Las denuncias por discriminación aumentan, mientras que la presión se mantiene sobre la situación en Cataluña.
Desigualdad
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme ha presentado un informe sobre el racismo inmobiliario, una práctica que considera “estructural” y “generalizada” en el mercado de alquiler
De los casos totales, 173 corresponden a víctimas, mientras que el resto proviene de denuncias presentadas.
La Consellia de Drets i Igualtat ha registrat 1.045 denúncies durant l'any, amb un augment constant en comparació amb exercicis anteriors, mentre que el seu gènere i l'orientació s'han mantingut estables, i el seu ús s'ha consolidat amb un augment progressiu en la atenció a la diversitat, mantenint el suport a la diversitat i la seva presència en el marc de la protecció, així com en el cas concret de la seva atenció, aquesta ha estat reforçada en el seu context.
Del total de casos, 290 expedientes han sido iniciados directamente por las propias víctimas, un dato que “pone en valor la visibilidad y la confianza de la ciudadanía”, según trasladan desde la propia conselleria.
Sancionan a HazMás por promover mensajes discriminatorios contra personas trans a través de sus campañas.
La secretaria d’Igualtat de Drets i No-Discriminació, Gina Pol Borràs, ha destacado, durante la presentación del balance, el éxito judicial en el caso de Hazte Oír, en el que la Generalitat ha ganado recientemente el recurso contra el primer procedimiento sancionador tramitado por la Oficina. El grupo de extrema derecha deberá pagar 20.000 euros de multa por circular autobuses por la vía pública con mensajes lgbifóbicos como: “Les niñes no existen” o “Las mujeres no tienen pene”. La sentencia ratifica la capacidad de la Administración para actuar frente a conductas discriminatorias y combatir la impunidad.
En este sentido, la Generalitat interpuso hace unos días la primera multa por racismo inmobiliario. La Oficina sancionó con 10.000 euros una empresa de Mataró por negarse a alquilar un piso a un hombre de origen marroquí. El caso lo denunció la propia víctima, El Hamid, nacida en Marruecos, pero residente en Catalunya desde hace 20. Llegó a denunciar hasta 12 empresas, pero ninguna institución hizo nada.
Discriminación viviendista: la asignación basada en el apellido o el acento
En paralelo, la directora general para la Promoció i Defensa dels Drets Humans, Noa Monràs González, ha presentado el Informe por la transformación antirracista del ámbito de la vivienda, un diagnóstico monográfico, cuyo objetivo es dotar a las administraciones públicas de un marco común y criterios claros para actuar en casos como el de Mataró.
El estudio sostiene que el racismo estructural se manifiesta en la exclusión de ciertos grupos, donde el color de la piel o el origen étnico determinan el acceso a la vivienda, más allá de los méritos o ingresos declarados.
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En un contexto de emergencia habitacional, reducción de la oferta de alquiler y escaso parque público, el informe denuncia que estos colectivos son percibidos como “perfiles problemáticos” por parte de intermediarios inmobiliarios, lo que los aboca con frecuencia a situaciones de infravivienda, afectando especialmente a mujeres, jóvenes y personas en situación administrativa irregular.