está trabajando en otro lugar mientras cobra la prestación. “Ahí ya no hay interpretación posible”.
Esa dificultad añade un matiz al debate público. No todas las sospechas se convierten en fraude probado. Y no toda actividad visible en redes sociales invalida una incapacidad temporal.
Las empresas pueden ahorrarse 30.000 o 40.000 euros de indemnización si demuestran fraude
Detrás de cada investigación hay también una cuestión económica. Según la CEOE, el coste del absentismo supera los 33.000 millones de euros anuales. Para una empresa concreta, la diferencia puede ser significativa. “Si demostramos que la baja es fraudulenta y el despido se declara procedente, la empresa puede ahorrarse, en algunos casos, 30.000 o 40.000 euros en indemnización”, explica Rosa.
El trabajador, en ese caso, pierde la indemnización por despido improcedente. No obstante, según recuerda Rosa, no existe una multa automática por el fraude, más allá de las posibles responsabilidades administrativas o penales si se acreditan.
Para el detective, sin embargo, el foco no está solo en el dinero. “Nuestro trabajo no es castigar, es aportar pruebas. Luego decide el juez”.
Cuando hay sospecha, alguien quiere saber qué está pasando de verdad
Por último, Rosa insiste en que la imagen del detective omnipotente pertenece más a la ficción que a la realidad. “No podemos colocar un GPS porque sí ni vulnerar la intimidad de una persona. Hay límites legales muy claros”, recalca. Cada paso debe estar justificado y respetar la normativa de protección de datos y derechos fundamentales.
Toma nota
Lo que nadie te cuenta sobre ser detective privado
“El informe que hace un detective privado sirve como prueba para que un juez pueda tomar una decisión”
“Actuar es fundamental; todos tenemos que ser un poco actores”
“No investigamos el porqué; investigamos que algo está sucediendo”
Las bajas laborales, como decimos, se han convertido en un asunto político y social de primer orden, y la figura del detective se mueve en una línea fina entre la vigilancia y la garantía de derechos. “Nosotros intervenimos cuando hay indicios. Y siempre dentro de la ley”, subraya.
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El debate sobre qué está fallando (si la salud pública, la gestión administrativa o el comportamiento individual) sigue abierto. Mientras tanto, en coches aparcados frente a portales o en gradas de gimnasios, hay detectives tomando notas. Porque, como resume Óscar Rosa, “cuando hay sospecha, alguien quiere saber qué está pasando de verdad”.