Las Fuerzas de Seguridad del Estado han detenido hasta ahora a un total de 43 personas acusadas de generar, sin voluntad o de forma intencionada, los incendios que han quemado cientos de hectáreas en España desde el 1 de junio.
Así lo ponen de manifiesto los datos del Ministerio del Interior, quien precisó que la Policía Nacional ha realizado 11 detenciones en este sentido y la Guardia Civil ha completado otras 32.
Además, los cuerpos de seguridad han investigado a 133 personas por su posible implicación en los fuegos que han sufrido las diferentes comunidades autónomas, con 23 diligencias a cargo de la Policía Nacional y 109 por parte de la Guardia Civil.
Lee tambiénSánchez respalda a la jefa de Protección Civil tras el adjetivo de “pirómana” que le dedicó Bendodo
La cifra de detenciones se ha incrementado considerablemente en la última semana, justo cuando más daño han causado los incendios en provincias como León, Orense, Zamora y Cáceres. De hecho, desde el lunes se ha pasado de 31 detenidos a 43 y de 82 investigados a 133.
Sólo en la última jornada se ha sumado un nuevo detenido y cinco investigados, ya que ayer viernes el balance era de 41 detenidos y 127 investigados.
Todas estas investigaciones policiales afectan al origen de los distintos incendios registrados en España desde el pasado 1 de junio hasta el viernes 22 de agosto.
Entre 10 y 20 años de cárcel
Provocar un incendio que comporte peligro para la vida o la integridad física de las personas está castigado en España con penas de entre 10 a 20 años de cárcel, más el pago de una multa de doce a veinticuatro meses, según recoge el Código Penal.
En lo que va de verano, en España se han detenido al menos a 43 personas por incendios forestales, pero también de contenedores o pastos en zonas urbanas a lo largo de todo el país.
El Código Penal recoge en su artículo 351 las penas de cárcel a imponer para quien incurra en delitos de incendio que pongan en peligro la vida y la integridad de las personas (de 10 a 20 años), y el 352 se centra en incendios forestales y establece esos mismos castigos para quienes “incendiaren montes o masas forestales” poniendo en riesgo la vida de personas.
De no concurrir ese peligro en incendios forestales la pena es entre uno y cinco años de cárcel, y multa de doce a dieciocho meses.
La norma contempla además que si el fuego ha alcanzado “especial gravedad”, el castigo asciende a entre tres a seis años de cárcel, y multa de dieciocho a veinticuatro meses.
Y las circunstancias que determinan esa “especial gravedad” son: que el incendio haya afectado a una superficie de considerable importancia; que haya grandes o graves efectos erosivos en los suelos; que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecte a algún espacio natural protegido; que cause un grave deterioro o destrucción de los recursos afectados o que el autor actúe por un beneficio económico.
Por su parte, para quien prenda fuego a montes o masas forestales sin que llegue a propagarse el incendio, el Código Penal prevé penas de seis meses a un año.
Y más allá de los castigos, la ley contempla que la calificación del suelo en las zonas afectadas por un incendio forestal no pueda modificarse en un plazo de hasta treinta años.
Más de 400 detenidos o investigados en 2023.
Lee tambiénLos jóvenes de la España quemada
Según la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, que recoge datos de 2023, en ese año 402 personas fueron detenidas o investigadas por incendios, lo que supuso un descenso del 17 % respecto al año anterior -uno de los peores años desde que se tienen registros-, en el que la cifra de presuntos responsables ascendió a 482.
Más de medio millar de investigaciones por incendios cursó aquel año la Fiscalía, que recuerda que las negligencias y los accidentes son los que están detrás de la mayor parte de los incendios forestales.
En 2023, según recoge la Fiscalía, los incendios por negligencia representaron el 68 %, y los intencionados, el 19 %, un porcentaje menor que años anteriores.