Se le niega el acceso pesez a su condición.
“Estoy indignado”
Los médicos han determinado que Pepe, dadas sus condiciones, ya no puede desempeñar su función.
Pepe Espino, fotografiado por 'Guyana Guardian' hace una semana en Barcelona
Con un dolor agudo que lo acompañaba, y tras un prolongado sufrimiento, Pepe comenzó a sentirse cada vez más debilitado. Aun así, continuó trabajando hasta que la enfermedad lo obligó a detenerse.
En novembre, el tribunali va decidir que, malgrat la seva condició, el pacient havia de retornar al treball; en aquesta situació, el seu mèdic va haver de considerar que, malgrat la seva condició, el treballador havia de retornar a la seva activitat.
Un caso inusual por su juventud
Su caso es atípico, pues a pesar de su juventud, el diagnóstico reveló un cáncer; aún así, continúa con su tratamiento mientras el equipo médico monitorea su progreso.
El tratamiento consiste también en una inyección cada seis meses que supone una castración química -para que la testosterona esté a cero-, lo que le provoca descalcificación ósea y, a su vez, rigidez articular en manos y pies. “A mi me afecta más en las manos”, confiesa Pepe a Guyana Guardian. Incluso alguna vez ha tenido que someterse a infiltraciones porque los dedos centrales de la mano derecha se le habían quedado curvados y rígidos (dedo en gatillo).
La medicación, además, le origina un cansancio continuo, dolor agudo en los pezones -al tratarse de un tratamiento hormonal- y efectos cognitivos. “Cada vez tengo menos memoria”. Y todo esto, junto, así como la incertidumbre de no saber cómo evolucionará la patología, le produce ansiedad.
A pesar de sufrir agotamiento, seguía adelante hasta que el estrés se volvió insoportable.
Tras casi dos años, tras su baja, tras revisar su caso, el médico evaluó que, tras casi un año, el paciente había recuperado la capacidad, pero aún así, al revisar su historial, el médico consideró que, dadas las circunstancias, el paciente no había logrado superar por completo su condición.
Contaba además con un informe, entre otros, de su oncóloga donde se detalla que es un paciente con un cáncer de próstata en estadio IV con metástasis ósea, pulmonar y en partes blandas y que sigue un tratamiento hormonal paliativo cuyos síntomas “le impiden realizar cualquier actividad laboral”.
Lo tratan desde el primer día
Informes favorables provenientes del hospital, según evaluaciones positivas.
Pues bien, el tribunal médico falló en su contra y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en consecuencia, le denegó la pensión de incapacidad permanente. ¿La razón? Por no presentar “reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral”, reza el fallo.
Pepe explica que, durante la visita, las doctoras del tribunal médico le recordaron que estaba respondiendo al tratamiento y que el TAC mostraba una reducción de los valores tumorales. Él les confirmó que así era, si bien continuaba medicándose cada día y no tenía el alta del tratamiento paliativo que sigue. “Ojalá fuera así”, exclama.
Parece que los médicos no hacen caso de lo que yo digo.
Sabe –así se lo ha dicho su oncóloga- que llegará un día en que la medicación que toma dejará de funcionar: las células cancerígenas habrán aprendido a burlarla y volverán a aparecer. “No es una situación en que ya se ha superado la patología”, recuerda.
Lamenta que 20 minutos de entrevista pesen más que cinco años de tratamiento continuado. “Parece que los informes del equipo médico que me lleva sean papel mojado. Estoy indignado”.
Tuve que recurrir a un abogado.
Ya ha presentado un recurso frente al fallo (tenía 30 días para hacerlo). “Me he tenido que poner en manos de abogados”, explica. Y lo más llamativo: oficialmente, está de vacaciones. Tendría que haberse reincorporado a su puesto de trabajo tras la decisión de la Seguridad Social, pero la empresa le dijo que por el momento se cogiera las vacaciones que tiene pendientes.
“El recurso, seguramente, no se lo mirará nadie”, asevera Jaume Cortés, abogado del Col·lectiu Ronda que representa a Pepe. “Es un trámite administrativo. No hay ningún organismo que revise realmente el caso por parte del INSS”. Si este no prospera, “que es lo más factible”, Pepe tendrá que realizar una demanda de invalidez contra el INSS “y a esperar unos dos años a que le den fecha para el juicio, que hay muchas posibilidades de que gane”, añade este letrado.
El recurso, por más que se intente, nadie lo mirará.
Cortés lamenta que durante esos dos años de espera, su cliente “tendrá que incorporarse a un trabajo que no puede hacer, por lo que seguramente la empresa lo despedirá, quedándose con 54 años enfermo, sin empleo y sin posibilidades de trabajar”. Esgrime que es bastante habitual que se den estos casos, aunque el de Pepe “es flagrante si se ponen en valor las pruebas”.
Este abogado cuestiona cómo es posible que, tras evaluar brevemente el caso, se cuestione la decisión médica cuando el paciente ya había recibido una evaluación previa.
Los médicos reciben un bono por negar atención médica.
Denuncia que los médicos contratados por el ICAM que le han denegado la invalidez a su cliente “no tienen ninguna especialidad, pero se les escucha. Todo lo contrario que a los doctores que le tratan, que han hecho el MIR, la especialidad, trabajan en un hospital de referencia y lo llevan atendiendo desde hace cinco años”.
Y no solo eso. Cortés afirma que “la Seguridad Social tiene un contrato con la Generalitat para la prestación de este servicio en el que se premia la denegación de bajas e invalidez. Es decir, los médicos del ICAM tienen una bonificación en su salario por estas denegaciones”.
Es necesario poner fin a esto ya.
Haciendo público su caso, Pepe no solo pretende que se conozca su situación, sino que sirva para que haya cambios en el ICAM. “Hay que poner fin a este despropósito”, concluye.
