Sara sufrió abusos sexuales por parte de su padre cuando tenía 10 años. Los abusos se repitieron durante todo un año. Dos años después, la niña explicó en su colegio todo lo ocurrido. Aunque la causa judicial se inició un mes después de la denuncia, el juicio no se produjo hasta cuatro años más tarde. Al padre de Sara se le aplicó la atenuante de dilaciones indebidas y fue condenado a dos años y seis meses de cárcel. La menor, por su parte, sigue recibiendo tratamiento psicológico a causa de las graves secuelas.
Este relato es solo uno de los 345 casos analizados por Save The Children en su último informe Por una justicia a la altura de la infancia. Según la ONG, el 40,9% de los procesos judiciales por abuso sexual a niños y niñas en España se prolonga más de tres años y en un 12,1% de los casos supera los cinco.
El 82,9% de las víctimas son niñas o adolescentes, frente al 80,3% del año 2023, siendo los 12 años la edad media de inicio de los abusos. A su vez, el 5% de las víctimas contaba con algún tipo de discapacidad.
La prueba preconstituida sigue sin estar generalizada, pese a su obligatoriedad
Ante esta grave problemática, la directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children, Catalina Perazzo, advierte que “estamos ante una violencia silenciada”. “Estos procesos largos dificultan significativamente la recuperación de los niños y niñas víctimas. La implementación de sistemas de justicia especializada ayudaría a reducir estos tiempos, al agilizar los procedimientos y limitar la necesidad de múltiples declaraciones”, ha añadido.
En este sentido, Save The Children ha detallado que aunque la ley de protección a la infancia (LOPIVI) incluye la obligatoriedad de realizar una prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para evitar repetirlo en el juicio, sigue siendo “insuficiente”, ya que tan solo se practica en un 34,5% de los casos. Además, Perazzo ha añadido que el relato de las víctimas es la principal prueba en la mayoría de los casos. “Por eso es preocupante que todavía no se generalice la prueba preconstituida, que además es obligatoria para menores de 14 años, y que muchas víctimas tengan que revivir el trauma una y otra vez a lo largo del proceso, incluso durante el juicio oral”.
Solo se denuncian el 15% de los casos
Según los últimos datos de Interior, en 2023, se presentaron un total de 9.185 denuncias por delitos contra la libertad sexual contra niños y adolescentes (el 42,6% del total de esta tipología de delitos), “una cifra que representa una pequeña parte de la realidad, ya que en la mayoría de los casos nunca llega a denunciarse”. Se calcula que solo se denuncian el 15% de estos casos.
En relación con los agresores, la investigación revela que el 98% son hombres y que en ocho de cada diez casos se trata de una persona, en mayor o menor grado, conocida por la víctima. Concretamente, el 41,8% pertenece al entorno familiar, el 38,7% a personas conocidas fuera del ámbito familiar y el 19,5% restantes son desconocidos, porcentaje que ha aumentado dos puntos respecto al informe anterior.
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Además, en seis de cada diez casos (63%) los agresores no tenían antecedentes penales. Entre quienes sí los tenían, un 16% estaba vinculado a delitos sexuales. “En la mayoría de los casos, los agresores son difíciles de identificar por sus antecedentes”, sostiene la ONG.
Insuficiente justicia especializada
En cuanto a la especialización de la justicia, todavía queda mucho por hacer. El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 422/2025 por el que se crean las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y adolescencia. Sin embargo, Save The Children ha constatado que tan solo se han creado tres: Barcelona, Madrid y Málaga.
Aunque lo considera un “avance”, ha advertido que “deja fuera a la mayoría de niños y niñas” y deja casos en manos casos de secciones de instrucción “sin formación específica en infancia”. Del mismo modo, la organización también ha denunciado la necesidad de crear fiscalías especializadas, tal y como establece la LOPIVI, aprobada en 2021.
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Save The Children también ha reclamado la expansión del modelo Barnahus, actualmente extendido a toda Catalunya, donde las víctimas son atendidas “en un entorno amigable y coordinado por profesionales especializados”. Según la ONG, estas “casas de los niños” atendieron a 3.000 menores solo en dicha comunidad durante el 2024.
