El Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya (CTESC) reclama que la nueva ley de las personas mayores de Catalunya no sólo garantice que la Administración resuelve en un máximo de tres meses las solicitudes de reconocimiento del grado de dependencia sino que introduzca un trámite de urgencia para reducir ese plazo en casos de dependencia sobrevenida.
En esta línea, el órgano consultivo recomienda que la Generalitat priorice la creación de plataformas de servicios de ayuda a la dependencia por toda Catalunya en colaboración con las administraciones locales y las empresas y entidades que participan de la red de servicios sociales de atención pública, y revise periódicamente los costes reales de los servicios y las subvenciones para que los servicios lleguen realmente a quienes los precisan.
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Porque, según los autores del dictamen a la proposición de ley de las personas mayores que se tramita en el Parlament de Catalunya, ahora los servicios sociales suelen considerar que las personas requieren atención social por razón de su edad cuando esa atención debería darse en función de “su grado de fragilidad o dependencia o de la disminución o pérdida de su nivel de autonomía de la voluntad”.
Por ello, plantean abrir un debate sobre si la edad de 65 años debe seguir siendo la frontera para incluir a alguien en el colectivo de personas mayores, máxime cuando se avanza hacia sociedades más longevas y hay adultos mayores más heterogéneos. “Eso implica prever medidas transversales, respetar la diversidad, tener en cuenta la perspectiva intergeneracional y de género y evaluar el impacto normativo para prevenir cualquier forma de edadismo”, advierte el dictamen.
Y para respetar las diversas preferencias y necesidades a la hora de envejecer, el CTESC aconseja que la futura ley incluya un plan para construir residencias, para promover viviendas específicas para personas mayores con servicios compartidos, y medidas y servicios de apoyo para garantizar que quien quiera pueda envejecer en su propio domicilio.
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En paralelo, se considera necesario elaborar un plan específico para detectar a las personas mayores que viven en situación de soledad social o emocional no deseada y protocolos para prevenir y dar respuesta a los casos de maltrato.
En cuanto al modelo de cuidados, el dictamen del CTESC dice que se deben priorizar los servicios de atención domiciliaria, distinguir entre cuidados formales e informales en cuanto al papel de las familias y de las personas cuidadoras de las personas mayores dependientes, y consolidar un modelo de residencias públicas prioritariamente de pequeña y mediana capacidad. También recomienda que la cartera de servicios sociales incluya programas de respiro familiar y apoyo psicológico, formativo y económico a personas cuidadoras.
Por otra parte, para facilitar que los adultos mayores sigan activos e implicados en la sociedad, se recomienda que la norma regule la implementación de los Consejos de las Personas Mayores en todo el territorio catalán porque estos son los principales órganos de participación institucional en los ámbitos autonómico, provincial y local.
