¿Bajas fraudulentas?
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Si bien algunos ámbitos se refieren a ellas como bajas laborales y otros como absentismo, la realidad es que las incapacidades temporales (su denominación técnica) se están incrementando notablemente; mientras una parte percibe los efectos del envejecimiento de la población y la presión sobre el sistema sanitario público, otros sugieren causas perjudiciales y plantean un uso indebido de las mismas. Las declaraciones del líder de la CEOE, Antonio Garamendi, indicando que tales permisos se gestionan mayoritariamente los lunes y viernes, apuntan en dicha dirección. Trabajo y los representantes sociales examinan actualmente este preocupante asunto a raíz del contundente documento de la Airef que denuncia fallos estructurales en la tramitación de las ausencias médicas.
La asociación de empresarios constructores presenta hoy su informe sobre las repercusiones de las inasistencias en el sector.
Tu forma de nombrarlo revela tu identidad. Dicho concepto es trasladable al ámbito de las ausencias por salud, donde conviven el término técnico “incapacidad temporal” (IT) empleado por la Seguridad Social, la expresión habitual “bajas” usada por las centrales sindicales y el sesgado “absentismo” que defiende la patronal. Justo hoy, estos tres actores mantienen un encuentro para tratar de optimizar el precario sistema de las IT, tras el impacto del reciente análisis de la Airef que señalaba deficiencias estructurales en la administración de estos permisos, cuya cifra ha crecido exponencialmente en el último periodo. Una subida del 60% en los casos junto a una mayor persistencia promedio han causado que el desembolso por incapacidad temporal se multiplique por tres.
La Airef define el perfil típico del empleado ausente: ya estuvo de baja el ejercicio previo, desempeña su labor en una gran compañía, posee vinculación fija, remuneración intermedia, no trabaja por cuenta propia, es de sexo femenino, tiene menos de 40 años y pertenece al ámbito estatal. Estos hallazgos consolidan estereotipos comunes, tales como que los trabajadores por cuenta propia gozan obligatoriamente de una vitalidad inquebrantable; que se solicita el permiso médico solo si se cuenta con estabilidad laboral o se sirve al Estado, y que existe una inclinación de ciertos asalariados hacia las ausencias recurrentes. En resumen, una imagen que sustenta las hipótesis sobre estímulos equivocados y presuntas irregularidades de los operarios respecto a las ayudas públicas.
Igualmente se potencia otro cliché, aquel que afirma que las nuevas camadas no aceptan el mismo grado de dedicación que sus antepasados, y se advierte que la reforma laboral, que tuvo como gran acierto la sustitución masiva de la temporalidad abusiva por contratos estables, ha incrementado un 30% las bajas.
La descripción típica del empleado con incapacidad temporal: ya se ausentó el ejercicio previo, desempeña su labor en una compañía de gran tamaño, posee vinculación laboral fija, cuenta con una remuneración intermedia, no ejerce por cuenta propia, es mujer, tiene menos de 40 años y pertenece al sector público.
Esta situación es muy propicia para que la patronal refuerce sus argumentos sobre las irregularidades en los permisos médicos, tal como indica su máximo responsable, Garamendi, al asegurar que echa en falta cultura del esfuerzo o que las ausencias suelen darse en lunes o viernes. La iniciativa novedosa de la organización empresarial esta semana pretende bajar el número de bajas, el absentismo según su terminología, con incentivos a la reincorporación. En otras palabras, facilitar incrementos en los salarios de los trabajadores si se produce una disminución de las IT.
Cabe considerar que diversos acuerdos laborales añaden pluses que incrementan la protección en periodos de enfermedad, posibilitando a menudo el cobro desde el inicio y alcanzando después prácticamente el sueldo íntegro. Suponen beneficios sobre los mínimos normativos de cero euros los tres primeros días para ascender luego al 60% y al 75%. Algunos interpretan esto como equidad, mientras otros lo ven como una invitación a alargar la ausencia. La propuesta actual de las asociaciones empresariales consiste en responder con motivaciones distintas en el sentido contrario.
Este enfrentamiento se desarrollará en las conversaciones del próximo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que todavía no se han iniciado y se vislumbran complicadas, dado que el enfoque de las organizaciones sindicales ante el problema es muy distinto. La representación empresarial pretende conceder más peso a las mutuas, facultándolas incluso para emitir altas en ciertos escenarios; un punto que los sindicatos, quienes ya consintieron en el pasado AENC otorgar un rol limitado a las mutuas privadas, se niegan a ampliar. Y bajo ningún concepto aceptan permitir que una entidad de carácter privado autorice el alta médica.
En conclusión, existe una realidad indiscutible y diversas teorías sobre sus orígenes. Dicho suceso consiste en el crecimiento de las ausencias por enfermedad recientemente, con la subida ya mencionada del 60% en la frecuencia de las incapacidades temporales por causas comunes desde 2017 hasta 2024, de acuerdo con la Airef. Dentro de los motivos, figuran algunos coherentes, tales como el mayor promedio de edad de la ciudadanía y el colapso de los servicios de salud pública, lo cual demora la asistencia, el diagnóstico y la terapia; y, consecuentemente, la reincorporación laboral.
Existen otros motivos que pueden deducirse, tales como el efecto de la pandemia o el vínculo entre una etapa de bonanza financiera y el incremento de incapacidades temporales.
Existen además otros factores sugeridos, aunque no comprobados, que plantean que han aumentado los estímulos para solicitar la incapacidad o, yendo más lejos, las dudas sobre un posible uso abusivo de las ayudas del sistema. En este contexto, ciertas estadísticas de la Airef, como la recurrencia de los empleados en la IT o el vínculo entre la calidad del empleo, la edad y la reforma laboral frente a las ausencias, parecen sostener estas hipótesis, pese a no ser determinantes. Cabe la posibilidad de que se estén solapando simples correlaciones numéricas con motivos de fondo reales.
Resulta indiscutible que el modelo actual precisa una renovación integral. Una administración superior que se podría estructurar mediante cuatro puntos clave. El primero radica en agilizar la tramitación de las bajas en la sanidad pública, fortaleciendo el papel de las mutuas para eludir el bucle negativo de demoras generadas por la saturación asistencial que posponen la reincorporación profesional, perjudicando la actividad de las empresas y el presupuesto del erario público. Sobre si las mutuas deben o no emitir altas, conviene derivar ese debate a la negociación colectiva.
La segunda vertiente consistiría en otorgar una mayor facultad de vigilancia y monitoreo de las bajas a partir del instante inicial en que ocurran, con el fin de garantizar una fiscalización superior. Un incremento en la regulación para certificar un desempeño óptimo.
La tercera vía podría examinar la sugerencia de la patronal, consistente en estímulos económicos pactados en los convenios para incentivar la vuelta a la actividad laboral. Una cuarta y definitiva posibilidad sería progresar en las altas graduales (o bajas flexibles, tal como se llamaron originalmente) que propone la Seguridad Social, si bien su efecto será inevitablemente reducido al dirigirse únicamente a supuestos muy concretos.