La consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este jueves que su departamento impulsará la condonación de la deuda de las prestaciones para jóvenes extutelados pagadas indebidamente. Así lo ha reconocido en su intervención ante la Comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament, a raíz de un informe del órgano fiscalizador de los contratos públicos.
Martínez Bravo ha afirmado que Drets Socials estudia las vías legales para hacer posible esta condonación de deuda por los pagos indebidos: “La condonación no es la solución, pero sí la manera para que las consecuencias no las paguen los más vulnerables”. En realidad, estos pagos son casi anecdóticos (de unos 250.000 euros) en comparación con el volumen de 167,5 millones de ayudas concedidas indebidamente.
La consellera entonó el mea culpa, en nombre de quienes la precedieron en el cargo. La responsabilidad, dijo, no debe recaer sobre los jóvenes extutelados, sino sobre la administración por no haberse dotado de medidas de control más eficaces, que ahora, aseguró, sí se aplican. El principal motivo que propició los pagos que se condonarán fue el inicio de la actividad laboral de los jóvenes, lo que les debería haber excluido de las ayudas.
Pero muchos alertaron a sus tutores de tal circunstancia, sin que los distintos mecanismos de control, ahora unificados, lo tuvieran en cuenta o actuaran a tiempo. Los pagos se continuaron haciendo de manera automática. Reclamárselos, meses después, a jóvenes vulnerables y con una precaria situación económica era un sinsentido, que Drets Socials tratará de enmendar, como exige la propia Síndica de Greuges.
Más sobre los pagos indebidosLa cronología del caso
La consellera ha explicado que el resto de pagos indebidos no son ni una irregularidad ni un caso exclusivo de Catalunya, sino que surgen en otras administraciones por la falta de agilidad a la hora de ajustar cuantías o suspender prestaciones. “Estos pagos indebidos salen a la luz cuando las administraciones públicas tienen capacidad para detectarlos”, añadió.
Sobre los 167,56 millones en pagos indebidos entre 2026 y 2024, la consellera cree que es una cantidad “considerable”, pero hay que contextualizarla en el volumen de las prestaciones en el ámbito social, ya que supone apenas un 1,6%. Además, defiende que de esos 167 millones ya se han recuperado 70, un 53% de la cantidad total. El departamento que dirige Mònica Martínez Bravo espera recuperar el 90%, aunque es “un proceso lento”.