La Fiscalía señala un fallo en las pulseras antimaltrato pero luego matiza el alcance

El cambio de empresa adjudicataria del servicio de los dispositivos de control a agresores de violencia de género (las pulseras antimaltrato) provocó un fallo en el volcado de datos, que se tradujo en que durante “unos meses” no se pudieran conocer los movimientos de los hombres que debían portarlos por orden judicial. Estos hechos han sido dados a conocer por la Fiscalía General del Estado en la memoria del 2024, donde se indica que ese fallo supuso una “potencial desprotección de las víctimas”.

Pero, ante la polémica suscitada, incluida la petición por parte del PP de la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la misma Fiscalía que denunció esos fallos y sus consecuencias emitió ayer un comunicado rebajando la gravedad y asegurando que los dispositivos nunca dejaron de funcionar, por lo que las víctimas siempre estuvieron protegidas.

La unidad de violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado rebaja los daños que explicita en la memoria. Estos son: el “sobreseimiento provisional o fallos absolutorios” de casos de maltrato “en la fase de instrucción” en los juzgados de violencia sobre la mujer “como en la fase de enjuiciamiento”. Eso sí, en ese documento no se especifica ni durante cuántos meses los dispositivos presentaron problemas a la hora de recoger los datos, ni a cuántos casos afectó, ni a cuántos maltratadores benefició.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sin embargo, indicó que el número de casos de sobreseimientos y absoluciones de acusados derivados de los “fallos técnicos” en las pulseras antimaltrato “no llega al 1%”, según explicó en una entrevista en TVE. La ministra de Igualdad aseguró que fueron “fallos técnicos” que se produjeron “en un contexto en el que la adjudicataria saliente tenía que ceder todos los datos a la adjudicataria entrante”, y que “se resolvieron (...) Desde prácticamente enero de este año”, subrayó. Los fallos se produjeron “entre junio y diciembre de 2024”, apuntó.

Ahora, la Fiscalía rebaja los daños que antes había señalado en su memoria del 2024, aunque reconoce que afectaron a procesos penales porque no se pudo obtener la información requerida por los juzgados en un concreto periodo de tiempo. Pero, señala, “la mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos se resolvieron posteriormente, pues los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos”. La Fiscalía aclara que, “estos procedimientos judiciales se refieren al delito de quebrantamiento y no al delito de violencia que motivó la instalación del dispositivo” y recuerda que “el informe de los técnicos es siempre la única prueba inculpatoria, aunque puede haber otros elementos probatorios”.

La unidad de violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado reconoce que en este tiempo la coordinación entre las distintas fiscalías fue absoluta, lo que permitió detectar el problema de inmediato y ponerlo en conocimiento de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La Fiscalía sale así en defensa del Ministerio de Igualdad y su titular, Ana Redondo, a quien el PP pide su dimisión. Alberto Núñez Feijóo equiparó ayer este “error” del Gobierno a la gestión con la ley del solo sí es sí. “Primero desprotegieron a las mujeres con la ley del solo sí es sí y después con esto. En ambas ocasiones se les advirtió y lo ignoraron”, señaló ayer el líder popular a través de las redes sociales. “Quien pone depredadores sexuales en la calle debe dimitir o ser cesado de inmediato. Ahórrense al menos las lecciones de feminismo”, añadió el líder popular.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en paralelo, también ha pedido la comparecencia de Redondo para el 30 de septiembre. En el PP creen que este fallo ha podido poner en peligro a todas las mujeres maltratadas: “El Gobierno las dejó solas frente a sus agresores”.