El matricidio de Torelló delata el enfoque fallido de la enfermedad mental
Una problemática demasiado frecuente
En cuatro años los familiares no consiguieron que el supuesto agresor fuera internado y tratado
“Pedíamos en el juzgado un ingreso involuntario y el juez nos decía que necesitaba acreditar la enfermedad”
El pasado miércoles, un trágico acontecimiento sacudía fiesta mayor de Torelló, población de 15.000 habitantes en la comarca de Osona. Un hombre de 54 años con un largo historial de trastorno mental era detenido como supuesto asesino de su madre, Maria Castillo, de 79 años. Según Rosa Vargas, hermana del presunto autor e hija de la víctima, el luctuoso desenlace pudo haberse evitado con una actuación más diligente de la justicia y los servicios de salud. El hombre debía afrontar dos juicios –por agresión a la mujer y por quebrantamiento de una orden de alejamiento– el próximo mes de septiembre. Demasiado tarde.
Rosa Vargas efectuó ayer en El món a RAC1 un relato sereno, y a la vez desgarrador, de la cadena de acontecimientos que culminaron en el matricidio. “No buscamos venganza”, afirmó, pero denunció la indefensión que se ha encontrado en un sistema que ha priorizado la voluntad de un enfermo mental con numerosos brotes de agresividad sobre la seguridad de su entorno vecinal y familiar. “Nosotros ya hemos perdido la partida. Lo contamos por si podemos poner un granito de arena para que no vuelva a pasar en otra familia un caso similar”, dice a Guyana Guardian . Diversos oyentes llamaron con la emisora al verse reflejados en esta historia de final infausto pero tal vez predecible.
Amenazada de muerte por su hijo
“La ley no defiende al enfermo sino a la enfermedad”
No son pocas las familias que se han visto reflejadas en la tragedia de Torelló. “La única diferencia es que a mi todavía no me ha matado”, explica una mujer que tuvo que vender su casa y trasladarse a un lugar donde su hijo no pueda encontrarla. Era un modelo de persona, formado, inteligente y sociable, hasta que cambió su comportamiento y los psiquiatras diagnosticaron un trastorno compatible con una esquizofrenia o una enfermedad mental grave. Tenia 22 años. Comenzaron las amenazas y las agresiones a sus progenitores, los destrozos en sus propiedades. Cuando lo denunciaron –con la esperanza de que fuera visitad por un forense y tratado– tardaron un año en llamarlos a declarar. En este intervalo, el padre falleció de cáncer. “Ahora tiene casi 40 y no hemos podido hacer nada. Acabará fatal, porque sigue sin tratamiento y la enfermedad se agrava”, explica la madre entre lágrimas. “Es una persona que, seguramente, medicada podría llevar una vida normal dentro de lo que cabe, pero como no lo reconoce, no hay nada que hacer”, agrega. “Esto es la enfermedad mental, la gran desconocida, devastadora, y el que más sufre es él. Un psiquiatra nos dijo que la ley no está defendiendo al enfermo mental, sino a la enfermedad”.
“Si no se habla de ello es como si no estuviera ocurriendo, y está ocurriendo demasiado. No somos un caso especial, me consta que hay muchos casos de gente que está como tú o peor. Por eso lo hemos querido visibilizar”, afirma Rosa Vargas. Su hermano también es una víctima de un sistema que, según algunos testimonios, no aborda adecuadamente la problemática asociada a determinadas enfermedades mentales.
El presunto asesino debía afrontar un juicio en septiembre por unas agresiones del año 2021
La víctima y su hijo vivían desde hace muchos años en casas unifamiliares adyacentes. La mujer protegía a Sergi tanto como podía. Más que violencia, su esquizofrenia le ocasionaba aislamiento, tristeza o desorden en la vida diaria. Pero la covid empeoró su estado y pasaba temporadas sin medicarse. El 22 de abril del 2021, tuvo un brote de agresividad. “Sin previo aviso fue a casa de la madre y la agredió a golpes de martillo en la cabeza”, narró la hija de la víctima. Mientras su madre era atendida de las lesiones, Sergi fue trasladado al hospital de Vic, donde su estado fue valorado por la psiquiatra de guardia. La doctora valoró que presentaba un discurso coherente, que estaba tranquilo y no existía una situación de alcoholismo o drogas. “Decidió que no podía retenerlo y lo dejó marchar”, apunta la hermana. (Es posible que el rumbo de esta historia hubiera cambiado con un ingreso, decisión a la que habría contribuido un mayor vínculo entre enfermo y profesional, consultas más frecuentes o un mayor control de la adhesión del paciente a la medicación).
Al salir del hospital, el hombre ocasionó destrozos en la casa materna, por lo que fue denunciado y nuevamente detenido. Quedó en libertad pendiente de juicio y Rosa Vargas llevó a su madre a vivir con ella a una localidad vecina. No cesaron los destrozos en casa de la madre, tampoco las amenazas ni los intentos de agresión, al trabajador social, a una vecina que le llevaba comida... Volvió a ser detenido. Fue declarado culpable en tres juicios –en los que no se presentó– y un juez decretó una orden de alejamiento de 150 m de la madre y la prohibición de comunicarse por ella por cualquier medio.
“Pedíamos en el juzgado un ingreso involuntario y el juez nos decía que necesitaba acreditar la enfermedad y, por lo tanto, un informe médico forense”. Cuatro o cinco veces fueron los Mossos a buscarlo para llevarlo al forense, pero el enfermo nunca abrió la puerta. “Tenemos un sistema sanitario que antes de todo protege la decisión del paciente. Te encuentras con la indefensión de que si el paciente no quiere los profesionales no pueden hacer nada, y resulta que una característica de la enfermedad mental es que los pacientes no quieren reconocerla y no quieren medicarse”, explicó Rosa vargas.
La hija de la víctima considera que el desenlace pudo haberse eludido con una mayor diligencia
Los delitos por los que había sido juzgado eran insuficientes para imponer un ingreso. El primero, la agresión del 2021, probablemente sí, pero el juicio estaba pendiente, programado para el próximo 16 de septiembre.
Al cabo de casi cuatro años, a mediados de julio Maria Castillo quiso volver a su casa. Sergi, muy debilitado, no tarda en acudir en busca de comida, con lo que quebranta la prohibición de comunicarse con ella. “Yo le digo a mi madre que la única manera de ayudarle es que lo traten, que debe avisar a la policía cuando vuelva”. Efectivamente, el 28 de julio vuelve a llamar, por lo que es detenido, y la policía local entra en el juzgado unas diligencias por la ruptura de la orden de incomunicación.
Pero llegan las vacaciones, el hombre es liberado y se fija el juicio para el 23 de septiembre. La familia estaba convencida de que podría sobrellevar la situación hasta los juicios, con la esperanza de que derivaran en un tratamiento. El 30 de julio se produce el crimen. “Tenemos un sistema sanitario que podía haber hecho un buen control para que la enfermedad de mi hermano no se hubiera agravado (...) Tenemos un sistema judicial que no nos ha dado una solución rápida al fallo del sistema sanitario. Los jueces nos han hecho esperar cuatro años y ahora ya es demasiado tarde”, denunció Rosa Vargas en RAC1.