El Papa León XIV tumba la reforma legal que buscaba Andorra para despenalizar el aborto
La singularidad del coprincipado
El Govern quería que las mujeres pudieran interrumpir el embarazo fuera del país y sufragar los gastos
León XIV, el 9 d enero en el Vaticano, durante la recepción al cuerpo diplomático
En su primer encuentro con el cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano, el 9 de enero, el Papa León XIV proclamó su explícita oposición al aborto y mostró su “profunda preocupación” por aquellos proyectos destinados a financiar la movilidad transfronteriza para practicarlos, en una obvia referencia a Andorra, cuyo gobierno preveía aprobar dentro del primer trimestre de 2026 una reforma legal que habría permitido a las andorranas acudir a abortar a clínicas de otros países sin que cometieran ningún delito, y en intervenciones médicas que incluso habrían sido sufragadas por el gobierno de Andorra.
El país pirenaico tiene un régimen de coprincipado encabezado por el presidente de la república francesa, hoy Emmanuel Macron, y el obispo de La Seu d’Urgell, que desde el 31 de mayo pasado es Josep Lluís Serrano-Pentinat, de manera que la Iglesia tiene enorme incidencia en el día a día político.
Las palabras de León XIV anulan de facto los planes del ejecutivo andorrano, en manos de la conservadora Demòcrates per Andorra y presidido por Xavier Espot.
Los dos copríncipes -Emmanuel Macron y el obispo de La Seu d'Urgell- deben sancionar los cambios legales, pero en este se quería eximir a la iglesia
Fuentes del gobierno andorrano dijeron a Guyana Guardian que “los planes del Govern siguen igual que hasta ahora, buscando el equilibrio entre los derechos de las mujeres y el mantenimiento del coprincipado, con un diálogo constante y discreto con el Vaticano y el copríncipe”.
Para apaciguar la demanda de diversas entidades andorranas de defensa de los derechos de las mujeres, el gobierno de Espot había diseñado, en larguísimas negociaciones y estudios con expertos eclesiásticos y en teología, un meandro legal para que las andorranas pudieran abortar en el extranjero. Se trataba de situarse en igualdad de condiciones que los países de su entorno. Andorra, Malta, San Marino y propio estado vaticano son los únicos de Europa donde el aborto es delito.
La ley andorrana persigue teóricamente a quien practique o se someta a aborto, aunque nadie ha sido juzgado por ello.
Las entidades feministas y de defensa del derecho a abortar estiman que unas 150 mujeres andorranas lo hacen cada año en España, y un número indeterminado en Francia. Andorra llegó en septiembre de 2025 a su máximo histórico de población, con 88.649 habitantes.
La reforma legal planteada por Andorra podría ser aprobada con la firma de uno solo de los copríncipes, como se hizo en 2019 con la Ley 12/2019, de reproducción asistida, y con la 30/2022, de la familia y sus formas. Ambas fueron firmadas sólo por el lado francés: Emmanuel Macron.
La iglesia y el país pirenaico llevan años buscando una solución digerible para los dos lados: sólo Malta, San Marino y el Vaticano prohiben el aborto en Europa
En marzo de este año, Espot detalló en una entrevista a La 2 que la idea de su gobierno era que las andorranas pudieran abortar “cerca” del país con acompañamiento médico de su país y con una compensación en caso de “vulnerabilidad” económica.
“Lo que estamos trabajando es un sistema donde el aborto esté despenalizado, donde haya un acompañamiento, un seguimiento. Que no se pueda abortar en Andorra, pero sí cerca, con un resarcimiento por parte de los servicios públicos andorranos a todos los niveles”, añadió.
La idea era que hubiera “un servicio público en Andorra” para el “acompañamiento” de las mujeres que quisieran abortar. Con ese dribling legal, Andorra iba a conseguir “mantener la estructura institucional que tantos beneficios ha aportado”, añadió Espot, esto es, un coprincipado entre Francia y la iglesia.
Espot, su ministro de Relaciones Institucionales, Ladislau Baró, y su embajador en Andorra, Carles Àlvarez Marfany, visitaron el 23 de octubre pasado a León XIV y, aunque no hubo apenas explicación del contenido de la visita, el clima era de optimismo, tanto en Andorra como en La Seu d’Urgell.
Ambas partes mostraron su compromiso para llegar a una solución, pese a la “gran complejidad jurídica, institucional y social” que conllevaba. Las negociaciones se han mantenido en total secreto.
El 8 de septiembre de 2023, el secretario de estado del Vaticano, Pietro Parolin, estuvo en Andorra con motivo del Día de la Mare de Déu de Meritxell; tras aquella visita, el gobierno local se sintió avalado para que el asunto fuera sometido a estudio.
Parolin dijo entonces que la del aborto “es una cuestión muy delicada y muy compleja que tenemos que afrontar con mucha discreción y con mucha sabiduría”. La Iglesia, añadió, defiende “la vida en todas sus etapas como principio fundamental”, pero por otro lado quiere “estar cerca y ayudar a todas las personas que se encuentran en dificultad”.
A partir de ahí, Andorra encargó al profesor de la Universidad Pontificia Comillas Federico de Montalvo, una eminencia en bioética con décadas de experiencia en este ámbito, un análisis sobre la cuestión.
El gobierno andorrano sostiene que sus planes siguen “igual que hasta ahora”, buscando un “equilibrio”
En 2021, este experto ya había elaborado un informe en el que apuntaba que “si la vida en formación vale más cuanto más se acerca el nacimiento, al principio de la gestación se puede dar prioridad al interés de la embarazada”. Limitaba las opciones de aborto a las 14 semanas.
Una cuestión pendiente
La conservadora Demòcrates per Andorra, formación que dirige el gobierno de Andorra, había hecho bandera de este cambio legal, que quería encarrilar antes de las elecciones previstas en 2027. La cuestión es espinosa en el país. La activista Vanessa Mendoza, cabeza visible de la entidad Stop Violències, fue denunciada en 2019 por el Govern por difamación criminal por oponerse a la prohibición total del aborto en Andorra durante una reunión del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. La fiscalía andorrana la acusó de difamación contra instituciones y jefes del estado, una acusación que podía comportar prisión. Tras una gran polémica que fue mucho más allá de los Pirineos, Mendoza fue acusada sólo de desprestigiar a las instituciones, y en enero de 2024 quedó absuelta.