El Gobierno intenta frenar el avance del sistema de gestión público-privada de los hospitales de Madrid.
Consejo de ministros
Apoyo a la regulación que prohíbe que una entidad específica construya el complejo médico y lo gestione como una institución estatal tras recibir un pago.
Los directivos del Ministerio de Sanidad, encabezados por Mónica García, han sostenido durante bastante tiempo que el esquema que inició la antigua mandataria de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (y que ha continuado Isabel Díaz Ayuso) consistente en que una entidad privada asuma la edificación de un complejo hospitalario y se ocupe de su administración funcionando como un hospital público mediante el cobro de una cuota, resulta inaceptable, señalan.
Ni lo es, aseguran, desde la perspectiva económica (estudios indican que resulta más costoso) ni desde la sanitaria, pues la introducción de criterios economicistas en la atención médica plantea numerosas dudas, señala la ministra. Basta recordar la polémica generada en el hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por Ribera Salud, y los criterios expuestos por el CEO para recortar gastos.
Justamente esta situación ha motivado al equipo de Sanidad (familiarizados con la gestión sanitaria de Madrid al haber realizado tareas de oposición política en la Asamblea) a dar rapidez a la propuesta del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), buscando salvaguardar la preeminencia de lo público en la coordinación, prestación y manejo de la asistencia sanitaria.
La normativa jurídica, validada por el Consejo de Ministros, prohíbe la alternativa de que una compañía privada realice la edificación del complejo sanitario y asuma su dirección, funcionando como un servicio público mediante el pago de una cuota.
El escrito puntualiza que solo es posible la administración pública y, en situaciones extraordinarias, la privada.
Esta norma busca, según la ministra García, que las grandes empresas “no metan sus garras” en el sistema sanitario actúen como actualmente lo hacen compañías como Ribera Salud o Quirón.
El documento identifica como pilares esenciales del SNS “la universalidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad, eficiencia, transparencia, equidad, solidaridad, participación y colaboración” y dichas normas, sostiene, abarcan a la totalidad de centros, servicios y locales del sistema de salud, consolidando la labor de las administraciones públicas en su titularidad y mando.
El anteproyecto establece que únicamente es válida la gestión directa, realizada por la propia administración sanitaria, o mediante entidades del sector público institucional estatal, autonómico o local, así como a través de consorcios sanitarios formados por varias administraciones o entidades públicas.
Las agrupaciones de salud tendrán que incorporar la vinculación imperativa a una administración sanitaria.
En cuanto a los consorcios sanitarios, el anteproyecto dispone que deberán incorporar la adscripción obligatoria a una administración sanitaria, estarán sometidos a las normas de estabilidad presupuestaria y control de cuentas, y deberán someterse a auditoría obligatoria de sus cuentas anuales. Los consorcios adoptarán el régimen contable, presupuestario y de control de la administración a la que pertenezcan.
La gestión indirecta de los hospitales públicos no estará permitida, salvo en los casos de “carácter excepcional y evaluación previa” donde la prestación directa no sea viable, se asegure la sostenibilidad financiera y la eficiencia, y se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Asimismo, fija un proceso de valoración anterior de carácter forzoso en tales situaciones, el cual contempla un informe de justificación redactado por la administración sanitaria y el examen de un comité de evaluación para la gestión sanitaria indirecta, integrado por especialistas del sector de la salud, delegados profesionales y de la ciudadanía.
El texto incluye una serie de acciones orientadas a fortalecer el control institucional
El texto incluye una serie de acciones orientadas a fortalecer el control institucional y la evaluación continua de la gestión sanitaria. Por ello, las comunidades autónomas deberán proporcionar a sus centros herramientas de buena gobernanza, y se definirán indicadores comunes de salud y calidad acordados dentro del Consejo Interterritorial del SNS.
E incorpora las autoridades de salud deberán divulgar con frecuencia reportes minuciosos sobre licitaciones, convenios, indicadores sanitarios y excelencia asistencial, y se proyecta la subcontratación de auditorías externas, siempre que se certifique la incompatibilidad entre la firma auditora y la organización examinada para prevenir colisiones de intereses.