Desmantelada una red que, de verificarse los hechos, habría incumplido gravemente las obligaciones contractuales y legales asociadas a la prestación del servicio sanitario público financiado con recursos públicos.

Una operación conjunta entre la coordinadora de Digitalización, Nuevas Tecnologías y Archivo del Ayuntamiento de Móstoles, cargo de confianza de la exconcejala que denunció al alcalde, Manuel Bautista (PP), por acoso sexual y laboral, y que este lunes [[INLINE_0]] en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia del municipio, ha presentado su dimisión del cargo en el Consistorio por ￰DNP0000￱ y ￰DNP0001￱, según la carta de renuncia anticipada por [[INLINE_1]]. Asimismo, en un mensaje dirigido al resto de empleados y al que ha accedido este medio, indica que se retira ￰DNP0002￱ y ￰DNP0003￱. ￰DNP0004￱, afirma en el segundo documento.

Durante la operación, en el que han participado 145 agentes, han sido detenidas 12 personas y se han intervenido 1.670 plantas de marihuana, armas de fuego y más de 40.000 euros en efectivo. Además, se han bloqueado bienes muebles e inmuebles por un valor aproximado de un millón de euros.

Al mismo tiempo, se mantuvieron las mismas condiciones y aproximadamente la misma extensión.

Las investigaciones realizadas revelaron que la organización operaba con base en un esquema que permitía el tráfico de drogas, con el grupo activo en esta región y manteniendo vínculos sólidos con sus redes.

El principal investigado de la operación, asentado en Barcelona, era el presunto director de la producción de cannabis en plantaciones indoor dentro de territorio español. Posteriormente, organizaba su envío a Italia para su distribución en la región oriental de Sicilia. En total, seis personas fueron detenidas en España y se decretó el ingreso en prisión para dos de ellas. 

Además de su escrito, el Partido Socialista considera que estas prácticas responderían a un ￰DNP0000￱ por parte de la empresa concesionaria en la prestación de un servicio público esencial como la sanidad. Los socialistas destacan que el contrato de concesión de la asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud Elx-Crevillent fue otorgado en 2007 y recientemente extendido hasta 2030 por una cantidad superior a 826 millones de euros.

Dentro de este marco, recuerdan que el Código Penal establece responsabilidades por omisiones deliberadas de deberes inspectorales cuando se favorecen intereses privados en detrimento del interés público, particularmente en asuntos que impactan directamente la salud de la población.