Liberan a un octogenario que estaba siendo utilizado por una red para estafar por internet

La Guardia Civil ha detenido a 19 personas, 18 en Bizkaia y una en Burgos, por pertenecer a una red criminal dedicada a estafar mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet. Tres miembros de la organización, que pertenecían a un clan familiar, mantenían bajo control a un octogenario, al que habían aislado de su entorno familiar obligándolo a ejercer mendicidad y al que también le habían abierto numerosas cuentas bancarias para cometer las estafas.

Hasta el momento se han identificado 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad, repartidas en numerosas provincias. Aparte de las 19 detenciones practicadas, se investigan a tres personas más por su presunta vinculación con los hechos. 

La investigación comenzó tras una denuncia recibida en febrero del pasado año, donde una persona manifestaba haber sido estafada tras abonar 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet. El denunciante ni recibió el animal ni consiguió recuperar el dinero.  

Durante la investigación se constató que se trataba de un grupo criminal asentado en Bizkaia. Una vez establecido el contacto e iniciada la venta, los estafadores exigían a sus víctimas varios desembolsos con diversos pretextos  (como vacunas, transporte y chip) mediante pagos a través de bizum o transferencias bancarias. Para ello, la organización utilizaba múltiples líneas telefónicas y cuentas bancarias y documentos de identidad falsos o ajenos para engañar a los compradores.

Se calcula que la cantidad asociada a las estafas asciende a más de 36.000 euros. La red criminal destinaba parte del dinero obtenido de las estafas y los ingresos procedentes de prestaciones sociales a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado ascendería a más de 55.000 euros. Se estima que las prestaciones sociales que la mayoría de personas implicadas en la red cobró de manera indebida (alegaban que no ejercían ninguna actividad económica para poder tener derecho a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital)  podrían ascender a más de 560.000 euros.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión. La investigación continúa abierta para localizar más víctimas, identificar nuevas cuentas vinculadas y tratar de recuperar los fondos defraudados.