El Gobierno británico ha regresado de las vacaciones decidido a hacer “lo que sea” para reducir la inmigración tanto legal como ilegal al país, después de un verano en el que el líder de ultraderecha Nigel Farage ha dominado por completo el ciclo informativo aprovechando que el primer ministro Keir Starmer y todo su equipo estaban desconectados. La consecuencia es que la presencia de extranjeros se ha convertido por primera vez, según las encuestas, en la principal preocupación de la gente, por delante del aumento del coste de la vida y el estado de la sanidad.
Como no puede hacer mucho sobre la llegada de solicitantes de asilo en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha (43.000 en lo que va de año, un récord), y las leyes internacionales limitan su margen de acción con los refugiados por razones humanitarias, el Gobierno ha puesto en el punto de mira a los estudiantes extranjeros.
Londres no quiere que se queden en el país al concluir sus estudios, prefiriendo renunciar a sus potenciales aportaciones con tal de contentar a la ultraderecha. Por el momento diez mil han sido ya contactados por mensaje de texto o correo electrónico, con un mensaje poco simpático en el que se les advierte que todo el peso de la ley caerá sobre ellos si prorrogan su estancia más allá del tiempo contemplado por el visado. Otros 120.000 lo serán en las próximas semanas.
Interior ha contactado ya con 10.000 jóvenes : “Se rechazará rápido toda solicitud de asilo sin fundamento”
“Si no tienes derecho legal a permanecer en el Reino Unido cuando expire tu visado, debes marcharte. Si no lo haces, te expulsaremos. Y si presentas una solicitud de asilo sin fundamento, será rechazada de manera rápida y rotunda”, dice el mensaje.
La medida forma parte de la campaña para crear un clima hostil a los extranjeros que inició el anterior Gobierno conservador a raíz del Brexit, y el Labour ha continuado. El Ministerio de Interior justifica la decisión en el “aumento alarmante” de los estudiantes que se quedan en el país una vez concluida su formación en vez de regresar a sus lugares de origen, y que utilizan el visado simplemente como un mecanismo de entrada.
La inmigración neta anual a Gran Bretaña en el último ciclo estadístico (la diferencia entre los que se van y los que llegan) fue de 430.000 personas, una reducción muy sustancial a la cifra de más de 800.000 registrada durante el mandato de Rishi Sunak, pero aún así mucho más de lo que un importante sector de la población está dispuesto a tolerar. Sobre todo porque grupos neofascistas llevan todo el verano convocando protestas con banderas inglesas frente a los hoteles que albergan a solicitantes de asilo, y la poderosa prensa de derechas le da una enorme cobertura.
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Alarmado porque su popularidad ha descendido a tan sólo el 20% en un año (una caída de quince puntos respecto a las elecciones en la que obtuvo mayoría absoluta en julio del 2024), el Gobierno Starmer ha endurecido los requisitos para el derecho a la reunificación familiar de los extranjeros que ya viven en el país, ha firmado un acuerdo con Francia para devolver a indocumentados a cambio de recibir a un igual número por la vía legal, ha acelerado la tramitación de las solicitudes de asilo y prometido que dejará de albergar a los refugiados en hoteles antes del 2029.
Numerosos analistas consideran que la táctica de Starmer es equivocada, porque entra en el terreno de su adversario (el ultraderechista Nigel Farage), y nada de lo que haga será nunca suficiente. Una vez que no haya inmigrantes ilegales, los neofascistas irán a por los legales, y después a por los nacionalizados británicos, y más tarde a por quienes tengan padres o abuelos de otros países. Porque su objetivo es una Inglaterra étnicamente pura para los ingleses blancos, y el fin del multiculturalismo. La alternativa es que las autoridades explicaran a la gente por qué las razones demográficas hacen necesaria y conveniente la inmigración.
